17 agosto, 2026, Por: Sergio Madrid Zubirán
Gonzalo Chapela y Sergio Madrid
Introducción
México presenta ante la comunidad internacional compromisos cada vez más ambiciosos para enfrentar el cambio climático: reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, avanzar hacia una transición energética, detener la deforestación y fortalecer las capacidades de adaptación frente a una crisis cuyos impactos son ya evidentes en todo el territorio nacional. El discurso oficial proyecta así la imagen de un país comprometido con el cumplimiento del Acuerdo de París y con una economía más resiliente y baja en carbono.
Pero el presupuesto cuenta una historia muy distinta. Al revisar dónde coloca efectivamente el gobierno federal los recursos que identifica como destinados a la adaptación y mitigación del cambio climático, aparece una profunda contradicción entre el discurso y las prioridades reales. Una parte abrumadora del presupuesto climático termina concentrada en unas cuantas dependencias y en programas cuya contribución efectiva a la mitigación o adaptación resulta difícil de demostrar, incluyendo megaobras de infraestructura y actividades bajo responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mientras México hace alarde de sus compromisos climáticos en los foros internacionales, las instituciones y programas directamente responsables de proteger los bosques, conservar los ecosistemas, vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental y fortalecer la adaptación reciben una fracción considerablemente menor de los recursos. Este artículo analiza esa contradicción y plantea una pregunta de fondo: ¿el llamado presupuesto climático refleja realmente un compromiso del Estado mexicano frente al cambio climático o constituye, en buena medida, una forma de etiquetar como acción climática un gasto público destinado a otras prioridades?
1. México: un país altamente vulnerable al cambio climático
México se encuentra entre los países más vulnerables a los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica, sus características biofísicas y la elevada exposición de su población y sectores productivos a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Diversos estudios han documentado que el país es particularmente sensible a las variaciones climáticas asociadas a fenómenos como El Niño-Oscilación del Sur, así como al incremento sostenido de las temperaturas y la alteración de los patrones de precipitación.
Las consecuencias de esta vulnerabilidad ya son visibles en amplias regiones del país. Sequías prolongadas, olas de calor, inundaciones, incendios forestales y huracanes ocurren con mayor frecuencia e intensidad, afectando la salud de la población, la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua y la integridad de los ecosistemas. Estos impactos generan costos económicos crecientes y representan un desafío de gran magnitud para las políticas públicas de adaptación y mitigación.
La vulnerabilidad climática de México puede observarse al menos en cuatro ámbitos principales.
Población y salud humana
Más del 70% de la población mexicana habita en zonas clasificadas con distintos grados de vulnerabilidad física y climática. El incremento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor ha provocado aumentos en hospitalizaciones y atenciones de urgencia asociadas a enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Los impactos son particularmente severos para trabajadores expuestos al aire libre, niñas, niños y personas adultas mayores, quienes enfrentan mayores riesgos de afectaciones cardiovasculares y respiratorias.
Sector agropecuario y seguridad alimentaria
Las alteraciones en los regímenes de lluvia y el aumento en la frecuencia de las sequías han reducido la productividad agrícola en diversas regiones del país. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha documentado que numerosas áreas tradicionalmente destinadas a la producción agropecuaria enfrentan crecientes dificultades para mantener niveles estables de rendimiento. En otras regiones, la incertidumbre climática ha modificado los calendarios de siembra y cosecha, afectando la producción de alimentos y elevando los costos para productores y consumidores.
Crisis hídrica y sequías
México enfrenta una presión creciente sobre sus recursos hídricos. La disminución en la recarga de acuíferos, la reducción de los niveles de almacenamiento en presas y el aumento de la demanda de agua han intensificado los problemas de abastecimiento en numerosas ciudades y regiones agrícolas. Esta situación limita tanto el suministro doméstico como la operación de distritos de riego fundamentales para la producción alimentaria.
Comunidades costeras y ecosistemas marinos
Los efectos del cambio climático también representan riesgos significativos para las comunidades costeras y los ecosistemas marinos. Diversas proyecciones indican que el aumento del nivel del mar, la intensificación de eventos meteorológicos extremos y los cambios en la temperatura y química de los océanos podrían generar pérdidas económicas relevantes en actividades pesqueras y turísticas, además de incrementar la vulnerabilidad de asentamientos humanos localizados en zonas costeras.
