1 marzo, 2023, Por: Salvador Anta
Si bien la minería en Oaxaca no tuvo el auge que tuvo en el centro y norte del país en los siglos XVI-XVIII, sí se llevó a cabo en diversas regiones del estado y se tiene registro de minas en Ixtepeji, Chichicapan, Nejapa, Teojomulco y Silacayoapan (Escalona, H. 2021).
Las autoridades de la Nueva España otorgaban títulos de concesión a quienes las solicitaban y daban órdenes a las comunidades de indios establecidos en las cercanías de las minas para que asignaran a quienes trabajarían en ellas durante las actividades de extracción y beneficio. Entre 1699 y 1789 operaron 33 minas de 28 compañías en el estado de Oaxaca.
Las relaciones entre mineros, autoridades locales y comunidades indígenas fueron en lo general conflictivas, debido al trato que daban a los trabajadores y las enfermedades e incluso muertes debidas a las condiciones de trabajo que soportaban los indígenas. (Escalona, H. 2021).
Hoy en día, quien otorga las concesiones mineras a las empresas es la Secretaría de Economía. Las concesiones son otorgadas incluso en territorios propiedad de ejidos y comunidades, sin consultar previamente a sus legítimos dueños, violando los derechos de comuneros y ejidatarios. Se estima que actualmente hay concesiones mineras otorgadas en alrededor de entre 18 y 20 millones de hectáreas de superficie del país, es decir, el equivalente al estado de Chihuahua. La información pública sobre el número y superficie de las concesiones es poco confiable ya que las instituciones del gobierno ofrecen información incompleta, contradictoria y desactualizada.
En lo que se refiere al estado de Oaxaca, el Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2020) indica que en Oaxaca en 2019 había 322 concesiones mineras en una superficie de 474,101 ha; mientras que el CCMSS encontró que en 2021 había registradas 328 concesiones en 659,972 ha con información obtenida por el IFAI (Ver Figura 1).
En un estudio sobre la minería en Oaxaca el SGM (2020) identifica que existen nueve regiones mineras de acuerdo con los procesos de mineralización: i) mixteca, ii) Zaniza, ii) Oaxaca, iv) Sierra Juárez, v) Taviche-Miahuatlán, vi) San José de Gracia-Albarradas, vii) Tehuantepec, viii) La Ventosa y ix) Costa.
En la Mixteca se reportan minerales como fierro, zinc, oro y plata. En Zaniza se tiene uno de los yacimientos mas importantes de fierro de Oaxaca y el país; en Oaxaca, oro plata y plomo; en Sierra Juárez: oro, plata, plomo y zinc, al igual que en Taviche-Miahuatlán. En San José de Gracia estos mismos minerales mas cobre; en Tehuantepec, oro, plata, cobre, fierro y ónix; en La Ventosa, fierro y fosforita; y en la Costa, rutilo, ilmenita, fierro y mármol.
En las figuras 1 y 2 se pueden observar una mayor cantidad y superficie de concesiones en las regiones de Valles Centrales en Taviche-Miahuatlán y San José de Gracia-Albarradas, así como en la Sierra Sur en la región de Zaniza. Le siguen Ixtlán de Juárez y Tehuantepec.
Destacan las concesiones mineras otorgadas a corporativos mineros sobre áreas forestales de la Sierra Juárez y Sierra Sur propiedad de comunidades indígenas con una larga trayectoria de manejo, aprovechamiento sustentable y conservación forestal. Dichas concesiones fueron otorgadas sin informar, mucho menos consultar a las comunidades. Otra región emblemática por su biodiversidad son los Chimalapas y las comunidades aledañas, que también hans sido afectadas por concesiones mineras en su territorio y tampoco han recibido información al respecto.
De acuerdo con el SGM, el valor de la producción minera metálica en Oaxaca en 2020, fue de $ 19.7 mil millones del 100% de los productos mineros metálicos; el 70% proviene de la venta de plata que en lo fundamental se extrae a través de las empresas Don David Gold S.A. de C.V en San José de Gracia y Minera Cuscatlán S.A de C.V. en San José del Progreso.
