Más de 33 mil personas se han pronunciado por la apertura de un proceso de consulta de la ley forestal que actualmente se revisa en el Senado de la República. Esto para enriquecer los contenidos de este importante instrumento de ley con las visiones y participaciones de todas las partes interesadas, como son los pueblos indígenas, comunidades y ejidos forestales; académicos, técnicos forestales, legisladores, sector privado y gobierno.
Contrario a las presiones del Partido Verde Ecologista de México, quienes presentaron esta iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados en septiembre de 2016, y que apresuradamente se empeñan en la aprobación de este documento legislativo, unas tres decenas de miles de ciudadanos demandan la construcción de un proyecto de ley forestal, que sí requiere el sector, pero con una revisión puntual de los contenidos para la formulación de un instrumento robusto que satisfaga las necesidades del rubro y que solvente todos los vacíos que contiene la minuta de ley forestal que se dictamina en el Senado en las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en la de Estudios Legislativos Primera.
Esta minuta de ley forestal presenta, al menos, 200 puntos específicos que deberían ser discutidos. Entre los aspectos a mejorar en la minuta están los derechos los pueblos indígenas y de las comunidades dueñas de los bosques; además, con la consulta se podría fortalecer un mecanismo de transparencia en el uso y ejercicio de los recursos; y la inclusión de un instrumento de trazabilidad que permita combatir la ilegalidad en el sector.
También se podría asentar en la ley el manejo forestal comunitario como eje rector de la política forestal, ya que el 80 por ciento de los bosques son propiedad de ejidos y comunidades, que en diferentes ejemplos han demostrado ser los mejores protectores de los bosques a través de su manejo y aprovechamiento sustentable.
México es reconocido a nivel mundial por sus más de mil empresas forestales comunitarias, muchas de ellas certificadas en buen manejo forestal bajo estándares internacionales como el del Forest Stewardship Counsil (FSC). Sin embargo, la excesiva carga regulatoria, la enorme carga fiscal y un deficiente marco legal han impedido que este sector se desarrolle a un mejor ritmo y permita suplir los más de 10 millones de metros cúbicos de madera que se importan anualmente.
El sector forestal requiere de una nueva ley forestal pero que sí responda a estas necesidades, por lo cual es necesario consultar a las partes interesadas de todas las regiones forestales del país para la construcción de un mejor instrumento de ley.