Los costos asociados a la degradación ambiental y a los impactos del cambio climático ya representan una carga considerable para la economía nacional. El Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas del INEGI estima que el agotamiento y la degradación ambiental generan costos equivalentes a alrededor del 4.1 % del Producto Interno Bruto. A ello se agregan los crecientes costos derivados del cambio climático, asociados al aumento de eventos hidrometeorológicos extremos, pérdidas agropecuarias, daños a infraestructura, afectaciones a la salud y degradación de los ecosistemas.
Frente a este panorama, resulta pertinente analizar si la asignación de recursos públicos destinada a la mitigación y adaptación al cambio climático guarda correspondencia con la magnitud de los riesgos que enfrenta el país y con los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.
Este artículo argumenta que existe una profunda discrepancia entre los compromisos climáticos internacionales asumidos por México y la orientación efectiva de los recursos públicos destinados a su cumplimiento. A pesar de que el Estado mexicano ha adoptado metas cada vez más ambiciosas en materia de mitigación y adaptación, la composición del gasto etiquetado como climático revela una asignación de recursos que difícilmente puede considerarse consistente con dichos compromisos.
2. Los compromisos internacionales de México y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)
México ha participado activamente en los principales acuerdos internacionales en materia de cambio climático y forma parte del Acuerdo de París desde su adopción en 2015. En este marco, el país ha presentado sucesivas actualizaciones de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), instrumento mediante el cual cada Estado establece sus metas y acciones para contribuir a la mitigación del cambio climático y fortalecer sus capacidades de adaptación.
Las NDC constituyen el principal mecanismo de rendición de cuentas climáticas a nivel internacional, ya que permiten evaluar la congruencia entre los compromisos asumidos por los gobiernos y las políticas públicas implementadas para alcanzarlos.
En noviembre de 2025, México presentó una nueva actualización de su NDC (versión 3.0), en la que reafirma su compromiso de contribuir al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París y avanzar hacia una economía resiliente y baja en carbono. Entre los compromisos más relevantes destacan los siguientes:
Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
La NDC 3.0 establece una meta absoluta de emisiones netas para 2035 de entre 364 y 404 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO₂e), en congruencia con el objetivo de alcanzar emisiones netas cero hacia mediados de siglo.
Transición energética
El documento plantea una reducción gradual de la dependencia de combustibles fósiles mediante la expansión de las energías renovables, particularmente solar y eólica. La meta consiste en alcanzar una participación de energías limpias del 38.5% en la generación eléctrica para 2030 y del 43.3% para 2035.
Transporte sostenible
La estrategia contempla la electrificación progresiva del transporte y el fortalecimiento de infraestructura de bajas emisiones, con el propósito de reducir el impacto climático de un sector que representa una proporción significativa de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.
Agricultura, industria y gestión de residuos
La NDC incorpora medidas orientadas a promover prácticas agropecuarias sostenibles, incrementar la eficiencia energética de los procesos industriales y fortalecer esquemas de economía circular para el manejo integral de residuos.
Bosques, selvas y uso del suelo
Uno de los compromisos más ambiciosos corresponde al sector de uso del suelo y recursos forestales. México establece el objetivo de alcanzar la deforestación neta cero para 2035 mediante la implementación de acciones de conservación, restauración ecológica, manejo forestal sustentable, protección de ecosistemas prioritarios y fortalecimiento de la gestión integrada del paisaje.
El cumplimiento de estas metas requiere inversiones públicas significativas, capacidades institucionales sólidas y una asignación presupuestaria consistente con los objetivos planteados. Por ello, resulta indispensable analizar si los recursos públicos etiquetados para mitigación y adaptación al cambio climático se encuentran efectivamente alineados con los compromisos establecidos en la NDC 3.0.
