23 diciembre, 2021, Por: CCMSS
En este año que termina se mantuvo la tendencia de los años previos en el sentido de reducir y debilitar las instituciones gubernamentales relacionadas con el tema ambiental; en este tenor podemos ubicar la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como las asignaciones presupuestarias escasas, que apenas les permiten operar a dependencias como las delegaciones de Semarnat, la Conafor, la Conanp y la Profepa.
Este escenario hace más compleja la situación de las comunidades rurales que custodian los bienes naturales frente a fenómenos que ejercen presión sobre sus territorios, entre ellos: la expansión de la agroindustria, la creciente presencia de los grupos criminales, los desarrollos inmobiliarios y turísticos y los megaproyectos extractivos mineros y de hidrocarburos.
En este contexto, continuamos generando y difundiendo información relevante, abriendo espacios para la reflexión compartida, haciendo incidencia en políticas públicas y acompañando a comunidades y ejidos en los territorios rurales, con el fin de fortalecer sus procesos de gobernanza y de apropiación productiva de sus territorios.
Este es un breve recuento del trabajo más relevante del área de incidencia en políticas públicas del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible durante el 2021. Lo compartimos con esta tarjeta de agradecimiento y de compromiso para continuar nuestro trabajo.
Uno de nuestros proyectos importantes fue el lanzamiento, a inicios del 2021, del sitio web Comunidades y Bosques en México, que recopila la información disponible sobre las autorizaciones de aprovechamiento forestal sustentable, los predios certificados en manejo forestal y la distribución de los apoyos al manejo forestal ejercidos por la Comisión Nacional Forestal. Comunidades y bosques en México es el único espacio en el que se reúne y sistematiza la información sobre los aprovechamientos forestales que se enceuntra dispersa en distintas instituciones, no tiene precedente. Este sitio web es fundamental para la toma de decisiones relacionadas con los emprendimientos forestales comunitarios.
A inicios del 2022 lanzaremos una nueva sección de este sitio web que presentará la información sobre las autorizaciones y avisos vigentes de aprovechamiento de productos forestales no maderables como la resina de pino, la candelilla y la lechuguilla, entre otros.
Esperamos que este aporte contribuya a un mejor entendimiento del sector forestal y a valorar los esfuerzos y trabajo de las familias campesinas que manejan estos ecosistemas.
Por otra parte, aún hay obstáculos que limitan el crecimiento y consolidación de las empresas forestales comunitarias, entre ellos, la enorme carga regulatoria que deben sortear para manejar sus bosques. Esta situación que era de por sí difícil desde años atrás, se ha agravado con el adelgazamiento de instituciones como la Semarnat y con la emergencia sanitaria por el COVID-19, pues se han incrementado los tiempos de espera para la dictaminación de los planes de manejo y para la expedición de la papelería para el transporte y transformación de la madera. Esto afecta gravemente a las empresas forestales comunitarias, se traduce en mayores cargas administrativas, mayores gastos y, en algunos casos, llega a afectar el calendario de producción.
Para enfrentar esta situación, elaboramos el documento 5 propuestas para una tramitología forestal más eficiente que facilite el manejo sustentable de los bosques, que resalta la necesidad de contar con: 1) Trámites electrónicos. 2) Sistema de evaluación automática de los cálculos empleados para los programas de manejo forestal y modificación de la NOM-152-Semarnat-2006. 3) Publicación de principios, criterios y procesos de evaluación de trámites forestales. 4) Repositorio electrónico de documentos de los dueños y dueñas del bosque. 5) Armonización de la normatividad de vida silvestre, impacto ambiental y aprovechamiento forestal para unificar procesos y disminuir cargas innecesarias de requisitos.
Con estos 5 pasos los beneficios son: reducción de tiempos de respuesta; reducción de costos para los dueños y dueñas de los bosques; reducción de costos para Semarnat; mayor transparencia a lo largo de todo el proceso de resolución de trámites y reglas claras que den certidumbre a los dueños y dueñas del bosque para incentivar la inversión de tiempo y recursos que se necesita para iniciar un aprovechamiento forestal legal. Este documento ya fue entregado a las autoridades del sector de la Semarnat, que lo están revisando actualmente.