La distribución de beneficios derivados de la actividad es sumamente inequitativa e injusta, ya que son los dueños de estos corporativos nacionales y extranjeros que se quedan con la mayor cantidad de ganancias de recursos que se extraen de territorios comunales y ejidales y que reciben una ínfima cantidad de la riqueza socialmente generada.
En 2017, por la extracción de plata estas empresas obtuvieron ingresos por más de 3 mil millones de pesos y en ese mismo año, entre las dos empresas aportaron tan solo 43 millones de pesos a los municipios a los que pertenecen a través del Fondo Minero (Galicia, M Camacho, J. y E. Santacruz. 2020). Es decir, asignaron tan solo el 0.0000014% de los ingresos obtenidos.
La extracción de plata en el estado de Oaxaca ha ido incrementando de manera notable; en 2016 las empresas produjeron 247.7 mil toneladas, mientras que en 2020 se alcanzaron las 956.6 mil toneladas, es decir que en este lapso se cuadriplicó el volumen extraído de este mineral.
Diversos estudios han documentado que la minería genera importantes impactos al ambiente y a la salud de la población que vive cercana a las mineras que se encuentran en funcionamiento en Oaxaca.
Es el caso de la minera Cuzcatlán, que luego del desbordamiento de la presa de jales en 2018 que desembocó en el Arroyo Coyote, de ahí continuó hasta el pozo de agua que abastece a la comunidad de Magdalena Ocotlán. A partir de esta catástrofe, las comunidades vecinas a la mina solicitaron a Conagua un estudio de la calidad del agua de este arroyo y se encontró que metales como el aluminio, bario, cromo, hierro, manganeso y plomo superaron los niveles permitidos para agua de consumo humano en tres puntos del Arroyo Coyote y el níquel excedió el límite para el agua potable establecido en los criterios ecológicos del gobierno mexicano[1].
La minera de la Natividad también ha tenido desbordes de sus jales que se han vaciado hacia el Río Grande, afluente del Río Papaloapan y los comuneros de Capulalpam denuncian que varios de sus pozos se han secado por la actividad de minera en el subsuelo de su territorio[2].
La minería es la actividad que más violencia genera en México para los defensores del territorio, ya que de acuerdo con el CEMDA, en 2021 este sector provocó 19 eventos de este tipo que representan casi el 18% de las agresiones a este tipo de activistas ambientales en nuestro país[3].
La presencia de empresas mineras en Oaxaca se ha extendido en años recientes, y también se ha incrementado la resistencia de las comunidades para evitar que estas compañías se establezcan en sus territorios.
Una característica importante de la tenencia de la tierra en el estado de Oaxaca es que la mayor parte de la propiedad es social (comunal y ejidal) e incluso donde existe la pequeña propiedad, los dueños de estos predios se organizan en torno a la asamblea general de su pueblo a través de las autoridades municipales. Por esto, se observa el gran arraigo de los habitantes en su mayoría de población indígena a su tierra y territorio.
En Oaxaca el 78% del territorio es de propiedad de comunidades (702) y ejidos (835) que en conjunto abarcan 7.3 millones de ha (ECUSBEO, 2018). Las decisiones sobre el uso del territorio se toman por le general a través de asambleas generales, por los que la entrada o el desarrollo de un proyecto foráneo tiene que pasar por el aval de este órgano de representación y decisión de los dueños y propietarios de la tierra.
Así, las comunidades cuentan con un conjunto amplio de elementos que les permiten frenar e impedir el paso de las empresas mineras y cuando estas han tratado de establecer operaciones mineras sin el consentimiento de los comuneros, se suelen generar graves conflictos socioambientales. Para muestra se analizan algunos casos.
