16 mayo, 2022, Por: CCMSS
Estas imágenes están reunidas en el libro “Así se ve la Minería en México,” recientemente editado por la Colectiva #CambiémoslaYa y presentado en la Cámara de Diputados para exhortar a los legisladores a emprender un proceso de reforma a la Ley Minera, que coloque en el centro los derechos de comunidades y pueblos, que proteja el medio ambiente y que no infrinja la Constitución y los tratados internacionales de los que México es signatario.
El libro reúne 64 fotografías de distintas regiones del país que muestran los estragos de la minería en los territorios. Las fotografías del libro provienen de la convocatoria a participar en la Documentación Colectiva Así se ve la minería en México, que se abrió a todo el público para documentar estos impactos y evidenciar los estragos que esta actividad extractiva está dejando, sin dejar beneficios económicos importantes para el país y dejando enormes daños para las comunidades y los territorios donde se asientan las mineras.
La Ley Minera vigente en México desde 1992 ha permitido la violación sistemática de derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Una de las razones de esto es su artículo 6, que le da a la minería carácter de preferente sobre cualquier otro uso del suelo y la declara actividad de utilidad pública. Por ello “es urgente avanzar en un proceso de reforma de esta legislación para que salvaguarde los derechos de las personas”, tal y como afirma la Colectiva #CambiémoslaYa, integrada por comunidades, colectivos, organizaciones y academia.
Otra de las razones es que desde que se expidió dicha ley, la Secretaría de Economía no ha realizado ninguna consulta a las comunidades y pueblos indígenas para obtener su consentimiento para otorgar una concesión minera sobre sus territorios. Esto contraviene tratados internacionales de los cuales México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la celebración de un proceso de consulta previa, libre e informada.
Por esta falta de consentimiento, el ejido nahua Tecoltemi, de Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, llevó su caso ante los tribunales porque nadie los consultó para tomar la decisión de otorgar dos concesiones mineras a la empresa canadiense Almaden Minerals, en 2002 y 2009 sobre su territorio. El amparo promovido por la comunidad indígena escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les dio la razón, cancelando dichas concesiones.
Para Itzel Silva, abogada acompañante del ejido Tecoltemi e integrante de la colectiva #CambiémoslaYa, esta resolución de la Corte evidencia que todas las concesiones mineras asignadas sobre territorios de pueblos indígenas sin un proceso de consulta y consentimiento previo son violatorias de los derechos de estas comunidades, por lo que deberían ser canceladas.
Y es que las concesiones mineras se asignan sin consultar a los dueños legítimos y habitantes de los territorios; es hasta que los titulares de las concesiones llegan a los predios que la gente se entera de que su territorio ha sido concesionado por hasta 100 años.
“Este proceso de despojo de los territorios, del agua y la contaminación del suelo, avalado por la Ley Minera, debe parar y para ello es fundamental reformar esta ley. No basta solo con dejar de asignar concesiones por instrucción presidencial es urgente salvaguardar los derechos de las comunidades en el marco legal,” resalta Cecilia Navarro, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
Añade que está ampliamente documentado el despojo de las tierras, la violación de derechos y la destrucción ambiental por las actividades mineras en México. Esto se puede apreciar en las imágenes reunidas en el libro y en los textos incluidos en el mismo.
Además de la presentación del libro, en el marco del Día Internacional de la Tierra convocado por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, se presentó una exposición de las fotografías reunidas en Así se ve la minería en México en el lobby del Palacio legislativo de San Lázaro para difundir los impactos de la minería entre los legisladores.
La Colectiva #CambiémoslaYa ha reiterado que “la Ley Minera vigente se aprobó en 1992 como parte de un marco jurídico creado para facilitar la entrada de las empresas a los territorios para la explotación de los bienes naturales del país. Desde su emisión, la Ley contiene diversos artículos que violan de manera directa derechos reconocidos por el Estado Mexicano a las comunidades y a la población, que han sido una de las causas estructurales de los conflictos socioambientales que se viven actualmente.”
En relación con la reciente modificación a la ley Minera para la nacionalización del litio, la Colectiva #CambiémoslaYa señaló que “es positivo que desde el Poder Ejecutivo se busque poner un freno al despojo de los territorios y a los privilegios de las empresas mineras. Sin embargo, la propuesta de modificación enviada por el Ejecutivo y aprobada en votación en la Cámara de Diputados es muy limitada, pues no corrige el contenido violatorio de los artículos que han posibilitado la entrega de los territorios a los privados y las sistemáticas violaciones de derechos en contra de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, así como contra los núcleos agrarios.”
#CambiémoslaYa resalta que entre los cambios más urgentes que deben realizarse a la Ley Minera vigente destacan: