26 abril, 2017, Por: Gerardo Suárez
Ciudad de México a 26 de abril de 2017
Productores de distintas regiones forestales del país pidieron formular un proceso de consulta de los contenidos de la ley forestal antes de ser aprobada en el Senado, y junto con representantes de organizaciones de la sociedad civil, delinearon una propuesta de consulta de esta ley mediante la realización de foros y talleres regionales y nacionales.
Los productores insistieron en la necesidad de una consulta amplia e incluyente donde se escuche a las comunidades y ejidos y se tomen en cuenta sus necesidades y propuestas como un derecho a la “participación plena y efectiva”. Destacaron que son muchas las comunidades que exigen abrir esta discusión, que no han conocido el proyecto legislativo y que son muchas las propuestas que se han hecho y merecen considerarse.
Maximino Rivera Mota, que representa a 16 ejidos de la Sierra Norte de Puebla, comento que les preocupa no ser tomados en cuenta en el cambio de la ley. “Humildemente pedimos que nos tomen más en cuenta. El cambio de la ley tenemos que saberlo para trabajar mejor, saber los temas de los cambios, para consultarlos. A fin de cuentas, los campesinos somos los que acatamos las leyes. Pedimos que consideren este punto. Llamamos a hacer foros sobre este cambio de ley forestal para que estén enterados los ejidos de lo que está pasando, lo que va a pasar”.
René Gómez Orantes, de Bosques y Gobernanza, red de silvicultores de Chiapas que trabajan en la zona zoque, las cañadas, la frontera, la parte norte del estado, resaltó que esa entidad es eminentemente forestal. “Las políticas y las omisiones del gobierno las sufrimos nosotros. Los gobiernos están 3 o 6 años, pero nosotros seguimos aquí. La política forestal debe promover el desarrollo rural. Este tema debe analizarse bien, discutirse bien, consideramos que hay que construir una ley de largo aliento, sólida, justa y ampliamente consensada y no sólo una ley para un gobierno que ya concluyó”.
Elsa Esquivel, asesora de comunidades, comentó que diversas organizaciones de Chiapas consideran necesario no sólo la consulta de ley, sino que la actualización de los hechos se base en la realidad que enfrenta las comunidades forestales. Temas como incendios, que ya están bastante trabajados, en esta iniciativa quedan totalmente desdibujados.
Destacaron que durante el proceso de aprobación de la ley en la Cámara de diputados no hubo ningún espacio público para participar y que, en la Cámara de Senadores, sólo se conoció la realización de un taller cerrado y un foro en el que la mayoría de las intervenciones coincidieron la necesidad de la consulta.
Gonzalo Chapela, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, mencionó que el hecho de que hasta este momento no se haya dictaminado la minuta de la ley forestal es un signo de buena voluntad y que confían en que así se mantendrá la situación del actual presente periodo de sesiones. Aplazar la aprobación de la ley dará la oportunidad de llevar a cabo una consulta integral, abierta, transparente e incluyente, en la que se podrán escuchar las voces de todas las partes interesadas para la construcción de un instrumento de ley en beneficio de los bosques y selvas del país.
“Es importante subrayar que no nos oponemos a la ley, pero queremos una buena ley. No nos satisface la que está, ni el estado en el que están los bosques y las comunidades que viven en ellos. Consideramos que la ley no se ha consultado suficientemente y que como está planteada presenta problemas en materia de derechos humanos, productividad, infraestructura, combate a la tala ilegal, disminución en las atribuciones de los órganos de participación, entre otros. Se ha discutido si hay una obligación legal de consultar para sacar una ley como está. Habría que preguntar si hay una obligación moral y política de consultarla para que la ley tenga legitimidad”, explicó.
La consulta, dijeron, deberá contar con la participación de todos, es decir, los pueblos indígenas, las comunidades y ejidos forestales, los técnicos forestales, la academia, la sociedad civil, los tres niveles de gobierno y, por supuesto, los legisladores.
La minuta de la ley, como se encuentra actualmente, presenta muchas carencias y regresiones. Acusaron que el verdadero mito sobre esta iniciativa de reforma presentada por el Partido Verde “es decir que ya ha sido consultada y que resuelve todos los problemas que tienen estancado al sector.”
Reiteraron que es un imperativo ético llevar a cabo una consulta y discusión de las repercusiones de esta ley forestal, ya que miles de personas, cientos de organizaciones y un gran número de legisladores se han pronunciado por un ejercicio de este tipo para la construcción de acuerdos y el fortalecimiento del sector forestal, tanto en el aspecto del desarrollo comunitario como en el aspecto productivo.
Destacaron que los temas que más les preocupan son la regresividad en el tema del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales; así como la ausencia de la instauración de un Sistema Nacional de Salvaguardas y un Sistema de Información de Salvaguardas.
Además, el manejo forestal comunitario debería ser “un eje rector de la política forestal, ya que la mayoría de los bosques son propiedad de ejidos y comunidades, que en diferentes ejemplos han demostrado ser los mejores protectores de los bosques a través de su manejo y aprovechamiento sustentable.”
Indicaron que “México es reconocido a nivel mundial por sus más de mil empresas forestales comunitarias, muchas de ellas certificadas en buen manejo forestal bajo estándares internacionales como el del Forest Stewardship Counsil (FSC). Sin embargo, la excesiva carga regulatoria, la enorme carga fiscal y un deficiente marco legal han impedido que este sector se desarrolle a un mejor ritmo y permita suplir los más de 10 millones de metros cúbicos de madera que se importan anualmente.”
Mientras que, en el tema de legalidad, precisaron que la ley no contempla instrumentos de trazabilidad en toda la cadena productiva de la madera, lo cual permite que en los distintos eslabones de transformación, almacenamiento y comercialización se lave madera que es de origen ilegal. Tampoco hay mecanismos de inspección y vigilancia eficaces para frenar el ingreso al país de madera ilegal ni de frenar no regularizada.
Una discusión amplia es oportunidad para mejorar y completar aspectos faltantes como medios para acceso al crédito, arbitraje, manejo de riesgos y muchos otros.
Para mayor información y confirmaciones, contactar a:
Cecilia Navarro, [email protected], cel. 5554540678