22 marzo, 2017, Por: Gerardo Suárez
Con más de 16 mil firmas y un ciento de organizaciones de productores forestales adherentes, este día representantes de ejidos y comunidades forestales, junto con académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, exigieron en el Senado que la ley forestal sea consultada, pues a lo largo de todo el articulado presenta deficiencias que podrían generar efectos negativos en el sector y dañar a las personas que viven en los bosques, quienes suelen ser los sectores de la población más marginados.
En conferencia de prensa, al interior del Senado de la República, entregaron a los senadores un paquete de propuestas que consideran deberían incorporarse al proyecto legislativo de reforma a la ley forestal y demandaron la apertura de un proceso de consulta de la minuta de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, mediante la celebración de foros nacionales y regionales en los que los dueños de los bosques y las demás partes interesadas del sector puedan externar sus propuestas y preocupaciones.
El senador Fidel Demédicis, del PRD y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, en su intervención se comprometió a impulsar un proceso de revisión profunda y consulta de la iniciativa de reforma a la Ley Forestal en su calidad de dictaminador.
Resaltó que es necesario que haya consenso entre estas tres comisiones para que se apruebe la iniciativa de reforma, por lo que espera voluntad de los demás senadores para impulsar un proceso de consulta de una ley tan importante y delicada.
Raúl Quintero, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata de Amanalco, Estado de México, comentó que “supuestamente somos los dueños de los bosques y somos los últimos en enterarnos de los contenidos de una ley que va a regular nuestras actividades productivas y de conservación y sin tomar en cuenta nuestras opiniones.”
Juan Carlos Carrillo, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dijo que en materia de derechos “buscamos que la iniciativa de reforma no deje fuera derechos de los pueblos y comunidades indígenas que actualmente ya están reconocidos en la Ley vigente.” Esto representaría “una clara regresividad en materia de derechos humanos, lo que infringe la Constitución Mexicana, que en su artículo primero establece que: ‘… Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”
Detalló que “ni la ley vigente ni la minuta de la ley forestal turnada al Senado resuelven los acuciantes problemas de sobrerregulación que tienen estancando al sector forestal, pues para que las comunidades y ejidos forestales puedan cosechar y manejar sus bosques deben cumplir con más de 50 trámites, que les generan un enorme gasto de recursos y tiempos de hasta dos años para obtener un permiso de aprovechamiento.
“A ello hay que sumar que tienen que cubrir una carga fiscal excesiva que representa alrededor de 23 por ciento de las ganancias que puedan obtener por la comercialización de su producción, lo cual los deja en clara desventaja competitiva en el mercado. Esto, a su vez, propicia la circulación de productos forestales de origen ilegal que no cumplen con todos estos requisitos,” precisó, Raúl Benet.
Gonzalo Chapela, también cuestionó “la prisa con la que algunos grupos políticos quieren aprobar una ley que se dictaminó en un proceso opaco y acelerado que sólo generó la elaboración de un documento con graves omisiones en términos de derechos, cooptación de la participación social, discrecionalidad en la operación de recursos públicos, carencia de una estrategia sólida para el combate a ilegalidad, un esquema de prestación de servicios técnicos obsoleto, entre otros temas que son urgentes de atender.”
Subrayó que “hacer modificaciones a uno o dos artículos no es la solución. Sólo lograríamos un documento parchado y sin concordancia.” Agregó que lo ideal sería “arrancar con un proceso participativo para la elaboración de un proyecto de ley forestal que en verdad responda a las necesidades y condiciones del sector forestal mexicano.”
El experto concluyó que “está en manos de los senadores escuchar a los miles de personas que demandan espacios para la discusión de un proyecto de reforma tan importante para los 12 millones de personas que viven en los bosques de México y de todos los mexicanos que nos beneficiamos de los servicios ambientales que los ecosistemas forestales.”