14 febrero, 2022, Por: Gerardo Suárez
Aunque el aguacate genera beneficios económicos por más de 2 mil millones de dólares anuales en Michoacán, los impactos ambientales y sociales que está ocasionando el cultivo en la entidad son muy profundos e incuantificables, de acuerdo con el investigador Benjamín Revuelta Vaquero.
La expansión del cultivo en esa entidad, en mayor medida ilegal, ha propiciado la pérdida de grandes superficies de bosque, la contaminación del suelo y el agua; enfermedades renales y respiratorias en la población donde se asientan las huertas, criminalidad y desplazamiento de personas, dice Revuelta Vaquero, profesor e investigador de la Universidad de Michoacán.
“Se producen un millón de toneladas de aguacate en alrededor de 144 mil hectáreas y si hablamos de que en el estado la producción es de 2 millones de toneladas la superficie cultivada con aguacate debe ser del orden de 300 mil hectáreas, la mayoría establecidas de forma ilegal ya que la Semarnat no autoriza cambios de uso de suelo forestal para el establecimiento de estos huertos.”
Refiere que no hay datos oficiales certeros sobre la pérdida de cobertura forestal a causa de la expansión de las huertas aguacateras, y lamenta que tampoco haya un soporte institucional para frenar la expansión del cultivo. “La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está cada vez más debilitada con los constantes recortes presupuestales y no tiene capacidad suficiente para realizar inspecciones de vigilancia ni para dar seguimiento a las denuncias de cambio de uso de suelo.”
Este monocultivo es nocivo para el medio ambiente y para la salud de las personas. De acuerdo con una tipología de productores de aguacate presentada por el investigador, “el 63% de los productores generan un alto impacto ambiental por sus malas prácticas de producción”, entre ellas el uso excesivo de agroquímicos y pesticidas sintéticos, el uso excesivo de agua y la contaminación del suelo.
El avance del cultivo de aguacate también debilita la capacidad de hacer frente al cambio climático, ya que una hectárea sembrada con esta planta absorbe apenas entre 37 y 55 toneladas de carbono equivalente, mientras que una hectárea de bosque de pino tiene una capacidad de absorción de 222 toneladas, es decir, seis veces más que el monocultivo de aguacate.
Con respecto al impacto negativo del aguacate en el uso del agua, el investigador apunta que se “requieren grandes volúmenes del recurso para que las huertas sean productivas, por ello se colocan ‘ollas’ de captación de agua en el monte de forma ilegal” que, sumadas a la deforestación causada por la instalación de nuevas huertas, “impiden la recarga de los acuíferos y afectan directamente a las comunidades y asentamientos cercanos que carecen del líquido.”
En las regiones aguacateras los índices de sobreuso de agua van del 20 al 140%. Por esta razón, diversas comunidades indígenas y ejidales han tomado medidas para proteger sus territorios del avance del aguacate; entre ellas destaca Cherán, que ha apostado por la restauración de sus bosques para asegurar su abastecimiento de agua y su conservación a largo plazo.
En el ámbito social, los impactos negativos de la producción de aguacate se traducen en asesinatos, amenazas y conflictos en las comunidades rurales; cada día es más riesgoso para las comunidades, defensores y defensoras del medio ambiente y organizaciones hacer frente a los aguacateros. Revuelta Vaquero subraya que, aunque se han hecho esfuerzos para frenar el avance de la frontera agrícola para la producción de aguacate en Michoacán, han sido intentos fallidos porque no han contado con suficiente fuerza, soporte y voluntad para enfrentar el problema. “Tenemos un marco legal incipiente y carecemos de una coordinación efectiva entre los gobiernos federal y estatal en materia del cuidado de los bosques, el agua y el medio ambiente. Vivimos en una informalidad y anarquía de competencias,” menciona.
Puntualiza que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de Senasica, certifica la calidad sanitaria del producto sin importar su legalidad en el uso del suelo. Semarnat no otorga autorizaciones de uso de suelo y las huertas siguen apareciendo en las regiones forestales (alrededor del 80% deben ser ilegales). Con respecto a los incendios inducidos para el cambio de uso de suelo, “no hay evidencia de registros georreferenciados de predios incendiados ni consecuencias por estos actos.”
Incluso las iniciativas de los productores, “aunque son bonitas, no son nada efectivas.” Por ejemplo, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) reforestó 383 hectáreas en 2020. “El ritmo de deforestación es de 30 mil hectáreas anuales en Michoacán, así que estas medidas son insignificantes.”
Los impactos del cultivo de aguacate requieren de acciones inmediatas y decididas para hacerles frente. Lo que es posible documentar es apenas una punta del iceberg de un problema severo.
Estamos ante una situación que nos exige aplicar el principio precautorio, es decir, que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente,”, dice el investigador.
Estas medidas deben incluir a autoridades de gobierno federal, estatal, productores, academia y organizaciones civiles. “Si no se atiende el problema, el gran negocio del aguacate se va a ir, así como llegó. No debemos esperar a que nos impongan desde fuera restricciones que impidan la venta del producto.”
De hecho, comenta el especialista, ya se están impulsando mecanismos para sustituir el consumo de aguacate que no tenga certeza de legal procedencia y no afectaciones al ambiente. Lo mismo ocurrirá con los berries y otros cultivos.
Benjamín Revuelta plantea “la urgente necesidad de trabajar en 3 Líneas para remediar estos impactos:
1. Poner el tema en la agenda pública.
2. Desarrollar principios y parámetros específicos para una certificación ambiental que deberán cumplir los productores. Una certificación -no del gobierno para evitar burocracias o corrupción- sino de una empresa o una organización con reconocimiento, que considere altos estándares de sustentabilidad.
3. Encontrar un mecanismo para remediar los daños ya ocasionados el medio ambiente. Esto puede lograrse a través de un ‘impuesto ambiental’ dirigido a remediar daños ambientales y a incentivar mejores prácticas agroambientales.