9 octubre, 2024, Por: CCMSS
El país cuenta con una extensión forestal de más de 138 millones de hectáreas que equivale al 71% de la superficie nacional. De esta superficie 66 millones están cubiertas por bosques y selvas y en estas áreas viven 11.8 millones de personas.
Las áreas forestales de México son de enorme importancia para miles de comunidades rurales, dado que el bosque es fuente de materiales para la construcción de sus casas, alimentos, leña, carbón, y plantas medicinales, entre otros. Los bosques son también fuente de empleos e ingresos para muchas comunidades que realizan actividades de aprovechamiento forestal comercial, de productos maderables y no maderables.
El mantenimiento y conservación de las áreas forestales son fundamentales para garantizar los medios de vida de las poblaciones rurales y de las ciudades. En estas áreas, se recargan los acuíferos que proveen el agua que se utilizan en los poblados, las zonas urbanas y los distritos de riego; agua también fundamental para el mantenimiento de los ríos, cuerpos de agua dulce y sistemas lagunares.
Los ecosistemas forestales cumplen funciones críticas para mitigar las graves crisis ambientales actuales como: el calentamiento global y la pérdida acelerada de la diversidad biológica. La permanencia y cuidado de los bosques mantiene y da viabilidad al hábitat de miles de especies de flora y fauna, y favorece la captura y almacenen bióxido de carbono, contribuyendo así a reducir los efectos del cambio climático.
A diferencia de la mayoría de los países del mundo, en México, las comunidades y ejidos son dueños de la mayor parte de la superficie forestal del país, que equivale a 40% del territorio nacional. Esta particularidad referente a la propiedad de la tierra ha permitido a cientos de comunidades desarrollar sus propias iniciativas de conservación y manejo del bosque y a la par, fortalecer el tejido social y la gobernanza del territorio.
De esta manera hoy en día más de 14,000 comunidades poseen al menos 200 hectáreas de bosques o selvas en su territorio y 2,400 de ellas han estructurado y puesto en marcha un programa de manejo para el aprovechamiento forestal. El trabajo y permanencia de las comunidades en el territorio ha sido un elemento clave para su resguardo, protección y conservación.
En los últimos 10 años, la problemática en las regiones forestales se ha vuelto mucho más compleja y la situación en muchos lugares es crítica. Hoy día se están enfrentando problemas que amenazan seriamente la permanencia de los bosques y la viabilidad de muchos proyectos comunitarios. El avance del crimen organizado y el control de los territorios es alarmante.
La tala ilegal, los incendios y las plagas forestales, el cambio de uso de suelo para el establecimiento de huertas, cultivos agrícolas, actividades ganaderas, así como el desarrollo urbano han crecido a pasos acelerados. Frente a esto procesos destructivos se tiene una acción gubernamental claramente limitada e insuficiente, que deja a las regiones forestales en condiciones de una alarmante vulnerabilidad.
1. Las instituciones ambientales federales (Semarnat, Conafor y Profepa) ha sido enormemente debilitadas; carecen de recursos, de capacidades y de personal suficiente, para enfrentar la compleja problemática de las regiones forestales.
2. Los trámites en la Semarnat para gestionar autorizaciones para el aprovechamiento forestal y la documentación de transportación de productos son largos y complicados y afectan la producción y comercialización de productos forestales de los ejidos y comunidades.
3. El esquema fiscal impuesto a las empresas forestales comunitarias conlleva cargas fiscales excesivas y no considera su objeto social, ni las particularidades de la operación forestal; todo lo cual desincentiva en gran medida las iniciativas productivas comunitarias. Las empresas comunitarias no tienen fines de lucro y desde las instituciones de gobierno se desestima sus contribuciones a la conservación forestal, al desarrollo social, a la creación de empleos e ingresos para los comuneros y ejidatarios
4. Existen brechas y obstáculos para la obtención de créditos, y se cuentan con pocas alternativas desde las instituciones para promover el financiamiento que complementen los escasos subsidios gubernamentales.
5. El crimen organizado ha ido creciendo en las regiones forestales, extorsionan a los ejidos y comunidades con pagos derecho de piso y toman el control del territorio sin que exista una estrategia gubernamental clara para revertir ese proceso.
6. El cambio climático afecta a los bosques y cada vez más se presentan plagas e incendios forestales con mayor frecuencia e impacto.
7. No existen programas efectivos que coadyuven en los esfuerzos de protección, defensa, conservación y manejo forestal de las comunidades y ejidos; instituciones como Conafor han disminuido notablemente su la capacidad para contribuir en estas actividades que son sustantivas para la permanencia de los bosques y sus servicios ambientales.
