12 abril, 2023, Por: Gerardo Suárez
La producción industrial de cerdos en la Península de Yucatán ha crecido exponencialmente en los pasados 20 años y esto ha ocasionado graves problemas de contaminación del agua y el suelo, así como malos olores que han afectado la vida de las y los habitantes de la región. Además, esta industria ha desplazado las actividades productivas campesinas mermando los ingresos de las familias locales.
A pesar de que las comunidades indígenas y campesinas han externado su rechazo a estos megaproyectos industriales, las autoridades han ofrecido todo su respaldo a los inversionistas en detrimento de los derechos de la población. De hecho, en recientes manifestaciones pacíficas en las calles de Mérida en oposición a la granja de la empresa Kekén en la comunidad maya de Sitilpech, autoridades del estado detuvieron arbitrariamente a manifestantes e interrumpieron la protesta.
La investigadora Karen Hudlet, de la Universidad de Clark, en su intervención durante la sesión del Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM sobre los Impactos de las mega granjas de cerdos en las zonas kársticas, señaló que, de acuerdo con datos de la Semarnat, hay registro de más de 500 mega granjas de producción de cerdos en la Península de Yucatán, de las cuales más de 220 se concentran en el estado de Yucatán.
Explica que estas ‘fábricas de cerdos’ incrementan paulatinamente sus capacidades de producción, reduciendo el espacio de movilidad de los animales e incrementan la acumulación de desechos. Tanta cantidad de residuos orgánicos no pueden ser absorbidos por los ecosistemas y menos en regiones en las que los suelos son tan pobres y porosos como los de la Península de Yucatán.
Por su parte, Yameli Aguilar Duarte, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y de la Universidad Autónoma de Yucatán, resaltó en su ponencia en el seminario que “los suelos kársticos de la Península son los menos apropiados para este tipo de actividades”.
En un mapa de vulnerabilidad de los suelos que desarrolló la doctora Yameli Aguilar junto con otros investigadores se infiere que esta región es de las menos aptas para este tipo de actividades agroindustriales ya que no tienen la capacidad de contener la enorme cantidad de desechos que generan las mega granjas y es muy probable que terminen contaminando los cuerpos de agua subterráneos y superficiales.
Plantea que ese mapa debería ser de consulta obligada antes de autorizar el establecimiento de un megaproyecto como las granjas de cerdos. Sin embargo, las autoridades no lo toman en consideración.
En este sentido, Lourdes Medina, asesora legal de diversas comunidades mayas de la Península de Yucatán e integrante del colectivo Kanan ts’ ono’ ot resalta que, “de las más de 500 granjas de cerdos asentadas en la Península, la Semarnat únicamente ha emitido autorizaciones de Manifestaciones de Impacto Ambiental en 14 casos. El resto estarían en una ilegalidad por no contar con las manifestaciones de impacto ambiental”.
Yameli Aguilar detalla que la Península de Yucatán cuenta con suelos muy jóvenes -geológicamente hablando-, conocidos como ‘leptosoles’, que son extremadamente delgados y muy pedregosos. En el interior son muy porosos y cuentan con acuíferos con bóvedas que se interconectan en el subsuelo.
Resalta que “a menor aptitud como filtro, los suelos son más vulnerables a la contaminación. Este tipo de suelos tan delgados son altamente vulnerables a la filtración y contaminación de los acuíferos, sobre todo cuando hay fuentes de generación de residuos contaminantes tan grandes como las de las granjas de cerdos que concentran a más de 40 mil individuos”.
La investigadora plantea que “si tomamos en consideración que un cerdo produce 4 veces los residuos orgánicos que produce un humano, es tanta la carga orgánica que tienen las aguas residuales de las mega granjas que los suelos no pueden retener esos componentes y la contaminación de los cuerpos de agua es inminente”.
También argumenta que estos proyectos de producción de carne de cerdo se basan en el mito del circuito cerrado en el que los residuos son tratado y reutilizados para la producción del alimento que será suministrado a los animales. Sin embargo, el volumen de desechos es demasiado parea que la tierra los absorba; y menos en regiones con úselos tan pobres como los suelos de la península de Yucatán. “Esta es la base de la preocupación de los habitantes del estado y está totalmente justificada”.