3. El presupuesto climático y la brecha entre los compromisos y la asignación de recursos
En los foros internacionales, México ha reiterado su compromiso con la acción climática y ha presentado metas cada vez más ambiciosas en materia de mitigación y adaptación. Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación incorpora un Anexo Transversal para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, instrumento que busca identificar los recursos públicos vinculados con estos objetivos.
Para el ejercicio fiscal 2026, dicho anexo contempla una asignación superior a 212 mil millones de pesos. A primera vista, esta cifra podría sugerir un esfuerzo presupuestario considerable. Sin embargo, un análisis detallado de la composición del gasto revela una distribución de recursos que plantea interrogantes sobre su contribución efectiva al cumplimiento de las metas climáticas del país.
Diversos análisis realizados por organizaciones especializadas en finanzas públicas y política climática han señalado que una proporción importante de los recursos incluidos en el Anexo Transversal 16 corresponde a programas cuya relación con la mitigación de emisiones o la adaptación al cambio climático no se encuentra claramente sustentada mediante indicadores verificables o metas específicas de desempeño.
En consecuencia, más que analizar únicamente el monto total asignado, resulta necesario examinar la naturaleza de los programas financiados y su contribución potencial al cumplimiento de los compromisos establecidos en la NDC 3.0.
El debate no debería centrarse exclusivamente en el tamaño del presupuesto climático, sino en la capacidad de demostrar que los programas incluidos dentro del Anexo 16 contribuyen efectivamente al cumplimiento de las metas nacionales de mitigación y adaptación.
El Anexo Transversal 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación tiene como propósito identificar los recursos públicos destinados a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. La asignación de 212 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026 lo convierte en el principal instrumentos presupuestario asociado a la política climática nacional.
Al realizar una revisión de la distribución de estos recursos se muestra que el 94% de los recursos del anexo se concentra en cuatro dependencias: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Energía. En contraste, el conjunto de instituciones responsables de la gestión ambiental, la conservación de ecosistemas y la atención directa de diversos componentes de la política climática recibe una proporción considerablemente menor de los recursos disponibles.
La distribución presupuestaria plantea interrogantes relevantes sobre la congruencia entre las metas establecidas en la NDC 3.0 y los programas efectivamente financiados. Diversos análisis independientes han señalado que una parte importante de los recursos incluidos en el Anexo 16 corresponde a programas a acciones y mega obras de muy cuestionable utilidad climática y cuya contribución a la mitigación de emisiones o a la adaptación climática no se encuentra claramente sustentada mediante indicadores verificables o metas específicas de desempeño.
Dentro de ese 94 % de los recursos del presupuesto se incluyen programas relacionados con infraestructura ferroviaria incluido el Tren Maya, la seguridad nacional, la infraestructura aeroportuaria, la operación de la Fuerza Aérea Mexicana, programas asistenciales (Sembrando Vida) y diversas actividades vinculadas a la gestión de combustibles fósiles. En el 6% restante se encuentran acciones desarrollados por otras 11 secretarías, con muy diversas acciones incluidos la gestión del agua, la protección forestal, el manejo sustentable de los recursos naturales, la restauración de ecosistemas y el fortalecimiento institucional del sector ambiental reciben montos significativamente menores.
Esta situación resulta particularmente relevante si se considera que una parte sustancial de los compromisos establecidos por México en su NDC depende precisamente del cuidado y protección del medio ambiente, la adecuada gestión del uso de suelo, la conservación de ecosistemas, la reducción de la deforestación, la restauración de paisajes degradados, la protección de recursos hídricos y el fortalecimiento de capacidades institucionales para la adaptación climática.