Hacer más eficiente la tramitología y menos costosa en términos económicos y de esfuerzo ayudaría a incrementar la producción forestal del país, que mantiene una tendencia de estancamiento y que presenta una balanza comercial muy deficitaria. Sobre este tema, también realizamos y presentamos la investigación La producción forestal en México a lo largo del tiempo: avances y retrocesos, hace un análisis de la producción forestal en el país en el periodo de 2003 a 2017 y señala algunos de los principales factores que han impedido que la producción crezca.
Para entender qué está pasando con el sector forestal en México es indispensable comprender qué está sucediendo con los recursos que llegan al sector y cuáles son los cambios de enfoque, reglas y asignación presupuestal que han tenido los subsidios otorgados por Conafor en la nueva administración. Para analizar este tema, elaboramos el documento ¿Hacia dónde van los apoyos al sector forestal en la nueva administración?
Como parte de nuestro compromiso con las comunidades forestales, este año que concluye documentamos el buen manejo forestal que realizan ejidos de Huayacocotla, Veracruz; Texcoco, Estado de México y Tulancingo, Hidalgo. El buen manejo que llevan a cabo los ejidos forestales garantiza la conservación de los bienes forestales en el largo plazo, detona las economías locales al generar empleos y recursos para las familias que habitan en la región y es la mejor forma de proteger los territorios rurales frente a amenazas como plagas, incendios y la tala ilegal, entre otros.
La actividad minera es una de las que mayor presión ejerce en los territorios comunitarios. A lo largo del 2021 dimos continuidad al trabajo con la Colectiva Cambiémosla Ya (integrada por el Consejo Civil, el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM; Fundar, centro de investigación y Análisis, la Clínica para la justicia ambiental Berta Cáceres de la UIA, Proyecto Poder, Engenera, Cartocrítica y Fundación Heinrich Böll), que busca modificar el marco legal minero y en la que participamos organizaciones civiles, academia, comunidades y organizaciones campesinas. Entre las actividades que llevamos a cabo para buscar este cambio está el lanzamiento público de la campaña, la preparación de un sitio web con materiales descargables para compartir, la preparación de un número de La Jornada Ecológica sobre el tema y la presentación de la iniciativa con diversos actores de gobierno y con legisladores. Finalmente, el pasado 15 de diciembre la iniciativa fue presentada en comisiones, por lo que ahora sigue una ardua lucha por lograr que más legisladores y legisladoras de ambas cámaras adhieran a la propuesta y pongan por delante el interés público, el medio ambiente y los derechos humanos.
En el año que concluye también lanzamos la segunda emisión de la Documentación Colectiva Así se ve la minería en México 2021, para reunir imágenes de los impactos que la minería está dejando en los territorios, en los medios de vida de las comunidades y de las resistencias a tales proyectos.
Como parte de este proyecto, las fotografías de la convocatoria 2020 fueron reunidas en un libro del mismo nombre, mismo que daremos a conocer a principios del 2022; esta publicación es una coedición en la que también participan el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM; Fundar, centro de investigación y Análisis, la Clínica para la justicia ambiental Berta Cáceres de la UIA, Proyecto Poder, Engenera, Cartocrítica y Fundación Heinrich Böll. Con este libro buscamos impulsar la convicción de que es urgente, necesario y justo modificar el marco legal minero.
Asimismo, desde el 2020 participamos en la coalición Fuera Minería de ANP, con la que buscamos que se prohíba la minería en las áreas naturales protegidas. Gracias al impulso y el trabajo hecho en esta coalición, el pasado 3 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la modificación del art. 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir de manera expresa las actividades mineras en las ANP, áreas que han sido protegidas por albergar a miles de especies o por los servicios ecosistémicos que nos brindan. A pesar de su estatus, actualmente en las áreas naturales protegidas del país hay 73 proyectos mineros en operación y por lo menos 65 basureros de residuos mineros dentro de ellas. En el 2022 continuaremos trabajando para que el Senado apruebe ya esta modificación fundamental para proteger los bienes naturales del país.
Como parte del trabajo de investigación y documentación de los impactos de la minería en los territorios forestales, elaboramos el reporte Bosques comunitarios y minería en México, en el que, a través de un análisis cartográfico, dimos a conocer el otorgamiento de concesiones a empresas mineras en los territorios forestales del país.