Esta acumulación excesiva de residuos genera pérdida de biodiversidad, contaminación de cuerpos de agua, malos olores, impactos a la salud, además de impacto a actividades económicas tradicionales como la milpa y la producción pecuaria de traspatio.
Otro factor importante para considerar para esta industria en la Península de Yucatán es el clima, porque es una región con humedad abundante con periodos de lluvias y fenómenos meteorológicos intensos que derivan en tormentas tropicales y huracanes, que año con año desbordan las lagunas de lixiviación de las plantas y todos los desechos se infiltran en los acuíferos, refiere la investigadora del INIFAP.
Karen Hudlet apunta que “aunque hay mega granjas de cerdos en muchos estados del país, éstas se concentran en la Península de Yucatán por varios factores como la ausencia de enfermedades que pongan en riesgo la producción de estos animales, la disponibilidad de agua para las actividades productivas, la regulación favorable para el establecimiento de estos centros insostenibles y su cercanía con salidas marítimas para la exportación de los animales o la carne”.
Añade que además de Yucatán, este modelo de agro extractivismo se está replicando en Ecuador, Chile, España, Estados Unidos y otros países, y en estos lugares también se están articulando resistencias para evitar su expansión. “El aumento en el consumo de la carne en las dietas no es sustentable y debe tener un freno”.
Por su parte, Yameli Aguilar sostiene que “este tipo de producción agrícola intensiva es propenso al ingreso de virus y enfermedades que pueden mutar rápidamente y provocar problemas graves de salud. Estamos ante un modelo de negocio con exceso de uso de recursos naturales; mano de obra barata y legislación a modo”.
La abogada Lourdes Mendoza, lamenta que el gobierno estatal de Yucatán y otras instituciones de procuración de justicia y salvaguarda de los derechos humanos cobijen a las empresas porcícolas a pesar de que se han realizado múltiples denuncias por las afectaciones de esta industria en la región. “En vez de sancionar se ponen a premiar a estas empresas con certificados de industrias limpias y otros reconocimientos.
Destaca que incluso la Comisión estatal de Derechos Humanos también ha sido participe de cobijar a las empresas en vez de emitir recomendaciones sobre las violaciones a los derechos de las personas.
Se pregunta cuál es el papel del poder Judicial de la Federación en Yucatán, quienes con un criterio obsoleto han desestimado la vulneración de los derechos a la salud y al medio ambiente sano de la población. Así como la omisión de reconocer a los pueblos mayas como sujetos colectivos de derechos para acceder a la justicia.
La asesora legal asevera que quienes mantienen el monopolio de la producción porcícola en Yucatán es el Grupo Porcícola Mexicano, Kekén. “Ellos, junto con otras industrias agrícolas de productores de soya, caña de azúcar, palma de aceite y otros monocultivos son los responsables de esta situación crítica para el medio ambiente, la salud y la cultura de las comunidades indígenas mayas de la Península. Son responsables de las afectaciones a la Laguna de Términos, al Anillo de Cenotes, a la Laguna Yalahau, y a la Reserva de la biosfera de Celestún”.
A las grandes afectaciones en la región por las actividades de las mega granjas porcícolas y la agroindustria, hay que sumar el ‘Tsunami’ inmobiliario, la masificación del turismo y las mega obras de infraestructura que están despojando a las personas de sus territorios, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y criminalizando las resistencias de los defensores ambientales y de derechos humanos.
Lourdes Medina también denuncia que se ha iniciado una campaña en medios de comunicación sin perspectiva de derechos humanos, en la que las autoridades del estado de Yucatán han criminalizado y reprimido las expresiones de manifestación pacífica contra las afectaciones de las mega granjas. Concluye que “no existe el derecho a contaminar y no puede adquirirse por ningún tipo de inversión. Por el contrario, las empresas tienen la obligación de respetar derechos y dar cumplimiento cabal a las leyes y normatividad aplicable”. Por esto los pueblos mayas piden “ni una granja más, ni el crecimiento de las que ya están establecidas”.