Ante esta situación convocamos a las nuevas autoridades federales que tendrán a su cargo el desarrollo de las políticas forestales del país, a reunirse con las comunidades y ejidos para abrir un diálogo permanente que permita poner en marcha una política forestal que aborde de manera seria las grave problemática que enfrentan los territorios forestales comunitarios.
Aquí incluimos los puntos más relevantes:
• Política forestal diferenciada de acuerdo con cada región forestal.
• Necesaria una instrucción fuerte que guíe la política forestal, con presupuesto y personal suficiente con capacidad de contribuir de manera efectiva a enfrentar la grave problemática que enfrenta los territorios forestales comunitarios.
• Se requiere una Procuraduría Agraria y un Registro Agrario Nacional con personal, capacidad y compromiso con la propiedad social, que brinde apoyo a las comunidades en sus esfuerzos por fortalecer la gobernanza, el tejido social y la defensa de la tierra.
• Fortalecimiento y profesionalización de la PROFEPA, de tal manera que suspenda sus acciones de hostigamiento a las comunidades que manejan el bosque y se enfoque en perseguir la tala ilegal y castigar el cambio de uso de suelo realizado por empresas turísticas, inmobiliarias y agroindustriales. Además, con capacidad para poner en marcha una estrategia de freno a los mercados de madera ilegal, concentrándose en la revisión de los centros de consumo de madera.
• En la Dirección de Gestión Forestal de Semarnat y en las Delegaciones se requiere mejorar sustantivamente el sistema de gestión y control forestal para hacerlo accesible y funcional (autorizaciones, remisiones forestales).
• Descentralización de responsabilidades y atribuciones mediante un esquema desarrollo de capacidades de las entidades federativas.
• Coordinación y acción institucional eficaz para frenar el del crimen organizado que hostiga a las empresas forestales comunitarias y arrebata a las comunidades el control del territorio Arcuación de políticas de desarrollo forestal con las de desarrollo agropecuario, para evitar la deforestación y asegurar un manejo integral de los territorios rurales.
• Implementación de un esquema fiscal especial para las empresas forestales comunitarias.
• Compras de gobierno que favorezcan la adquisición de productos de madera provenientes de comunidades forestales.
• Revisión y documentación de los impactos que genera sobre los bosques manejados en México, la importación de productos forestales maderables y no maderables de tal manera que se pueda argumentar el establecimiento de límites.
• Esquemas flexibles de acceso al crédito para iniciativas comunitarias, incentivando el manejo forestal sustentable.
• Apoyar económicamente los esfuerzos comunitarios de protección y conservación del bosque, a través del programa de pago por servicios ambientales y el estímulo a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
• Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para guiar la política de aprovechamiento y conservación.
• Incorporación de nuevas comunidades al manejo forestal sustentable, promoviendo la gestión comunitaria de los recursos forestales.
• Fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias para enfrentar los efectos del cambio climático, incluyendo el manejo del fuego, las plagas y las sequías.
• Política para el sector forestal diseñada juntamente con las comunidades, con objetivos y metas verificables.
• Apoyo a una Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación y Degradación Forestal, centrada en los esfuerzos de manejo y conservación comunitaria.
• Garantizar la información forestal de calidad y continua para la toma de decisiones, incluyendo datos sobre deforestación, comunidades forestales, producción maderable y no maderable.
• Monitoreo y seguimiento de los avances en las metas de manejo forestal sustentable, deforestación y protección comunitaria.
Ejido Nuevo Becal, Campeche.
Bosques y Gobernanza; Chiapas.
CECROPIA, AC, Chiapas.
Ejido El Largo, Chihuahua.
Ejido San Diego de Tenzaens, Durango.
Comunidad de San Bernardino de Milpillas, Durango.
Grupo SEZARIC, Durango.
Ejido Vencedores, Durango.
Unión de Ejidos de Amanalco, Estado de México.
Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.
Pueblos Mancomunados, Oaxaca.
Consorcio Forestal Comunitario de Oaxaca. San Pedro el Alto, Oaxaca.
Unión de Comunidades Forestales Zapotecas-Chinantecas (UZACHI), Oaxaca.
Comunidad de Ixtlán y Unión de Comunidades de la Sierra Juárez (UCOSIJ), Oaxaca.
Ejido de Noh Bec, Quintana Roo.
Ejido Caoba, Quintana Roo.
Ejido Tres Garantías, Quintana Roo.
Ejido Bacalar Quintana Roo.
Ejido X-Yatil, Quintana Roo.
Ejido X-Hacil, Quintana Roo.
Ejido Dziuché, Quintana Roo.
Ejido Nuevo Guadalajara, Quintana Roo.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.