Después de más de dos años de litigio jurídico, el Ejido Dziuché, ubicado en el municipio de José María Morelos, en Quintana Roo, perteneciente al pueblo maya, recuperó -oficialmente- su soberanía sobre una porción de su territorio que, sin su consentimiento, fue incorporada al polígono decretado como Área Natural Protegida “Sistema Lagunar Chichankanab” por el gobierno de Félix González Canto, el 1 de abril de 2011, acto perpetuado por su sucesor, Roberto Borge y, defendido por la actual administración de Carlos Joaquín González.
El pasado 10 de septiembre, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA), publicó en el Periódico Oficial del estado, el Acuerdo del Juzgado Primero de Distrito, que declara insubsistente el decreto de Área Natural Protegida (ANP), con categoría de Reserva estatal, en las tierras del ejido Dziuché. El pasado 20 de octubre, este mismo Juzgado emitió el acuerdo por el cual se da por cumplida la sentencia.
En la publicación, se establece que el acuerdo -firmado por el secretario de la SEMA, Efraín Villanueva Arcos- da cumplimiento a la ejecutoria del 12 de julio de 2019, dictada en el amparo administrativo en revisión 131/ 2019 por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, que modificó la sentencia del 13 de febrero de ese mismo año, emitida por la juez Primero de Distrito, Socorro del Carmen Díaz Urrutia, en el juicio de amparo 293/ 2018, con el efecto de que se excluyeran las tierras del ejido Dziuché y que las disposiciones del decreto no se aplicaran en cualquier superficie del Ejido.
En términos simples, el ejido Dziuché se amparó en 2018 en contra del decreto que crea el Área Natural Protegida. La jueza le concedió la razón, en 2019, pero la SEMA tramitó recursos de revisión ante el Tercer Tribunal Colegiado, argumentando que el Ejido no había acreditado su interés jurídico, que la demanda se presentó a destiempo y que la existencia de la Reserva perseguía la protección de recursos naturales y un ambiente sano. Sin embargo, meses después, el Tercer Tribunal consideró inoperantes tales consideraciones y falló a favor del Ejido, ratificando la sentencia original de la jueza y especificando que el decreto era inaplicable en las tierras de Dziuché.
Ante el mandato judicial, el Gobierno del Estado, la SEMA y el Instituto de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado de Quintana Roo, como autoridades responsables, no tuvieron otro camino que acogerse a la resolución; sin embargo, intentaron simular el cumplimiento de la sentencia, sólo plasmando la exclusión de las tierras del Ejido en documentos administrativos internos, de acuerdo con Briseida Aragón Juárez, abogada senior del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC).
La abogada explicó que, para cumplir con la sentencia, no bastaba hacer la modificación correspondiente mediante procedimientos internos, legalmente debía procederse de la misma forma en que fue creada el Área Natural Protegida, es decir, publicando la sentencia en el Periódico Oficial del Estado, lo cual sucedió el 10 de septiembre pasado, día en que entró en vigor.Para el ex comisariado ejidal, Alberto Burgos, haber logrado que el decreto no aplique en tierras de Dziuché y demostrar el engaño del que fueron objeto, es “un triunfo, un paso muy importante para el Ejido; fue una lucha titánica, de crear alianzas, de mantenerse firme, de organizarnos y de colaboración”.
Oficialmente recuperamos nuestro Ejido; nos lo estaban arrebatando a la mala y eso nos iba a afectar en el presente y en el futuro.
“Había ejidatarios que todavía se mantenían escépticos; dudaban de que se trataba de un despojo, no lograban entender la magnitud de lo que nos habían hecho, cuando sin nuestro consentimiento y, aunque en Asamblea nos habíamos negado a ceder la tierra, años después nos llevamos la sorpresa de que la habían incorporado dentro del Área Natural Protegida”, expresó.
“Ellos alegaban que su deseo era proteger y conservar esa superficie, como un Área Natural Protegida, pero la verdad de las cosas es que, precisamente, se trataba de las mejores tierras y de nuestra laguna, porque nosotros hemos cuidado que se mantengan en buen estado. Nosotros hemos procurado que no se deterioren, ni que se vendan.”
Burgos atribuyó el gane de la primera batalla a la unión, participación, organización y colaboración del Ejido, con el apoyo de asociaciones como ProDESC, que brindó la asesoría legal, y del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), que acompañó el proceso.
