La propiedad social de la tierra amenazada.

México tiene una característica única en el mundo: como resultado de la lucha revolucionaria de 1910, poco más del 50% de su superficie es propiedad social; es decir, pertenece a ejidos y comunidades.

Esta propiedad colectiva de los territorios es muy importante, pues son los ejidos, las comunidades agrarias y los pueblos indígenas en colectivo quienes han protegido y conservado la diversidad biológica de los ecosistemas, sus territorios son los depositarios de importantes recursos hídricos, así como del 60% de los bosques y selvas del país.

Para que esos territorios comunitarios sean fuente de bienestar para la gente y de manejo sostenible para los bienes naturales que albergan, es fundamental fortalecer la gobernanza interna de esos ejidos y comunidades, no solo porque son los legítimos propietarios de esos territorios, sino también por los invaluables beneficios que brindan a toda la sociedad en términos ambientales, culturales y sociales.

La propiedad social se ha mantenido en México, pese a que, en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas, se modificó el marco legal con una intención privatizadora de las tierras. Si bien algunas porciones de territorio se privatizaron, a la fecha se conserva la mayor parte bajo propiedad social.   Sin embargo, hoy esos territorios enfrentan graves amenazas, debido al avance de proyectos e inversiones turísticas, agropecuarias e inmobiliarias que ejercer fuerte presión sobre las comunidades.

• Las empresas inmobiliarias y otros agentes impulsan la parcelación de áreas comunes, lo cual  da paso a la privatización de esas parcelas. Esta parcelación se da incluso en terrenos forestales, que por ley no deben ser parcelados ni vendidos.
• Otro elemento que genera presión en las comunidades es la presencia de concesiones mineras. De acuerdo con investigaciones realizadas por el Consejo, en el año 2019, en el 39% de los núcleos agrarios que realizaban actividades forestales habían sido otorgadas concesiones para actividades mineras. Muchas comunidades desconocen que sus territorios están concesionados. (Datos en: https://www.ccmss.org.mx/acervo/bosques-comunitarios-y-mineria-en-mexico/).
• Hay una fuerte presión para que las comunidades cedan sus territorios para dar paso a la instalación de la infraestructura necesaria para los megaproyectos energéticos, turísticos, inmobiliarios y agroindustriales.
• Otro esquema de despojo de la propiedad social es la “renta” de las tierras por sumas muy bajas. Hay contratos de renta por decenas de años, a precios muy bajos y con una cláusula para prorrogar otros 20 o 30 años los contratos de convenir así a quien lo renta.
• Hay regiones en las que los apoyos individualizados del programa Sembrando Vida también están socavando la organización comunitaria y propiciando que se desconozcan los acuerdos de las asambleas y de las instituciones comunitarias.

El despojo del territorio, la privatización de las rentas tiene consecuencias muy profundas. No se restringe a la pérdida de la tierra en sí, sino a la transformación forzada de los modos de vida ancestrales asociados a los territorios y a la alteración drástica de las relaciones sociales de las comunidades. Y este tipo de procesos se están viviendo hoy en día.

México es ejemplo en el mundo por su esquema de propiedad social de la tierra y por la forma en que las comunidades se organizan y manejan sus territorios, generando bienestar local, produciendo y conservando, distribuyendo equitativamente los ingresos y fortaleciendo el tejido social. Esta gobernanza y esta propiedad se han mantenido pese a que los pasados gobiernos trabajaron de manera sistemática por desmantelar este modelo y ceder los territorios y sus recursos a intereses privados.
Para revertir esta situación es indispensable:

• Capacitar a todas las dependencias de gobierno para que no socaven la gobernanza y los territorios comunitarios con programas que contradicen esta realidad.
• Fortalecer las asambleas comunitarias y sus órganos de gobierno.
• Fortalecer las capacidades del RAN para frenar los esquemas de despojo.
• Apoyar las iniciativas de apropiación productiva de los territorios por parte de las comunidades y ejidos, mediante esquemas de comercialización, un trato fiscal justo y el impulso a iniciativas que incluyan a todos los habitantes de los territorios: ejidatarios, avecindados, mujeres, jóvenes).