9 agosto, 2017, Por: Gerardo Suárez
9 de agosto, Día internacional de los pueblos indígenas
Las comunidades locales y los pueblos indígenas de México son actores fundamentales para la conservación de la enorme riqueza cultural y natural de nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 39 por ciento de los bosques y 60 por ciento de las selvas se encuentran en regiones indígenas. Asimismo, muchas de las principales Áreas Naturales Protegidas cuentan con población indígena, que ha contribuido a la generación y conservación de la biodiversidad a través de su uso sostenible.
En el marco del Día internacional de los pueblos indígenas, que se conmemora este 9 de agosto, vale la pena subrayar que en México, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), alrededor de 5 millones de personas pertenecientes a alguna etnia habitan en ecosistemas forestales, es decir, más de 41 por ciento de la población indígena vive y depende en gran medida de los bosques para satisfacer sus necesidades de alimentación y generación de ingresos, entre otras.
Muchas de las comunidades originarias, dueñas o legítimas poseedoras de los bosques y selvas del país, viven en condiciones de pobreza y marginación. Viven en pobreza a pesar de la gran riqueza natural que poseen. Esto se debe, entre otras cosas, a un conjunto de elementos que obstaculiza su desarrollo y a la falta de opciones para aprovechar y potenciar sus capacidades productivas.
No obstante, existen muchos ejemplos loables de empoderamiento de comunidades forestales indígenas que a través de su arraigo a la tierra y del manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales han logrado consolidar empresas comunitarias, como los ejidos de Amanalco, en Estado de México; Ixtlán de Juárez y San Pedro el Alto, en Oaxaca; San Juan Nuevo, en Michoacán; o el Ejido Caobas, en Quintana Roo. Así como estos ejemplos, operan en México más de 900 comunidades forestales en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Edomex. De hecho, 90% de la producción forestal nacional proviene de bosques manejados por comunidades y ejidos que controlan en diferentes grados los procesos productivos.
Estas empresas forestales comunitarias, además de fomentar la conservación y el uso sustentable de sus bosques, han mejorado considerablemente el nivel de vida de sus comunidades, pues destinan un promedio de 30% de sus utilidades a obra social, como la construcción de escuelas, caminos, clínicas, tiendas de abastos, centros comunitarios, entre otras obras.
A diferencia de las empresas privadas, las empresas forestales comunitarias tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de vida y generar empleos para los miembros de la comunidad y mantener las funciones ecológicas de sus bosques. Estas empresas han avanzado significativamente y mejorado sus prácticas silvícolas, de tal manera que el Forest Stewardship Council (FSC), la más importante entidad certificadora internacional, ha certificado el buen manejo de más de 900 mil hectáreas de bosques comunitarios del país. Adicional a esa cifra, cerca de 5 millones de hectáreas de estos ecosistemas están bajo diversos esquemas de manejo forestal administrados por comunidades campesinas e indígenas, de acuerdo con el Programa Estratégico Forestal 2025 de México.
Estos modelos de producción sustentable han enfrentado en años recientes serios problemas y una serie de trabas que obstaculizan el pleno derecho de las comunidades a manejar sus territorios. Los complicados y caros procesos de tramitación de permisos de aprovechamiento forestal, la excesiva carga fiscal y regulatoria, la persecución de autoridades de inspección y vigilancia; junto con una orientación equivocada de los programas de subsidio, son causantes del debilitamiento de diversas iniciativas comunitarios vinculadas al aprovechamiento de los bosques.
A propósito de la conmemoración del décimo aniversario de la Declaratoria de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, en cuya elaboración México participó, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hace un llamado a promover decididamente el desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas del país. Es urgente hacer una revisión crítica de la intervención gubernamental en las zonas rurales e indígenas, pues a lo largo de los años se ha puesto énfasis en el desarrollo de programas asistenciales y subsidio al consumo, lo que ha resultado contraproducente y ha generado graves daños a las economías locales.
“Llegamos a los 10 años de esta declaratoria y nos encontramos con la ausencia de un compromiso gubernamental para el impulso a la producción rural campesina. La política pública hacia las regiones campesinas ha provocado el despojo de tierras, favoreciendo el desarrollo e inversión de grandes proyectos agroindustriales privados sobre territorios indígenas y campesinos. Esto no sólo contraviene los principios de la Declaratoria, sino que además ha roto el tejido social de las comunidades, destruido sus recursos naturales y sus modos de vida tradicionales y mermado su calidad de vida”, afirmó Raúl Benet, coordinador de políticas públicas del CCMSS.
De acuerdo con el artículo 29 de la Declaratoria de ONU, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos”. Esto además es congruente con lo que señala el artículo segundo de la Constitución Mexicana, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.
Estos principios y derechos, entre otros, claramente están siendo infringidos en México, donde los pueblos indígenas hoy enfrentan fuertes presiones para obligarlos a ceder sus territorios a mega-proyectos como las plantaciones de palma africana y el cultivo de la soya en Campeche; los desarrollos mineros en Guerrero y los desarrollos turísticos en las costas del Pacífico.
Es urgente instrumentar cambios profundos en la intervención gubernamental orientada a las comunidades campesinas e indígenas, y tomar las medidas necesarias para asegurar la alineación de la inversión pública hacia el campo ya que hasta ahora ésta se ha quedado en los discursos y en la retórica. Hoy cada dependencia opera de manera aislada, sectorialmente, sin la voluntad de coordinar acciones, sin un enfoque de desarrollo territorial y con programas claramente contradictorios que resultan nocivas para las comunidades y sus territorios.