A lo largo del 2021 el CCMSS ha colaborado en la consolidación de la Iniciativa Comercial Obio: comunidades y productos sustentables. Esta iniciativa, a la cual se sumó el Consejo Civil desde el 2020, está conformada por 24 cooperativas y organizaciones comunitarias de los estados de Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Puebla y Oaxaca. La iniciativa busca abrir canales de comercialización para la venta a precios justos de los productos elaborados por las cooperativas campesinas de estas entidades. La iniciativa ha logrado avanzar y actualmente esos productos se pueden adquirir en la Tienda UNAM. Las organizaciones y cooperativas que participan han asumido el compromiso de ofrecer productos elaborados con prácticas agroecológicas y de comercio justo. Adquirirlos significa apoyar a las familias campesinas que obtienen sus medios de vida a través del aprovechamiento y el buen manejo de los bosques y selvas del país.
Uno de los temas que preocupa al Consejo Civil y que está en el centro de todas las amenazas que enfrenta la propiedad social en México es su privatización, a través de procesos legales e ilegales e incluso a través de procesos “renta” de la tierra, para dar paso a proyectos que terminan por erosionar la vida en comunidad y la gobernanza interna de las comunidades y por arrasar con los bosques, selvas, mangles y toda la biodiversidad que albergan.
Para denunciar estos procesos, hicimos un primer acercamiento a lo que está sucediendo en la Península de Yucatán. El documento Tres décadas de privatización y despojo en la Península de Yucatán da cuenta de los diversos modus operandi, con los que una mafia agraria integrada por empresarios y funcionarios ha venido apropiándose de los territorios que pertenecen a los núcleos agrarios para transformarlos en negocios inmobiliarios, turísticos, agropecuarios, entre otros.
Si bien la Península de Yucatán está viviendo este proceso de privatización de manera acelerada, este fenómeno se da a nivel nacional, de ahí que, junto con el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, organizamos dos seminarios sobre este tema. Uno se enfocó en el tema de la privatización social y otro sobre la política agraria que México necesita para enfrentar los retos del siglo XXI.
Para explicar qué perdemos cuando se pierde la propiedad social, hicimos esta infografía.
Continuaremos trabajando en el 2022 para visibilizar este tema y todas las problemáticas que lo rodean. Una de esas problemáticas es la relacionada con la continua violación de derechos de los pueblos y comunidades que habitan y son dueños de los territorios rurales. Para fortalecer el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades, colaboramos también con la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía, ALDEA, con quienes impulsamos cambios legislativos para fortalecer el derecho pleno a los territorios indígenas.
Es importante mencionar otro eje central de nuestro trabajo: el de poner en la agenda pública temas relevantes para las comunidades, los territorios rurales y para el medio ambiente. Una parte importante de esta labora la llevamos a cabo en coordinación con el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, con el que impulsamos la discusión pública con actores de diversos sectores. En el espacio que hemos construido con el SUSMAI hemos abordado temas tan distintos como las políticas públicas relacionadas con el sector ambiental y con las regiones rurales, la agenda ambiental necesaria para la nueva legislatura, la reconstrucción postcovid, los impactos de la minería en las regiones rurales, los impactos económicos de la asignación presupuestal, la relevancia y las lecciones de las gobernanzas comunitarias que caracterizan a nuestro país, entre otros. Cerramos el año con un espléndido análisis sobre las implicaciones del acuerdo para otorgar autorizaciones provisionales a las obras de gobierno, publicado en el DOF el pasado 22 de noviembre.
Además del trabajo del área de políticas públicas, el Consejo Civil tiene dos oficinas regionales, ubicadas en la cuenca de Amanalco-Valle de Bravo, en Estado de México, y en José María Morelos, Quintana Roo, que mantienen un continuo trabajo con las comunidades, ejidos y organizaciones comunitarias que residen y manejan los territorios. Este trabajo indispensable contribuye a fortalecer las gobernanzas comunitarias, los procesos productivos sustentables y la participación de personas avecindadas -mujeres y jóvenes- en los territorios comunitarios.
Este es un breve recuento de lo que hemos hecho en este año; aprovechamos para refrendar que seguiremos trabajando en el fortalecimiento de las comunidades y ejidos del país, como vía para lograr el desarrollo social, cultural y ambientalmente sustentable.