La presente administración federal ha mantenido la tendencia de recortar año con año el presupuesto ambiental. En el caso del sector forestal, estos recortes ponen en entredicho la posibilidad de cumplir las metas del Pronafor y las metas comprometidas por el país a nivel internacional en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como es, alcanzar la tasa cero de deforestación en el año 2030.
Los recursos asignados debilitan el fomento del manejo, conservación y aprovechamiento de los bosques, selvas y otros ecosistemas forestales y reducen las capacidades de las instituciones encargadas de vigilar la legalidad en las regiones forestales, es decir, se abre la puerta al clandestinaje y cambios de uso de suelo sin autorización.
El presupuesto anual destinado al Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, manejado por la Conafor, ha caído en años recientes. En el año 2016 ese Programa recibió 4,703 millones de pesos, pero para el 2021 se propone que sea de apenas 826 millones de pesos, lo que representa 19% menos de lo asignado para 2020, que fue de 1,019 millones de pesos.
Si comparamos el presupuesto propuesto para 2021 con la media del presupuesto ejercido en el periodo de 2014-2020 el recorte es de un 65%.
Esto significa que los recursos destinados a fortalecer el manejo forestal comunitario a través de diversas actividades (estudios técnicos, fortalecimiento de capacidades, programas de restauración productiva, entre otros) se reducirán aún más para el próximo año, a pesar de que esta es la tarea más importante si efectivamente se quiere generar desarrollo local y al mismo tiempo conservar los ecosistemas forestales.
México cuenta con más de 137 millones de hectáreas de territorios cubiertos por vegetación, lo que representa casi el 70 por ciento de la superficie del país, y con un importante potencial de producción de maderable y no maderable.
El modelo de gestión y aprovechamiento forestal sustentable por parte de las comunidades y ejidos ha probado ser eficaz en la conservación de los recursos naturales en el largo plazo, al tiempo de permitir la generación de empleos e ingresos en los núcleos agrarios.
La propiedad social de los terrenos forestales abarca 15,584 núcleos agrarios, que en conjunto acreditan la propiedad de 62.6 millones de hectáreas de bosques, selvas, y vegetación forestal de zonas áridas.
En las regiones forestales del país se concentra la mayor riqueza y diversidad biológica, que es producto del manejo que históricamente le han dado las comunidades y pueblos indígenas que habitan esos territorios. De las 10.9 millones de personas que habitan en las regiones forestales en México, 3.2 millones pertenecen a comunidades indígenas y el bosque es una importante fuente de ingresos, combustibles y alimentos para todas estas personas.
A pesar del potencial económico, social y ambiental del sector forestal, hay un fuerte déficit en la balanza comercial de productos forestales, pues solo se producen 9 millones de metros cúbicos de madera de los 27 millones de metros cúbicos que se consumen anualmente en el país (Semarnat, 2020).
De la superficie forestal del país solo 6.2 millones de hectáreas se encuentran bajo manejo y aprovechamiento (Semarnat, 2020).
El país tiene un enorme potencial de incrementar la superficie bajo diversas formas de manejo para generar empleo, mejorar el nivel de vida de las familias que habitan en estos territorios, reducir el déficit en la balanza comercial de productos forestales y asegurar la conservación de los ecosistemas en el largo plazo y propiciar la generación de servicios ambientales de calidad.
Sin embargo, la carencia de recursos para el impulso y fortalecimiento de iniciativas comunitarias de manejo y aprovechamiento forestal a la par de la compleja e ineficiente tramitología necesaria para hacer aprovechamiento forestal tiene estancado al sector.
Es indispensable asignar un presupuesto concordante con las necesidades del sector forestal, que contribuya a financiar las múltiples actividades de manejo sostenible que realizan las comunidades rurales en sus territorios y con sus propios medios, para que pueda aprovechar de mejor manera la enorme riqueza natural con la que cuentan.
A la par de la asignación de mayores recursos, existen otras acciones importantes que la Conafor actualmente ya está llevando a cabo, como son: a) contar con una planeación estratégica de calidad con mestas claras y acciones puntuales, y b) modificar la lógica del Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable para fortalecer las capacidades de las comunidades para manejar sus territorios, prioritariamente.
Este importante esfuerzo por reorientar y transformar la política forestal ha sido esperado por muchos años, pero la falta de recursos puede apagar el intento.
Además de los recursos fiscales, la Comisión Nacional Forestal puede diversificar sus fuentes de ingresos, pero necesitará del apoyo de Hacienda para lograrlo. Algunas posibilidades son: financiamiento internacional, impuestos verdes con destino específico, recursos de compensación ambiental y pagos de derechos, esquemas de fondos concurrentes con sector privado, estados, municipios, organizaciones civiles, entre otros.
Por estas razones, la Cámara de Diputados debiera modificar el proyecto de presupuesto de egresos 2021 que recibió y asigne recursos adicionales a las instituciones responsables de atender el sector forestal. Sin embargo, más allá del PEF2021, la actual administración federal necesita dimensionar el valor de la política forestal para alcanzar simultáneamente metas de conservación ambiental y de desarrollo rural.
