La extracción a gran escala de minerales es una actividad que conlleva consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Si bien estos minerales sirven como insumo a diversas industrias, el costo medioambiental y social de esta actividad ha probado ser cuando menos delicado y, en muchos casos, devastador.
El hecho de que la minería se haya convertido en una fuerza principalmente destructiva tiene que ver, como en muchas otras aristas relacionadas a la conservación o destrucción del medio ambiente, de los recursos naturales y de las comunidades que pueblan las áreas naturales, con el diseño de políticas públicas que regulen, dejen de regular o incentiven, dicha actividad.
En el caso de México la minería es por ley considerada de “utilidad pública” (artículo 6 de la Ley Minera), lo cual le otorga preponderancia frente a cualquier otra actividad con la que pueda disputarse el territorio –exceptuando la explotación de hidrocarburos y el servicio público de energía eléctrica–, por ejemplo la agricultura, el turismo o la ganadería. En la práctica, esta actividad ha demostrado privilegiarse por encima de cualquiera de las posibles contrapartes, comenzando por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) de los habitantes.
La situación se complejiza si consideramos que el 13.5% del territorio de este país se encuentra concesionado a empresas mineras –dato compartido recientemente por Mathieu Tourliere, en un reportaje para la revista Proceso titulado “El país, una gigantesca concesión”–; situación que coexiste con el hecho de que más de la mitad del territorio mexicano es propiedad social, lo cual obliga a negociaciones entre mineras y ejidatarios y comuneros, en las que generalmente estos últimos salen perdiendo. A lo anterior debe agregarse el que la Ley Minera hace sujeto de expropiación a todo terreno donde se encuentren los minerales, y que muchas de las labores de explotación, o incluso exploración, por parte de las mineras dejan los suelos inservibles para su futuro aprovechamiento –tras, por ejemplo, contaminación, deforestación, erosión y pérdida de suelo fértil.
Durante décadas recientes, pero siendo una tendencia acelerada, empresas nacionales e internacionales –principalmente canadienses– se han apropiado de una porción significativa del territorio mexicano a costa del medioambiente y de las comunidades que históricamente habitan, y en muchos casos incluso poseen legalmente, dichas tierras. En 2016 estaban vigentes más de 25 mil concesiones mineras.
Los derechos de las comunidades indígenas y locales de México al agua y a la salud, a la vivienda y al territorio, a la consulta y consentimiento libre, a la autogestión y participación, son solo algunos de los que se ven arrebatados por los intereses de las grandes mineras, en una dinámica avalada por la actual legislación.
En el documento “Las actividades extractivas de México: estado actual (Anuario 2016)”, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. se advierte sobre la amenaza que representa la actividad minera para, en primer lugar, las comunidades indígenas y la población campesina, y en segunda instancia para la sociedad en general:
La extracción de minerales e hidrocarburos genera daños a las poblaciones donde se llevan a cabo los proyectos, las cuales ven afectada su salud, su acceso al agua y a alimentos saludables, y hasta su identidad cultural y su supervivencia en el caso de los pueblos indígenas y campesinos. Afectaciones que también llegan a la sociedad en general, a través de la contaminación de fuentes de agua, de zonas de producción de alimentos y de la atmosfera, de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático y de la pérdida de biodiversidad y el daño de los ecosistemas y los territorios, por poner algunos ejemplos.
Existe un argumento, el de la riqueza que promete esta actividad para los países en donde se lleva a cabo, que esgrimen los promotores de la minería pero que ha resultado probadamente falso en la práctica –y que aún si fuese cierto no justificaría los costos sociales y medioambientales que implica la minería–. Según un estudio de Arborvitae (IUCN, WWF), aquellos países “ricos en recursos minerales tienden a tener tasas de crecimiento económico más lentas, niveles más bajos de bienestar social y distribuciones de ingreso mucho más asimétricas que los países en desarrollo no dependientes de minerales”.[1] En el caso de, por ejemplo, los proyectos Mezcala, en Guerrero, y Peñasquito, en Zacatecas, “por cada mil dólares de mineral extraído y vendido la corporación toma $999.82 y las comunidades reciben solo 18 centavos de dólar”.[2]
Si analizamos a grandes rasgos la situación de la minería en México, considerando los datos anteriormente expuestos, podemos concluir el siguiente escenario:
La Ley Minera, promulgada en 1992, y con cuatro modificaciones posteriores, privilegia drásticamente esta actividad por sobre los derechos de las comunidades y , no solo considerándola de “utilidad pública”, con la prioridad que dicho estatus le concede, también facilitando la expropiación de territorio que aloje mineras e incluso otorgándole un acceso preferente al agua en los lugares donde opera sus proyectos. Proporcionalmente, deja en un estado de alta vulnerabilidad a los grupos que, viéndose irreversiblemente afectados por esta actividad, tratan de defender sus derechos.
Una buena parte del territorio mexicano se encuentra concesionado a mineras –más de 18 millones de hectáreas asignadas vía 25,178 concesiones–. Esto provoca que los recursos naturales y las comunidades que se encuentran dentro o en relación con este territorio, se encuentren amenazados por actividades mineras, a las cuales tienen que enfrentar de acuerdo a un marco legislativo desfavorable: en las últimas dos décadas se han registrado decenas de problemas entre comunidades y empresas mineras, y entre los más de 300 casos registrados de ataques contra defensores del territorio que señala Fundar, muchos de ellos estén relacionados con intereses mineros.
Así que mientras no exista un marco jurídico que anteponga a la explotación de minerales los derechos de las comunidades y la conservación del patrimonio biocultural del país, difícilmente la minería dejara de ser un motor de depredación en México.
[1] Forest Peoples Programme (2003), ”La Minería y su grave impacto sobre los Bosques y los Pueblos”.
[2] Guzmán López, Federico; “Impactos ambientales causados por megaproyectos de minería a cielo abierto en el estado de Zacatecas, México” (2016).
