16 abril, 2017, Por: Gerardo Suárez
Actualmente se discute en el Senado una iniciativa de nueva ley forestal que, de ser aprobada, desaprovecharía una gran oportunidad para legislar a favor de los bosques y sus comunidades.
El dictamen, originado y aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 7 de marzo, requiere del aval de los senadores para constituirse como ley. En pocas palabras, de estos últimos depende que México estrene una ley forestal deficiente, poco transparente, que falla en instrumentar incentivos para el manejo forestal sustentable y que privilegia el control gubernamental por sobre la inclusión social.
De aprobarse la ley, los bosques de México y sus comunidades enfrentarían, entre otras, las siguientes consecuencias:
Se mantendría la vulnerabilidad de las comunidades y grupos indígenas
Desde hace tiempo, alrededor del mundo, se ha venido enfatizando en el papel crucial que desempeñan las comunidades, habitantes de los territorios forestales, en las labores de conservación, restauración y aprovechamiento de los bosques. Sin embargo, la ley aprobada por los diputados ignora lo anterior, y falla en el respeto puntual de sus derechos no solo a manejar y proteger sus territorios, también a acceder a condiciones dignas de vida.
Se desperdiciaría la oportunidad de promover el manejo forestal sustentable
El manejo forestal sustentable, uno de los modelos más efectivos para asegurar la conservación de los bosques y el desarrollo de economías comunitarias, no ocupa un lugar prioritario en los objetivo generales de la nueva ley, y tampoco en los criterios de política forestal.
Se opacaría la transparencia en el manejo de recursos
El manejo del Fondo Forestal Mexicano, según contempla el dictamen, queda exento de escrutinio –lo cual se traduce en opacidad y riesgo de corrupción–, y en general se omiten rutas claras para la rendición de cuentas y el monitoreo de los recursos.
Se alimentarían conflictos de interés
Además, la nueva ley quita a la Secretaría de Medio Ambiente, y transfiere a la Comisión Nacional Forestal, todas las atribuciones relacionadas con la autorización del aprovechamiento forestal. Esto constituye un grave conflicto de interés, porque será la misma institución que promueve y paga por los programas de aprovechamiento, quien los autorice. El argumento es que la Semarnat ha sido lenta en las aprobaciones, y para alcanzar las metas de incremento en productividad se requieren aprobaciones expeditas. El riesgo es que prevalezca el criterio de productividad por encima de criterios ecosistémicos o sociales, y que se terminen autorizando al vapor programas.
Estos cuatro puntos son solo algunos de los problemas que implicaría la aprobación de esta iniciativa de ley forestal. Por eso organizaciones sociales del sector demandamos que el dictamen se abra a consulta y, mediante este proceso, se logre una ley que verdaderamente beneficie a los bosques y comunidades, y que se encuentre a la altura que exigen los retos que el sector forestal mexicano tiene por delante.