La siguiente relación de programas ilustra la magnitud de estas asimetrías presupuestarias:
Anexo Presupuestal 16 del PEF-2026
Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático
Montos asignados a12 de los 70 programas incluidos
| – Defensa de la Integridad, Independencia y Soberanía del Territorio | 44,673,431,516 |
| – Sembrando Vida | 39,100,000,000 |
| – Infraestructura ferroviaria, transporte de carga y pasajeros Tren Maya | 29,999,999,999 |
| – Prevenir y mitigar los impactos ambientales de la infraestructura energética | 26,369,998,031 |
| – Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana | 8,489,053,707 |
| – Infraestructura aeroportuaria | 3,422,210,314 |
| – Protección Forestal | 1,345,182,652 |
| – Investigación en ciencia, humanidades, tecnología e innovación | 1,080,049,198 |
| – Gestión integral de residuos sólidos y aguas residuales, a través de la colaboración intersectorial y la participación de otros órdenes de gobierno | 1,792,184,502 |
| – Armonización del ordenamiento ecológico con los instrumentos de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y gestión del agua | 1,094,674,361 |
| – Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar | 976,177,872 |
| – Inspección, vigilancia y regulación del medio ambiente y rec. Nat. | 955,423,320 |
4. Estudios de caso: deforestación, infraestructura y política energética
Más allá de la distribución presupuestaria, diversos procesos observados en los últimos años permiten evaluar la congruencia entre los compromisos climáticos asumidos por México y las políticas públicas implementadas para alcanzarlos.
Los siguientes estudios de caso fueron seleccionados por su relevancia presupuestaria dentro del Anexo 16 y por la existencia de evidencia pública que permite evaluar su congruencia con las metas de mitigación y adaptación establecidas en la NDC 3.0. Abajo se incluye una breve descripción de algunos elementos que nos permiten afirmar que no existe tal congruencia.
Deforestación y cambio de uso del suelo
La NDC 3.0 establece como objetivo alcanzar la deforestación neta cero para 2035 mediante acciones de conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas. Sin embargo, distintas fuentes documentan que la pérdida de cobertura forestal continúa ocurriendo en diversas regiones del país. Un reciente reporte de Global Forest Watch reporta que en el periodo 2019-2025 que 12 estados del país perdieron 1.6 millones de hectáreas.
La expansión agropecuaria, los desarrollos inmobiliarios y turísticos, así como diversos proyectos de infraestructura, continúan ejerciendo presión sobre ecosistemas que han sido considerados por multiples investigaciones como de alta importancia ecológica por su biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Estas tendencias plantean desafíos significativos para el cumplimiento de las metas nacionales de conservación y reducción de emisiones asociadas al cambio de uso del suelo, máxime en un contexto gubernamental dónde se han debilitado las capacidades institucionales.
El caso del Tren Maya
El Tren Maya constituye uno de los proyectos de infraestructura más relevantes desarrollados durante los últimos años en el país. El proyecto ha sido presentado como una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo regional y mejorar la conectividad del sureste mexicano.
No obstante, diversas investigaciones académicas, análisis de organizaciones de la sociedad civil y estudios de percepción ambiental han documentado impactos relevantes sobre la cobertura forestal y diversos ecosistemas de la región. El CCMSS documentó la deforestación de poco más de 6 mil hectáreas solo en los tramos 5,6 y 7 [1]. Mas tarde en 2024 una investigación del Centro de Investigación Científica determinó que la deforestación en todo el recorrido de la mega obra ascendió a 11,482 hectáreas[2]y diversas investigaciones de organizaciones de la sociedad civil[3] estimaron que la obra llevó a cabo el derribo de al menos 10 millones de árboles.
Además de los impactos sobre la vegetación ha sido ampliamente documentado que el Tren Maya ha generado impactos ambientales[4] en todo el entorno contaminando el agua, destruyendo cenotes y dañando el sistema de cuevas subterráneas más grande del mundo. No existe elemento alguno que permita sustentar que esa obra genere efectivamente un ahorro de emisiones. El argumento de que habría un ahorro de emisiones cuando los traslados de las personas dejaran de ser por carretera y fueran por ferrocarril es muy cuestionable. Hasta la fecha no existe evidencia pública verificable que permita demostrar que el proyecto generará reducciones netas de emisiones compatibles con los objetivos nacionales de mitigación. Se trata de un proyecto subutilizado, que no contribuye a resolver las necesidades de transporte de la población local. Esa población hace uso del ferrocarril de manera marginal ya que continúa transportándose por carretera como siempre lo ha hecho[5] debido a muy diversas razones entre ellas la distancia de los poblados a las estaciones, el horario y frecuencia de las corridas, etc.
