18 noviembre, 2014, Por: Sergio Madrid Zubirán
Foto: Brandon Trentler
Los compañeros del World Resources Institute publicaron una interesantísima entrada sobre el enorme papel que han jugado las comunidades indígenas de Nicaragua en el freno a la deforestación en el país centroamericano. En él muestran que los territorios manejados por el pueblo Mayangna en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), al oriente del país y en la frontera con Honduras, tienen tasas de deforestación hasta 14 veces menores que los territorios adyacentes.
El caso de Nicaragua es especialmente interesante por el impacto que tuvo el reconocimiento de los derechos indígenas sobre sus propios territorios. Aún tomando en cuenta otros factores muy importantes, la deforestación se redujo enormemente en cuanto éste se produjo. El caso de la RAAN mostró también cómo el otorgamiento de concesiones en contra de la voluntad de las comunidades locales conduce a la degradación de los bosques y entorpece el desarrollo.
Hay muy poca documentación sobre la historia de la extracción de madera de las selvas y savanas del oriente nicaragüense. Lo poco que se sabe es que hasta 1980 las comunidades tenían muy poca participación en ella y que el grueso de las ganancias se iban a funcionarios de la dictadura somocista, que recibían cuotas por entregar las concesiones. Los habitantes de la zona, en su mayoría indígenas mayangnas y miskitos, si se involucraron de alguna forma en este proceso fue como jornaleros.
Después de la Revolución Sandinista, que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, se registró una rebelión en la RAAN que detuvo el aprovechamiento de las selvas casi por completo. Después de una década de combates y de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional perdiera las elecciones en 1990, los rebeldes y el gobierno de Violeta Chamorro firmaron la paz.
Los acuerdos sí llevaron a un reconocimiento formal de la autonomía de las comunidades, pero no a la firma de títulos sobre la tierra. Al contrario, después de un primer momento en el que se reconoció la “posesión histórica” del territorio por parte de los pueblos indígenas de la costa Atlántica, a mediados de los años noventa se otorgaron nuevas concesiones madereras sobre los territorios sin tomar en cuenta su opinión. Esto llevó a una disputa fundamental en la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2001 obligó al Estado nicaragüense a modificar su legislación y a reconocer definitivamente los derechos de las comunidades sobre sus territorios históricos. Para 2007, con el regreso de los sandinistas al poder gracias a una alianza con el partido indígena Yatama, por fin se otorgaron los títulos sobre la tierra y las comunidades pudieron decidir por sí solas qué hacer con sus territorios y defenderlos con pleno derecho.
Y lo que hacen es defenderlos, porque a diferencia de lo que ocurre en muchas partes de América Latina, en Nicaragua sigue dándose un fuerte proceso de desmonte y colonización, protagonizado por actores de fuera del bosque, que avanza desde el centro del país hacia las selvas tropicales en el territorio de mayangnas y miskitos. Para detener un proceso así y lograr que las motosierras prevalezcan sobre los asadones y la biodiversidad prime sobre los monocultivos, es crucial tener al menos dos cosas: certeza jurídica sobre quién es el legítimo propietario de esas tierras, y la participación en su defensa de un actor que conzca la selva y tenga en ella una presencia constante. Con el reconocimiento de los derechos sobre la tierra, ese actor y esa certeza ya están ahí.
Hoy por hoy, aunque la deforestación sigue presente y con más fuerza de la deseable, ha disminuido su velocidad, y las comunidades mayangna y miskita han sido clave para lograrlo. El mapa que presenta WRI, que copiamos a continuación, lo muestra muy claramente. Está tomado del Global Forest Watch, y muestra cómo, aunque falta mucho por hacer, el camino está marcado y las comunidades han avanzado mucho.
