El pasado 22 de noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador atribuye el carácter de interés público y de seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal.

México requiere una reforma profunda en el marco legal minero, que ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.

El derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados desde la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos Sonora y Bacanuchi ocurrido el 6 de agosto de 2014, es el desastre ambiental minero más grande de la historia en México, y un caso de impunidad y de falta de reparación para las comunidades afectadas y organizadas en los Comités de Cuenca Río Sonora.

Comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas se han agrupado en la coalición #CambiémoslaYa para demandar al Estado Mexicano reformas profundas a la Ley Minera, pues son sus disposiciones las que han posibilitado que los territorios sean entregados por las autoridades a las empresas mineras. La exigencia busca que la legislación ponga en el centro la vida, la salud y los derechos humanos y detenga los abusos y privilegios de los que goza esta industria extractiva.

A 29 años de la aprobación de la Ley Minera que dio a corporaciones nacionales y extranjeras el acceso irrestricto a tierras, aguas y el subsuelo, es urgente cuestionar ¿Qué le ha dejado la minería a México? ¿Qué realidades y paisajes deja la actividad minera? ¿Qué sucede en las comunidades afectadas por los proyectos mineros?