La empresa canadiense “Plata Real” llegó a la comunidad de Magdalena Teitipac, Tlacolula, en 2007 realizando actividades de exploración y explotación y prometiendo beneficios económicos y de infraestructura para la población, y sin impactos ambientales. Esta minera ocasionó división en la comunidad y el rompimiento del tejido social al beneficiar solo a algunos pobladores, a lo que se sumó la contaminación de sus ríos y arroyos.
En 2013 la comunidad decidió expulsar a la compañía de sus territorio y esta en represalia fincó demandas a los líderes de la comunidad que encabezaban la lucha de resistencia. No obstante esta presión legal de la empresa, la comunidad se mantuvo firme en la decisión tomada en la asamblea general y la compañía minera se tuvo que retirar de la comunidad y los representantes comunales dejaron de tener conflictos legales con la empresa “Plata Real”. (Cruz, E. y M. V. 2016).
En los Valles Centrales, en la comunidad de San José del Progreso, la empresa Minera Cuzcatlán filial de Fortuna Silver Mines adquiere la minera “San José” en 2006 y la explotación comercial inició en 2011, luego de tres años de exploración y preparación del sitio.
En ese mismo año la comunidad de San José del Progreso se organiza para exigir la cancelación del proyecto minero y forma la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), integrada por habitantes de San José del Progreso, Maguey Largo, Cuajilotes y Magdalena Ocotlán. La COPUVO denunció que las autoridades agrarias y municipales de San José del Progreso fueron sobornadas por la empresa minera para obtener los permisos necesarios, denunciaron la presencia de grupos armados para intimidar a la población y advirtieron sobre potenciales daños ambientales de la actividad minera (Reyes, N. 2022).
En 2008, la COPUVO decidió cerrar las instalaciones mineras por más de dos meses y bloquear el acceso de un camino local que utilizaría la mina para la realización de sus obras. Ante la llegada de personas armadas a la comunidad que se confrontaron con los opositores de la mina, resultaron muertos el presidente municipal y un regidor del ayuntamiento. En 2010 hubo otro enfrentamiento entre opositores a la mina y empleados de la minera, cuando éstos intentaban conectarse a la toma de agua del municipio, situación que desembocó en la muerte de dos integrantes del COPUVO que fueron agredidos por policías municipales.
En la actualidad Fortuna Silver Mines opera en el estado de Oaxaca con cuatro filiales registradas en México y se hizo propietaria de 26 concesiones ubicadas en los Valles Centrales de Oaxaca, principalmente en los distritos de Ocotlán, Ejutla y Tlacolula, abarcando una extensión territorial de 80 mil hectáreas, que incluyen a 35 municipios, por un periodo de duración de 50 años. (Reyes, N. 2022).
Ante la oposición de las comunidades colindantes a la Minera Cuzcatlán, en enero de 2019, se constituye el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y todos”, el cual tiene por objetivo la defensa del territorio frente a las concesiones y proyectos mineros en la región de Valles Centrales y cuya demanda principal es la cancelación del proyecto minero “San José”. En el Frente participan las autoridades agrarias, municipales y comunitarias de: San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe y San Dionisio Ocotepec.
Las comunidades que integran el Frente han elaborado decretos municipales, agrarios y comunitarios para declarar a sus territorios como libres de la minería.
La compañía minera canadiense Continuum Resources, que opera la mina La Natividad, ha generado problemas ambientales sobre el río Grande que pasa por la comunidad de Calpulalpan en la Sierra Juárez ya que sus jales se han desbordado. En 2005 Capulalpam denunció a la minera ante Profepa por la contaminación del río y la minera de la Natividad que fue suspendida por cinco años[4].
En 2017 Capulálpam presenta nuevamente una denuncia ante Profepa porque la empresa no contaba con manifestación de impacto ambiental y la mina fue clausurada una vez más y debido a ello, ahora ya no procesa los minerales en el lugar, sino que los manda a Monterrey para su procesamiento.
