20 junio, 2017, Por: Gerardo Suárez
Ciudad de México, a 20 de junio de 2017
Durante el mes de junio (2017), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró varios Centros de Almacenamiento y Transformación e instalaciones industriales de empresas forestales ejidales en diversos estados del país.
El 9 de junio clausuró las instalaciones del ejido Tres Garantías, en Quintana Roo, y unos días después fue contra la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, en Amanalco de Becerra, Estado de México. La Unión está constituida por once ejidos forestales, que desde hace 36 años manejan y aprovechan sus bosques en una de las pocas regiones del país donde a lo largo de ese tiempo la cobertura forestal no ha disminuido, sino que ha aumentado. El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) documentó un aumento de más de 300 hectáreas en la cobertura forestal de esa región; además de una mejoría muy importante en el estado de los bosques dentro de la cuenca de Amanalco, precisamente la manejada por los ejidos que están siendo perseguidos por la Profepa.
Varias fuentes especializadas, como la FAO y Global Forest Watch registran que la deforestación proviene principalmente del avance de los cultivos agroindustriales que generan un importante proceso de cambio de uso del suelo forestal. En el caso de México la deforestación no se registra en áreas vinculadas al manejo forestal; se debe principalmente al avance del cultivo de palma de aceite, la soya, el aguacate, el agave, los cítricos y la ganadería extensiva. Paradójicamente las medidas e intervenciones contra estos desmontes por parte de Profepa son mínimas en regiones como Chiapas o Campeche, mientras que son intensivas en las zonas de aprovechamiento forestal.
Benet remarcó que “a juzgar por los comunicados de prensa e informes emitidos por la Profepa, una de las principales actividades que realizan sus inspectores, junto con la Gendarmería Ambiental, para supuestamente detener la deforestación y combatir el tráfico ilegal de madera, es la persecución a ejidos y comunidades que cuentan con permisos y planes de manejo, y que por algún motivo incurren en alguna falta administrativa, la mayoría de las veces derivada de una regulación absurda, confusa y costosa.”
Por su parte, Raúl Quintero, presidente de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, indicó que la organización que preside se abastece exclusivamente de madera proveniente de programas de manejo autorizado operados por los ejidos asociados; varios de los cuales cuentan con certificado de manejo forestal otorgado por el Forest Stewardship Council (FSC).
El señor Quintero declaró le desconcierta la acción de la Profepa ya que “el propio Secretario de Semarnat, Rafael Pacciano, junto con el director de la Conafor, visitaron en meses pasados la región de Amanàlco y reconocieron el excelente manejo forestal que llevan a cabo las comunidades.”
La acción de la PROFEPA no contribuye en nada a la protección del bosque, con sus clausuras en realidad están abonando a que las personas busquen el cambio de uso de suelo; sin embargo la organización estará luchando por la conservación activa de la flora y fauna silvestre, el manejo integral del territorio y se favorece la conservación de los suelos y la infiltración del agua, explicó Celso Cándido, presidente del Comisariado del ejido San Lucas de Amalanlco, Estado de México.
Raúl Quintero, explicó que, en el caso de la clausura de las instalaciones de la empresa forestal ejidal de Amanalco, el motivo que manifestaron los inspectores fue la “inadecuada aplicación de los sistemas de control de entradas y salidas del producto forestal,” lo que significa que no existe una correlación precisa entre la documentación de la madera aserrada que ha salido de la industria, con el volumen de la madera en rollo que ha entrado, como legalmente debe ocurrir.
Para que esa correlación exista, dijo, “se deben aplicar de manera correcta los factores de conversión entre madera en rollo y madera aserrada, y en este caso, los inspectores de Profepa aplicaron estos factores de manera extrema, equivocada y mal intencionada.”
El índice de aserrío, que mide esa relación, tiene en nuestro país un rango de entre 47 y 57 %, y es el rango en el que se encuentra Amanalco, mientras que el que aplicaron los inspectores fue de 62 %, lo que explica por qué no encontraron la correlación esperada. Según los datos reales, si se aplica un coeficiente de aserrío de manera correcta, no se encuentra ninguna inconsistencia, y no habría motivo para la clausura.
Raúl Quintero refirió que “los inspectores de Profepa llevaban la consigna de clausurar las instalaciones, y para eso aplicaron un índice de aserrío irreal, que prácticamente nadie alcanza en todo el país.”
La Unión de Ejidos Emiliano Zapata reconoce la importancia de los controles y el apego a la legalidad, pero su representante acusó “que en este caso hay saña y mala fe”. Por lo que exigió el cese a la persecución y criminalización por parte de la Profepa contra los ejidos y comunidades que se preocupan por cuidar y manejar los bosques de manera sustentable, y demandó la apertura inmediata de las instalaciones de la Unión de Ejidos de Amanalco, para que las mil 125 familias de ejidatarios que la conforman, puedan continuar con la actividad económica que les permite realizar todas las labores de conservación de los bosques.