El ejidatario manifestó que, de las más de 27 mil hectáreas que componen el Ejido, las mejores tierras quedaban dentro del polígono de Área Natural Protegida, lo mismo que prácticamente la totalidad de la Laguna Chichankanab, declarada sitio RAMSAR en 2005.
“Hay un acuerdo de la Asamblea, en que los ejidatarios nos hemos comprometido a no vender y a conservar, porque entendemos que se trata del patrimonio nuestro y de nuestros hijos, lo que les vamos a heredar, que es la tierra y sus frutos”.
Desde hace varios años el ejido Dziuché destinó alrededor de cinco mil hectáreas de terrenos forestales en esquemas de conservación, como una Unidad de Manejo Ambiental registrada en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otra zona asignada a servicios ambientales. A lo anterior, suman otras cinco mil hectáreas de selva bajo manejo para el aprovechamiento forestal maderable con la autorización de la Semarnat, a partir de un programa de manejo que asegura la sostenibilidad ambiental de la actividad.
“Nosotros aprovechamos la zona, pero cuidamos y esto es constatado por las autoridades. Entonces con el decreto se nos despojaba de la tierra, porque según lo que leímos del decreto, se permite al gobierno celebrar convenios con el sector privado para tomar decisiones de qué se hace o no en nuestra propiedad”, enfatizó.
Añadió que todo proyecto de obra pública o privada a realizarse en las más de ocho mil hectáreas de tierras del ejido que fueron incorporadas al ANP, únicamente requerían de la autorización del gobierno del estado y del municipio, excluyendo al Ejido.
Sara Cuervo, colaboradora del CCMSS en la Península de Yucatán, menciona que el decreto de ANP vulneró la soberanía del ejido Dziuché sobre su tierra y territorio, invisibilizándole y dejándole a terceros el uso y disfrute de lo que legítimamente le pertenece al Ejido y a la comunidad maya que lo habita, cuida, mantiene y que, en él, desde hace casi un siglo reproduce su vida, permitiéndole en el presente tener un territorio conservado en el que siguen expresándose rasgos de una vida comunal.
“Es desafortunado que, haciéndose de los esquemas de conservación, los gobiernos e intereses privados despojen a las comunidades de sus territorios y bienes naturales, empujando a la sociedad a una discusión de si conservar o no la naturaleza, cuando de facto las comunidades indígenas lo hacen, la discusión que se abrió en el caso de Dziuché fue la de los procedimientos ilegales que fueron usados por los gobiernos y con ello la vulneración de los derechos del Ejido”, dijo.
Para la abogada, Briseida Aragón Juárez, la ejecución de la sentencia es total e histórica porque en experiencias previas de litigio en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cumplimiento de las sentencias no se apega con exactitud a lo dictado por las y los juzgadores; sin embargo, esta vez se logró un balance positivo, ya que los argumentos legales planteados al Juzgado de Distrito fueron atendidos, evitando una simulación en su cumplimiento por parte de las autoridades del estado.
“Fue tanta la insistencia del gobierno del estado en llevar a cabo procedimientos ilegales para simular el cumplimiento de la sentencia, que se desarrollaron procesos administrativos para mantener vigente el Decreto, por lo que legalmente se solicitó la intervención del Juzgado, quien previno a funcionarios públicos por el desacato a la ejecución de la sentencia”, mencionó.
La abogada agregó que la sentencia es firme y no puede ser combatida jurídicamente en otra instancia, y aclaró que sus efectos sólo son aplicables para el ejido Dziuché, por lo que el decreto de ANP se mantiene vigente para el resto de la superficie compuesta por tierras de otros ejidos que no recurrieron a las instancias judiciales a solicitar la protección de sus derechos.
El caso del Ejido Dziuché ejemplifica la necesidad de garantizar los derechos humanos, tanto de los pueblos indígenas como de las comunidades indígenas y agrarias, incluyendo el derecho a la participación, a la información en asuntos medioambientales, así como al acceso a la justicia.
Por ello, cualquier proyecto o política pública debe incorporar un enfoque de derechos humanos, y por ende las políticas ambientales no deben excluir a las comunidades que históricamente han sabido conservar, proteger y usar su territorio. Lo anterior, para terminar con los prejuicios normativos que continúan perpetrando la discriminación estructural hacia los pueblos y comunidades indígenas, que asimila a éstos como sujetos incapaces de determinar sus propias prioridades de desarrollo, así como para gestionar y administrar su territorio y sus bienes naturales.
