México, Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2018
A los Senadores de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional,
A los legisladores de la LXIV Legislatura,
Al Presidente Electo Andres Manuel López Obrador,
A la C. Graciela Márquez Colín
A la C. Josefa González Blanco Ortiz Mena
A la opinión pública
CONSIDERANDO
- Que la Ley Minera vigente ha permitido que las autoridades pongan a disposición de las empresas las tierras y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, al considerar que la actividad minera es de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
- Que el marco normativo minero otorga amplias y excesivas prerrogativas a los concesionarios mineros, compensadas por escasas obligaciones
- Que las concesiones mineras ocupan el 10.79% del territorio nacional y tienen una duración de 50 años, con una posibilidad de prórroga automática de otros cincuenta años
- Que el marco normativo minero vigente es contrario a los derechos de comunidades rurales, mestizas e indígenas, los derechos de los trabajadores mineros y las prioridades de conservación del medio ambiente y de los servicios ambientales que el mismo provee
- Que existen 122 conflictos sociales generados por la promoción de actividades mineras en México
- Que algunos métodos de explotación como la minería a gran escala a partir de tajos a cielo abierto, la lixiviación con cianuro o la minería submarina generan daños graves e irreversibles a los territorios y a la población que los habita y que existen antecedentes internacionales de prohibición de algunas de estas técnicas
- Que las actividades de exploración, extracción y beneficio minero representan tan solo el 0.97% del Producto Interno Bruto de México
- Que las actividades mineras generan tan solo 120,246 empleos directos (en actividades de exploración, extracción y beneficio) equivalentes al 0.21% de la Población Económicamente Activa
- Que, a pesar de las cuantiosas ganancias que obtiene este sector, tan solo contribuye con el 0.57% de la recaudación total de la federación
- Que, en promedio, el 50% de la población que vive en los principales centros productores de oro y plata se encuentra en serias condiciones de pobreza y pobreza extrema, en ocasiones sin acceso a servicios básicos, lo cual demuestra que la actividad minera no ha sido un motor de desarrollo local para ellos.
Las organizaciones y particulares que suscriben este comunicado manifestamos que el marco normativo que rige las actividades mineras en México requiere una revisión profunda. Las iniciativas de las Senadoras Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y Angélica García Arrieta, que proponen modificaciones a la Ley Minera presentan algunos avances; sin embargo consideramos que el marco normativo minero requiere urgentemente una propuesta de reforma mucho más profunda que las presentadas hasta ahora. Encontramos que no todo el contenido de las propuestas se encuentra armonizado con el marco internacional de derechos humanos que permite el respeto, protección y garantía de los pueblos, comunidades y personas, por lo que nos permitimos hacer a ustedes las siguientes observaciones, a fin de que la revisión que se requiere sea en verdad profunda y con respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, manifestamos nuestro extrañamiento con respecto a las recientes declaraciones por parte de representantes de la Cámara Minera de México (Camimex), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y algunos voceros de estos sectores en la prensa, que califican cualquier iniciativa de modificación del marco normativo minero como “aventurismo legislativo” y que especulan sobre una posible desestabilización de la economía mexicana en caso de que los legisladores, en pleno uso del mandato constitucional que el electorado les ha conferido, opten por proponer cambios al mismo.
Con base en lo anterior, los abajo firmantes exigimos:
- Que se establezcan foros públicos de discusión del marco normativo minero en las Cámaras legislativas federales que cuenten con la participación de integrantes de comunidades afectadas por actividades mineras, integrantes de movimientos de defensa del territorio frente al avance de actividades mineras, organizaciones de la sociedad civil y académicos.
- Que los legisladores de la LXIV tomen en cuenta las propuestas y observaciones de estos sectores en la elaboración de iniciativas de reforma al marco normativo que rige las actividades mineras.
- Que participen integrantes del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador en estas discusiones, particularmente los próximos titulares de la Secretaría de Economía y de la Subsecretaría de Minería de esta misma dependencia, para que tengan conocimiento de los argumentos de sectores distintos a las grandes empresas mineras; particularmente los próximos titulares de la Secretaría de Economía y de la Subsecretaría de Minería de esta misma dependencia.
- Que se dé cumplimento a los tratados y convenios que el Estado mexicano ha firmado y ratificado en materia de derechos de los pueblos indígenas y campesinos, así como ambientales, como una parte fundamental del trabajo que se debe realizar en la materia.
- Que se reforme el marco normativo que rige las actividades mineras tomando en cuenta los intereses de las poblaciones afectadas o potencialmente afectadas por estas actividades, que se anteponga ante todo los derechos de las comunidades dueñas de los territorios y se dé prioridad a la conservación del medio ambiente y los servicios ambientales que este provee.
- Que los procedimientos de consulta en esta materia respeten y garanticen el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades
- Que se derogue el carácter de utilidad pública que gozan estas actividades, así como la preferencia que sostienen, de acuerdo con la Ley Minera, frente a cualquier otro uso u aprovechamiento del terreno.
ATENTAMENTE
ORGANIZACIONES
Agua para Todos, Agua para la Vida
Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas (CECADDHI)
Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos
Centro para la Diversidad Biológica
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)
Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Greenpeace México
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)
Mujer y Medio Ambiente
Organización por Baborigame
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)
Wildlands Network
PARTICULARES
Dra. Aleida Almazán
Dra. Helena Cottler
Lourdes Gallardo
Dr. Rodolfo García Zamora
Dr. Jorge Peláez Padilla
Maritza Rodríguez Flores
Hilda Salazar
Dra. Marcela Torres Wong