Los conflictos entre Capulalpam y La Natividad, lugar de asentamiento de la mina y localidad constituida por los dueños anteriores de la mina y sus trabajadores, han ido escalando y en 2014, La Natividad impugnó la solicitud de aprovechamiento forestal de Capulalpam ante la Semarnat, lo que generó la suspensión de su programa de manejo. En 2018 un juzgado resolvió el caso a favor de Capulalpam y en 2019 se le autorizó su programa de manejo forestal, sin embargo, el conflicto le significó a Capulalpam cinco años sin poder aprovechar sus bosques. La acción de La Natividad simuló un conflicto agrario donde no existe tal.[5]
En 2020, las autoridades municipales y comunales de Capulalpam realizaron una conferencia de prensa en la Ciudad de Oaxaca ratificando su postura de que el gobierno federal cierre las actividades de la empresa minera, toda vez que Capulalpam ha ganado los amparos para solicitar el reconocimiento de comunidad ancestral y que cancela todas las concesiones. En ese momento la queja fue por la desaparición de varios manantiales de la comunidad por las actividades de perforación de la minera canadiense en la Natividad[6].
Por otra parte, en el 2020 en la región del Istmo, la comunidad de San Miguel Chimalapa se movilizó contra la autorización de la Semarnat a la corporación canadiense Minaurum Gold Corporation. El 23 de julio de 2020, la empresa entregó a la Semarnat una Manifestación de Impacto Ambiental con el fin de obtener un permiso para la “Exploración Minera Santa Martha”, para perforar 20 unidades de barrenación. El proyecto “Santa Marta” planea extraer oro y cobre en un área de 6,410 hectáreas.
Por ello, las autoridades comunales y municipales de San Miguel Chimalapa solicitaron a la Semarnat no otorgar los permisos de exploración, ya que no se cuentan con el consentimiento de la comunidad zoque, y se atenta contra sus derechos como indígenas y dueños ancestrales del territorio que comprende el núcleo agrario de San Miguel Chimalapa. Manifiestan además su preocupación por los impactos ambientales a la flora, fauna y agua de su territorio[7].
Mientras tanto, las autoridades municipales de Zanatepec, incluidas en esta concesión que se extiende por mas de 30 mil ha, decide en una asamblea de la comunidad, declararse como “municipio libre de la minería” para enfrentar cualquier intento de la minera por entrar a realizar trabajos en su jurisdicción municipal en marzo de 2022[8].
La comunidad de San Pedro Quiatoni ubicada entre la Sierra Juárez y la Sierra Mixe lleva 10 años en lucha para que se suspendan las concesiones a la minera “Don David Gold”. De manera engañosa la empresa se estableció en el municipio de Totolapan y desde ahí ha explotado minerales en el territorio de San Pedro Quiatoni. La excavación cruza e invade San Pedro Quiatoni, comunidad que sufre el saqueo de su territorio; a diario salen góndolas con oro y plata y el pueblo no recibe ningún informe o beneficio[9]. La comunidad ha presentado recursos jurídicos contra la empresa para la suspensión de la concesión y de la actividad y ya hay impactos sobre sus ríos y enfermedades entre los pobladores, asociados a la actividad minera.
La comunidad mantiene una solicitud de amparo para la suspensión definitiva de este proyecto, sin resultados hasta el momento.
En Oaxaca, una cantidad importante de comunidades, ejidos y pequeños propietarios han decidido promover modelos de conservación de sus territorios y su biodiversidad a través de áreas de conservación comunitaria reconocidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Por decisiones de las asambleas comunitarias las comunidades han tomado la decisión de segregar áreas de su territorio para la conservación de sus bosques, manantiales, flora y fauna de interés, sitios sagrados, etc. y registran estas áreas ante la CONANP que las certifica como como Áreas Destinadas Voluntariamente para la Conservación (ADVC). De hecho, las ADVC forman parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) y son consideradas como un tipo específico de Área Natural Protegida que se rige bajo la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEEPA).
