4 diciembre, 2023, Por: Alianza Maya por las Abejas Kaabnaloon
Península de Yucatán. – Con el respaldo de los tres niveles de gobierno y de empresas privadas, la agroindustria, un modelo de producción intensivo y extractivista impulsado por grupos menonitas, está intensificando de manera alarmante la deforestación de Bacalar, Quintana Roo, lo que está derivando en el despojo de nuestro territorio, la pérdida de la apicultura y la disminución de la calidad de vida de las mayas de la región. Frente a ello, la Alianza maya por las Abejas de la Península de Yucatán Kaabnalo’on exigimos al gobierno federal que investigue, sancione a los responsables, respete la libre autodeterminación de nuestro pueblo originario y garantice los derechos humanos de toda la población.
La agroindustria en Bacalar se intensificó a principios de los 2000 con la llegada de los grupos menonitasi, cuya función ha sido ser el último eslabón para ejecución de un modelo de producción intensivo y extractivista impulsado por los tres niveles de gobierno y empresas privadas nacionales e internacionales.
Con el crecimiento de la producción de maíz, sorgo y soya ha disminuido de manera alarmante la cobertura forestal de la selva. el 2001 al 2022 se han perdido aproximadamente 130,000 hectáreas de selva, sólo en el municipio de Bacalar, de acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch.
La tasa de deforestación anual promedio en Quintana Roo entre 2001 y 2021 fue de 1.11por ciento. Los municipios con mayor deforestación bruta del estado son Othón P. Blanco y Bacalar, que perdieron 24,337 y 24,346 ha de selva, respectivamente (CONAFOR 2021). Las principales causas de deforestación en ambos municipios son la ganadería y la agricultura intensiva. En el municipio de Bacalar dichas actividades son responsables del 58 y 41 por ciento de la deforestación del municipio.
El proceso de deforestación en el municipio de Bacalar no ocurre de manera homogénea entre los diferentes núcleos agrarios. El asentamiento de población menonita en ciertos ejidos es determinante. En el periodo de 2011 a 2018, dos de los cinco ejidos con mayor deforestación bruta fueron Salamanca y El Bajío (CONAFOR, 2021), (Figura 1), ambos con una población importante de menonitas. En el periodo de 2014 al 2023, cuatro de los cinco núcleos agrarios con mayor tasa de deforestación fueron ejidos con asentamientos de pobladores menonitas (Salamanca, San Fernando, El Bajío y Paraíso). Como se observa, el cambio en la cobertura forestal está relacionado con una creciente tendencia de asentamiento de pobladores menonitas en tierras de ejidatarios locales para establecer sistemas intensivos agropecuarios.
Entre 2014 y 2023 se perdieron 52,891 ha de selva, equivalente al 7.3 por ciento de la superficie del municipio de Bacalar.
En la figura 2 se ilustra el cambio de uso de suelo en los últimos 9 años. En este periodo la tasa de deforestación media anual fue de 1.245 por ciento.
Esta pérdida de nuestro territorio nos está despojando también de una de nuestras principales formas de vida: la apicultura. Los desmontes han llegado acompañados del uso de un gran paquete de agrotóxicos para los cultivos; venenos que contaminan el suelo, aire, agua, la salud humana y ha puesto en grave riesgo nuestra actividad apícola. Este modelo de producción agrícola es el mismo que ha vulnerado la calidad de vida de nuestras compañeras y compañeros en Hopelchén, Campeche, que en este año ya han registrado la muerte de más de 3,500 colmenas por fumigaciones hechas con fipronil en las comunidades de Suc Tuc y Oxa, de acuerdo con el informe del caso elaborado por el Equipo Abejas de El Colegio de la Frontera sur, (2023).
Estos impactos ya están presentes también en la región de Bacalar, particularmente en la producción apícola, ya que a partir del año 2017 hemos registrado una baja en las cosechas de miel. El promedio de producción hasta ese año en la zona de Bacalar fue de 70 kg por colmena, actualmente se produce solamente entre 25 a 35 kg por colmena. Esto ocurre sobre todo en zonas afectadas por la deforestación como Blanca flor, Buena fe y San Fernando. Esta situación vulnera las certificaciones orgánicas de la miel y amenaza nuestras formas tradicionales de vida, de conservación de nuestro territorio, el sostén económico para nuestras familias y el futuro de las nuevas generaciones.
En este contexto, destacamos que la liberación y siembra de soya genéticamente modificados están prohibidas en México desde 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia al respecto. También existe una medida precautoria dictada por un Juez Federal en una Acción Colectiva contra los permisos de maíz transgénico, y confirmada por la SCJN en 2021; si bien existe un primer fallo del Juez Federal para beneficiar a la agroindustria, ésta fue apelada por el colectivo que encabeza la acción legal y la medida cautelar sigue vigente.
Además, el pasado 28 de agosto se presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En esta denuncia se informó de la deforestación en varios sitios de Bacalar y se proporcionó información suficiente para iniciar una investigación al respecto.
Por otra parte, el 22 de septiembre de este año, con apoyo de la Organización Greenpeace México, se presentaron denuncias ante la PROFEPA y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), por la probable liberación y siembra de soya y maíz transgénico en diversos predios ubicados en el municipio de Bacalar, derivado de la detección en la aplicación de agrotóxicos en dichos cultivos.
En ambas denuncias se solicitó la oportuna intervención de dichas autoridades para investigar y se solicitó que se ordenen y apliquen las medidas de seguridad o de urgente aplicación pertinentes, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, para el caso de la deforestación, así como las medidas de seguridad y urgente aplicación, con enfoque de precaución y prevención, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para el caso de la liberación y siembra de soya y maíz, probablemente transgénicos en los sitios señalados.
Por lo anterior, es indispensable que la PROFEPA y el SENASICA, en el marco de sus respectivas competencias, actúen de manera oportuna y eficaz para investigar y sancionar a los responsables, haciendo valer el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos de las comunidades de Bacalar. Así mismo, solicitamos que se hagan respetar y cumplir las medidas de seguridad que impongan a los responsables, recordando que su desacato es un delito federal.
Alianza Maya por las Abejas de la Península de Yucatán Kaabnalo’on.
Adhesiones personales y de otras organizaciones:
Greenpeace México A.C.
Colectivo Maya de los Chenes
Colectivo Chen Kaab Productores de Chun Jabin
Xjon ha’ac de Sudzal
Apicultores de Dzonot Carretero
Colectivo Cantukun
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.
EDUCE Cooperativa
Irma Gómez González
Jaime González Tolentino
Fuentes de información utilizadas: