Con base en los compromisos internacionales que tiene México y los mandatos de ley, la administración gubernamental debe desarrollar una política sólida y con el respaldo económico e institucional necesario para detener la deforestación en el país. Sin embargo, las instituciones del sector ambiental encargadas de poner en marcha acciones que favorezcan la conservación de los ecosistemas forestales y la protección del medio ambiente se cuentan entre las que han padecido mayores recortes presupuestarios.
En contraste, el gobierno federal ha apostado por una mayor extracción de combustibles fósiles, al desarrollo de megaproyectos y al impulso de la industria extractiva como estrategia para la generación de divisas que no se traducen en un bienestar para la gente y que generan enormes pasivos socioambientales.
De acuerdo con los datos publicados por la FAO, en su informe Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020, México perdió más de 1.25 millones de hectáreas de bosques en el periodo de 2010 a 2020.[1]
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Consejo Civil hace un llamado para articular una política decidida a detener la pérdida de cobertura forestal a través de hacer cumplir el marco normativo referente al impacto ambiental y cambio de uso de suelo; eliminar los subsidios y prerrogativas a las industrias extractivas y, en cambio, fortalecer las iniciativas comunitarias de manejo y conservación de estos ecosistemas.
En México más del 60 por ciento de los bosques y selvas son propiedad de ejidos y comunidades[2], que a lo largo de los años han demostrado su capacidad y compromiso con el manejo y conservación de estos ecosistemas y la biodiversidad que albergan.
La deforestación es uno de los principales impulsores del cambio climático, ya que genera enormes cantidades de emisiones de carbono almacenado en esta vegetación; asimismo, impide la generación de servicios ecosistémicos imprescindibles como la regulación de la temperatura, la conservación del suelo, la infiltración del agua para la recarga de los acuíferos; y propicia la perdida de la biodiversidad.
Además hay evidencia suficiente que demuestra que la pérdida de bosques, selvas y biodiversidad provoca la aparición de enfermedades infecciosas de origen zoonótico como la malaria, el dengue, el ébola o la enfermedad de Lyme.[3]
México es uno de los países con mayor extensión forestal en el mundo. Más del 70 por ciento del territorio nacional cuenta con cobertura vegetal que puede ser bosque, selva, matorral, manglar, entre muchos otros.
Esta condición lo convierte en uno de los países con mayor diversidad biológica, misma que se encuentra bajo una enorme presión por parte de inversionistas privados y públicos que pretenden apropiarse de esos recursos o cambiar el uso del suelo para instaurar proyectos agroindustriales, mineros, de hidrocarburos, urbanos y turísticos. Esta situación es particularmente grave en la Península de Yucatán.
De acuerdo con el Análisis de los factores de deforestación en Quintana Roo. 2013-218, recientemente publicado por el Consejo Civil, en coordinación con Centro Geo y la CONAFOR, la agroindustria y el turismo son los principales factores de pérdida de cobertura forestal en esta entidad del sureste del país.
La Selva de Quintana Roo forma parte de uno de los macizos de selva más importantes del mundo: la selva maya. Este importante ecosistema es el segundo más grande del continente, solo detrás de la Amazonía.
Lo más alarmante del proceso de pérdida de cobertura forestal en grandes extensiones es que, comúnmente, “es un proceso irreversible ya que se pierde el hábitat que permite la reproducción de cientos de especies de flora y fauna silvestres, y, afecta las condiciones fisicoquímicas de los suelos. De esta manera, una región deforestada habrá perdido un conjunto amplio de valores que no podrán recuperarse durante décadas o cientos de años.”[4]
De acuerdo con los hallazgos de este análisis, en 15 años se estimó una pérdida bruta de 194 mil hectáreas de superficie cubierta por selvas en el estado de Quintana Roo. “Este proceso de deforestación es resultado del cambio de uso de suelo promovido, principalmente, por el avance de la agroindustria y el desarrollo turístico.”[5]
El primero a través del establecimiento de cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, la soya, el sorgo y plantaciones de limón; esta dinámica de conversión de terrenos forestales a usos agrícolas ocurre principalmente en los municipios del sur del estado (Othón P. Blanco y Bacalar). Por otra parte, el desarrollo turístico, con toda la infraestructura que lo acompaña, ha promovido de manera significativa el cambio de uso de suelo para dar paso a la construcción de hoteles, restaurantes y otros servicios turísticos y de infraestructura urbana, principalmente en los municipios del norte del estado.[6]
[1] FAO, Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020. 2020. Disponible en: http://www.fao.org/3/ca9825es/ca9825es.pdf
[2] Madrid, Lucía, Núñez Juan Manuel, Quiroz, Gabriela y Rodríguez Yosu, La propiedad social Forestal en México. 2010. Disponible en: https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/INVEAMB000016.pdf
[3] CIFOR, Comercio de vida silvestre, degradación de ecosistemas y cambio climático, ingredientes para más pandemias. 2020. Disponible en: https://forestsnews.cifor.org/66321/comercio-de-vida-silvestre-degradacion-de-ecosistemas-y-cambio-climatico-ingredientes-para-mas-pandemias?fnl=es
[4] CCMSS AC, Centro Geo, CONAFOR, Análisis de los procesos de deforestación en Quintana Roo 2013-2018. 2021. Disponible en: https://www.6k4.b95.myftpupload.com/wp-content/uploads/CuadernilloCONAFOR-una-pagina.pdf
[5] Ibidem.
[6] Ibidem.