Las concesiones que la Secretaría de Economía (SE) a otorgada a las empresas mineras no han respetado las ADVC de algunas comunidades. Navarro (2023) encuentra que hay sobrelapamiento entre las concesiones mineras otorgadas por la SE y los polígonos de las ADVC de comunidades como Santo Domingo Cacalotepec, en la Sierra Juárez, con la “Minera Teocuitla” S.A. de C.V.; en San Miguel Chimalapa, en el ADVC de El Retén, donde está la concesión a la empresa “Maya Minas y Minerales”, S.A. de C.V. En la Comunidad de San Juan Guichicovi en el Istmo está la concesión de la empresa “Detector Exploraciones” S.A de C.V.; y las concesiones de la “Minera Aventureros del Yaqui”, S.A de C.V. de Canadá en están ubicadas en propiedades cafetaleras de Pluma Hidalgo[10].
En el estudio de Navarro (2023) se señala que las concesiones abarcan 70 mil ha de áreas forestales de estas ADVC mas otras áreas que están en el Área de Protección de Flora y Fauna del Boquerón en la Mixteca, y una concesión mas en la porción oaxaqueña de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
Está claro que estas concesiones mineras contravienen a la voluntad de las comunidades, ejidos y pequeños propietarios de Oaxaca por establecer áreas de conservación en sus territorios, y no tienen considerado realizar ni aceptar que las actividades mineras se establezcan en sus propiedades.
La minería en Oaxaca ha recibido un fuerte impulso de los gobiernos a partir del 2006, cuando llegaron empresas como Plata Real, Minera Cuzcatlán, Continuum Resources y Minaurum Gold Corporation, que han buscado explotar el subsuelo de los territorios comunales y ejidales.
La intervención de estas empresas se ha hecho al amparo de la Ley Minera vigente en nuestro país, que le da una relevancia sin precedente a las empresas mineras para obtener concesiones para explorar y explotar las recursos minerales pertenecientes a la nación. La Ley Minera otorga importantes privilegios sociales, ambientales y fiscales a las empresas mineras[11].
Por ello la Colectiva “Cambiémosla Ya”, organización integrada por asociaciones civiles, investigadores, poblaciones impactadas por la minería y organizaciones sociales promueve cambios a ley Minera para evitar estos privilegios y tener más elementos de defensa para las comunidades. Las reformas que se proponen se enfocan en seis puntos:
La Ley Minera ha dado a las empresas mineras una enorme influencia y capacidad de captura sobre los gobiernos federal, estatales y municipales, además de que ha legalizado la violación de los derechos de pueblos y comunidades; además, las empresas mineras tienen amplias facilidades y recursos para imponer sus proyectos en los territorios, mientras que las comunidades afectadas por la minería tienen que enfrentarse solas con enormes costos sociales y ambientales.
La violencia sobre los territorios y las comunidades de los proyectos mineros es tal, que no en balde es una de las principales causas de conflictos socioambientales en el país. La experiencia de resistencia que se da en comunidades como Magdalena Teitipac, San José del Progreso, Capulalpam, San Miguel Chimalapa-Zanatepec y San Pedro Quiatoni no es exclusiva de Oaxaca, se extiende por todo el país.
Las comunidades afectadas por proyectos mineros en Oaxaca se han ido uniendo en un frente común contra la minería en el estado y en julio de 2021 emitieron una Declaratoria de Oaxaca Territorio Prohibido para la Minería[12], en la cual las comunidades que integran el “Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y todos”, junto con comunidades como Capulálpam, Magdalena Teitipac, y Santa María Chimalapa manifestaron:
Este frente está siendo apoyado tanto por comunidades como por municipios, como una estrategia para blindarse y protegerse contra futuros intentos de las compañías mineras por penetrar en las comunidades. Este es el caso de los municipios de Zanatepec (marzo de 2022) y Miahuatlán, que en abril de 2019 que declararon a esos municipios libres de la minería[13].
