Deforestación, opacidad e ilegalidad caracterizan al proyecto Tren Maya

El Tren Maya, una megaobra clave de la actual administración federal, se ha caracterizado por acarrear innumerables daños ambientales y sociales debido a la falta de planeación, al desacato de las normas ambientales y a la oposición a escuchar y tomar en cuenta a las comunidades, a los académicos, a los investigadores y a las organizaciones de la sociedad civil.

Desde que se iniciaron las licitaciones para su construcción, las autoridades se negaron a presentar públicamente un plan maestro que transparentara su alcance y sus impactos, y que ofreciera evidencias sobre la sostenibilidad de un transporte que recorrería la península de Yucatán y los estados de Chiapas y Tabasco.

Sus obras comenzaron sin contar con un trazado definitivo de la ruta del tren y sin la realización en tiempo y forma de los estudios técnicos indispensables, a pesar de que la región es considerada de alto valor biológico y ambiental, y que sus selvas conforman el segundo macizo de bosque tropical más importante del continente, sólo después de la Amazonia.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable exigen que, antes de emprender una obra, las dependencias gubernamentales responsables entreguen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la evaluación de impacto ambiental y las solicitudes de cambio de uso del suelo en terrenos forestales a fin de que se valoren los daños directos y acumulativos que causaría tal obra, se determine su pertinencia y se definan las acciones necesarias para mitigar sus daños.

De acuerdo con un estudio cartográfico efectuado por CartoCrítica¹,  hasta junio de 2023 en las 10 831 hectáreas ocupadas por el proyecto se habían deforestado 6 658.97 hectáreas, pero sólo 13.4% de ellas contaba con autorizaciones de cambio de uso del suelo, es decir, en 5 769.11 hectáreas no estaba permitido el desmonte (tabla 1). Las dependencias responsables poseían 18 autorizaciones, que amparan tan sólo 889.86 hectáreas, pero 16 les fueron otorgadas en 2023, después de iniciados los trabajos de desmonte.

Tabla 1. Superficie deforestada para la construcción del Tren Maya con y sin autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Si se toma como base el promedio estimado por el Inventario Nacional Forestal de novecientos árboles por hectárea en los diferentes tipos de selva de la península, habrían sido derribados alrededor de seis millones de árboles. Con respecto a los tipos de cobertura forestal afectados, el análisis de CartoCrítica refiere que 96% correspondía a selvas baja y mediana, las que albergan una enorme biodiversidad, ampliamente documentada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad y muchas otras instituciones de investigación.

Esta destrucción se suma a la irresponsable deforestación que se viene extendiendo en la península de Yucatán, estimada por la Comisión Nacional Forestal en más de 40 mil hectáreas al año  y que entraña la eliminación del hábitat de cientos de especies de flora y fauna.

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 93, establece que la Semarnat otorgará el cambio de uso del suelo en terrenos forestales sólo de manera excepcional y cuando no se generen grandes daños en los ecosistemas. Por el Tren Maya se han rellenado cenotes, se han secado cuerpos de agua y se han abierto cientos de bancos de materiales, lo que ha implicado la remoción de la cobertura vegetal y la alteración de los ecosistemas. Así se afectan la vida cotidiana y las actividades productivas  de muchas comunidades y se reducen los servicios ambientales que las selvas brindan a los pobladores de la península de Yucatán.

El mismo artículo 93 especifica que en “terrenos ubicados en territorios indígenas, la autorización de cambio de uso del suelo deberá acompañarse de medidas de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, en los términos de la legislación aplicable. Para ello, la Secretaría [de Medio Ambiente y Recursos Naturales] se coordinará con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”.

En suma, el gobierno federal ha construido el Tren Maya basado en una larga cadena de maniobras de desdén de la legislación ambiental y de impunidad.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha mantenido una actitud pasiva ante las denuncias ciudadanas sobre la deforestación ilegal causada por el Tren Maya, llevada a cabo gracias a numerosos actos tipificados  como delitos ambientales. Cambiar el uso del suelo de terrenos forestales sin autorización es un delito castigado con hasta nueve años de prisión, como lo señala el artículo 418 del Código Penal Federal, actualizado en abril de 2023.

Por las graves irregularidades referidas, el Poder Judicial ha emitido sentencias para suspender la construcción del tren, mas no han sido acatadas por las autoridades responsables .

Aunque México se comprometió ante la Organización de las Naciones Unidas  a lograr la tasa cero de deforestación para el año 2030, no ha frenado la tala, incluso porque programas y obras gubernamentales expanden los procesos de cambio de uso del suelo forestal. Estudios recientes han demostrado que los megaproyectos energéticos, mineros, agroindustriales, turísticos e inmobiliarios son los principales causantes de la deforestación en la región, y que el Tren Maya interconectará y potenciará precisamente dichas actividades extractivas.

Ni los profundos daños ambientales ni las violaciones a los derechos humanos de las comunidades de la península de Yucatán han bastado para detener esta obra, caracterizada por la opacidad, la negligencia y la ilegalidad.

Referencias

[1] Tren Maya. Análisis de la deforestación y gestión ambiental, (junio de 2023). https://trenmaya.cartocritica.org.mx