3 agosto, 2023, Por: Gerardo Suárez
Aunque la nueva Ley de Minería, que entró en vigor este 9 de mayo, “no es es la mejor ni cubre todas nuestras preocupaciones, representa un gran avance para detener la violación sistemática de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y la devastación ambiental y por lo tanto es fundamental procurar que se implemente de la mejor manera”, subrayó Victoria Beltrán, abogada de PODER e integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya.
En foro “Retos y desafíos para la implementación de la nueva Ley de Minería”, organizado y coordinado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Colectiva Cambiémosla Ya, Beatriz Olivera, integrante de Engenera y de la Colectiva, resaltó que si bien la reforma a la ley “no cubre todas las preocupaciones del marco legal minero, como el acaparamiento del agua o la duración de las concesiones mineras, sí establece causales de cancelación de concesiones mineras y exige la realización de la consulta” previa, libre, informada y culturalmente adecuada a pueblos indígenas para obtener su consentimiento sobre la asignación de una nueva concesión minera en su territorio.
Reiteró que la nueva Ley de Minería constituye “un hecho histórico que parecía que nunca ocurriría y que ahora el reto es que esta nueva ley se implemente de la mejor forma posible”.
La nueva ley también contiene un capitulo de sanciones por la comisión de delitos ambientales y causales de cancelación de las concesiones; establece la obligación de elaborar y llevar a cabo planes de cierre y post cierre de minas; además de la elaboración de estudios de impacto social y el reparto de beneficios económicos con las comunidades dueñas de los territorios.
Victoria Beltrán explicó que el primer obstáculo para la implementación de la ley es sortear la impugnación que presentaron los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), PRI y PRD ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entidad que, “por cuestiones de procedimiento legislativo, podría echar para atrás esta ley, lo cual representaría un duro golpe para la garantía de derechos de los pueblos y para la protección del medio ambiente porque esta neuva Ley de Minería tiene elementos muy importantes para su defensa”.
Por otra parte, Beatriz Olivera explicó que, aunque se encuentre en curso ese recurso de impugnación en la Corte, la Ley de Minería está vigente y la Secretaría de Economía ya está trabajando en la elaboración del reglamento de la Ley de Minería y “nos preocupa que la industria pueda meter la mano para diluir las nuevas obligaciones que establece la ley. Es necesario que el reglamento sea coherente con el espíritu de la ley de proteger los derechos y el medio ambiente”.
En su intervención en el foro convocado por el INECC, Marta Patricia Velarde, integrante de los comités de Cuenca del Río Sonora, acusó que “es verdaderamente desconcertante que haya legisladores que supuestamente están para representarnos y procurar nuestros derechos, que hayan impugnado ante la SCJN una ley como la nueva Ley de Minería anteponiendo sus intereses a los de la ciudadanía y de las comunidades afectadas por esta industria”.
Añadió que “la SCJN debe asegurar el principio de progresividad de los derechos humanos y la no regresividad”, por lo que confía en que desechará el recurso de impugnación.
Planteó que la reforma a la Ley de Minería es un primer paso para articular las leyes secundarias y las normas en el sector porque hay una desarticulación muy grave. La Secretaría de Economía solo se encarga de otorgar concesiones mineras sin tomar en consideración los impactos ambientales y sociales, no tiene una articulación administrativa con la Semarnat para garantizar la protección al ambiente.
Marta Patricia recordó que en el Río Sonora se vivió uno de los peores desastres ambientales ocasionados por la industria minera en México, pero que no fue suficiente para cancelarle la concesión minera. “Desde Sonora los invito a que nos comprometamos a proteger el medio ambiente y el territorio, porque ello representa defender la vida misma”.
Por su parte, Jesús Echeverría Caro, integrante del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, resaltó que la nueva Ley de Minería también prohíbe las actividades de explotación minera submarina. “Esto es de suma importancia porque hay proyectos que pretenden extraer minerales del mar y eso provocaría una catástrofe ambiental, como el proyecto Don Diego”, en la costa de Baja California Sur.
El investigador subrayó que la minería metálica sustentable no existe. “Es imposible hacerla sustentable, esa idea es una aberración de la industria minera que muchas veces solapan los gobiernos”. La mejor minería a cielo abierto es la que no se realiza y la nueva Ley de Minería es un avance muy importante para la protección del medio ambiente que debe implementarse cuanto antes, y a la par trabajar en los temas que quedaron pendientes de reformar, como el tema del agua.
Agustín Ávila Romero, del INECC, coincidió en que la minería es uno de los principales sectores contaminantes y propulsores del cambio climático. “Las drásticas modificaciones al territorio que realiza la minería a cielo abierto afectan completamente las dinámicas de los ecosistemas, perturban a la biodiversidad y generan impactos nocivos irreversibles”, advirtió.