Las comunidades forestales de la Sierra Norte y Sierra Sur cuyos territorios están en las concesiones mineras asignadas por el gobierno federal ya tuvieron en la década de los ochenta del siglo XX, una experiencia y una lucha que logró evitar que las concesiones forestales se volvieran a otorgar a empresas privadas nacionales y paraestatales e incluso contribuyeron a reformar la Ley Forestal en beneficio de las comunidades[14],[15].
En la región chontal, cuando los jóvenes comuneros se enteraron de que su territorio estaba concesionado, formaron un colectivo en defensa de su territorio, la “Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio”, y con asesoría de la asociación civil “Tequio Jurídico” trabajaron sus Estatutos Comunales para prohibir la minería en sus territorios comunales e interpusieron recursos jurídicos para impedir la entrada de la “Minera Zalamera”. En 2020 un juez concedió el amparo para todo el pueblo chontal y la minera decidió desistir a la concesión y las comunidades chontales lograron un importante logro en la defensa de su territorio[16].
La lucha y resistencia ha sido una característica común entre las comunidades oaxaqueñas. Las movilizaciones que han surgido contra la minería en los casos señalados y en las comunidades forestales que también enfrentan a este enemigo común está contribuyendo a constituir espacios y frentes de resistencia con mayor capacidad de respuesta.
[1] https://www.zonadocs.mx/2021/07/05/comunidades-zapotecas-denuncian-problemas-de-salud-por-la-operacion-de-una-gran-minera-en-oaxaca/#:~:text=Expertos%20consideran%20que%20la%20contaminaci%C3%B3n,y%20enfermedades%20respiratorias%20y%20gastrointestinales.
[2] https://ecologica.jornada.com.mx/2022/03/27/extractivismo-de-minerales-en-la-sierra-de-juarez-oaxaca-8839.html#:~:text=Las%20aguas%20del%20r%C3%ADo%20Capul%C3%A1lpam,el%20riego%20de%20los%20cultivos.
[3] https://www.cemda.org.mx/continua-en-ascenso-la-violencia-contra-las-personas-y-comunidades-defensoras-del-medio-ambiente-durante-2021/#:~:text=Durante%202021%2C%20el%20CEMDA%20document%C3%B3,cuando%20se%20registraron%2018%20casos.
[4] https://www.comecso.com/ciencias-sociales-agenda-nacional/cs/article/view/1400/245
[5] https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-capulalpam-comunidad-forestal-modelo-mineria/
[6] https://verdebandera.mx/calpulalpam-gana-amparo-que-cancela-todas-las-concesiones-mineras-en-su-territorio/
[7] https://avispa.org/pueblo-zoque-hace-frente-a-exploracion-y-explotacion-minera-en-los-chimalapas/
[8] https://piedepagina.mx/declaran-a-zanatepec-municipio-libre-de-mineria-en-oaxaca/
[9] https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/14/estados/exigen-que-se-cancelen-concesiones-a-minera-en-oaxaca/
[10] https://avispa.org/mexico-autoriza-concesiones-mineras-hasta-en-areas-protegidas/?fbclid=IwAR2Pmf-iMGHrvY2wOBvPwQjkmLGgT9_cIIkGXnhAvGLXZX62jEnMZEYD94M
[11] https://cambiemoslaya.org.mx/
[12] https://sermixe.org/declaratoriaoaxacavsmineria/
[13] https://tiempodigital.mx/declaran-a-miahuatlan-territorio-libre-de-la-mineria/
[14] https://www.jornada.com.mx/2018/11/17/cam-sierra.html
[15] https://www.ccmss.org.mx/sierra-de-juarez-35-anos-defendiendo-y-manejando-los-bosques/
[16] https://avispa.org/mexico-autoriza-concesiones-mineras-hasta-en-areas-protegidas/?fbclid=IwAR2Pmf-iMGHrvY2wOBvPwQjkmLGgT9_cIIkGXnhAvGLXZX62jEnMZEYD94M