Diversa investigaciones concluyen que la construcción y operación de ese megaproyecto está muy lejos de contribuir efectivamente a los objetivos nacionales de mitigación climática.
Sembrando Vida y los desafíos de la restauración productiva
El programa Sembrando Vida representa una de las mayores inversiones públicas relacionadas con el medio rural y el manejo de la tierra. Sus objetivos incluyen la recuperación productiva de parcelas rurales y la mejora de los ingresos de las familias participantes.
Sin embargo, diversas investigaciones han documentado multiples efectos no deseados asociados a la sustitución de vegetación preexistente para acceder a los beneficios del programa. El programa ha promovido el desmonte de cafetales, acahuales y otras coberturas vegetales[6] para dar paso a el establecimiento de nuevos cultivos agroforestales[7] y la institución responsable del programa ha sido incapaz de crear mecanismos de monitoreo y evaluación para asegurar que las acciones de restauración generen beneficios ambientales adicionales y verificables.
Dada la magnitud presupuestaria del programa y su inclusión dentro del Anexo de Cambio Climático, resulta indispensable contar con indicadores robustos que permitan evaluar su contribución efectiva a la captura de carbono, la recuperación de ecosistemas y la adaptación al cambio climático.
Infraestructura energética y combustibles fósiles
Otro elemento relevante es la persistencia de inversiones públicas asociadas a la extracción, procesamiento y consumo de combustibles fósiles.
Si bien México ha ratificado compromisos internacionales orientados a reducir emisiones y avanzar hacia una transición energética, diversas decisiones de política pública continúan favoreciendo actividades intensivas en carbono. La ampliación de infraestructura relacionada con hidrocarburos, las nuevas inversiones en fraking y la ausencia de una expansión más acelerada de energías renovables han sido señaladas por distintos organismos nacionales e internacionales como factores que dificultan el cumplimiento de las metas climáticas de mediano y largo plazo.
Esta situación adquiere especial relevancia considerando que el sector energético constituye una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en el país.
Capacidades institucionales para enfrentar la crisis climática
El cumplimiento de las metas climáticas no depende únicamente de la existencia de programas específicos o de grandes proyectos de infraestructura. También requiere instituciones ambientales sólidas, con capacidades técnicas, operativas y presupuestarias suficientes.
En este contexto, resulta relevante observar que dependencias clave para la política ambiental y forestal, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) así como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) cuentan con 3.7 mil millones de pesos para atender el tema de cambio climático frente a una SEDENA que cuenta con 89 mil millones.
Esta situación claramente limita la capacidad del Estado hacer cumplir la ley frente a procesos contaminantes, transformar los sistemas de producción-consumo, coordinar acciones con otras secretarías así para prevenir el cambio ilegal de uso del suelo, atender incendios forestales, fortalecer el manejo forestal sustentable, restaurar ecosistemas degradados y supervisar el cumplimiento de la legislación ambiental, funciones que resultan fundamentales para alcanzar los compromisos asumidos por México en materia climática.
5. Conclusiones
México enfrenta una situación de alta vulnerabilidad frente al cambio climático. Los impactos asociados al aumento de las temperaturas, las sequías, la escasez hídrica, la degradación de los ecosistemas y los fenómenos meteorológicos extremos generan costos económicos y sociales crecientes que afectan tanto a la población como a los sectores productivos del país. Frente a esta realidad, el Estado mexicano ha asumido compromisos internacionales cada vez más ambiciosos en materia de mitigación y adaptación climática. La actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) establece metas relevantes en materia de reducción de emisiones, transición energética, conservación de ecosistemas y reducción de la deforestación, cuyo cumplimiento requiere inversiones públicas sostenidas y capacidades institucionales sólidas.
Sin embargo, el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 muestra una importante brecha entre los compromisos climáticos asumidos por México y la orientación efectiva de los recursos públicos destinados a su cumplimiento. Si bien el Anexo Transversal para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático contempla recursos superiores a los 212 mil millones de pesos, una proporción significativa de dichos recursos se concentra en programas cuya contribución específica a las metas nacionales de mitigación y adaptación no resulta verificable mediante indicadores públicos de desempeño, metas explícitas de reducción de emisiones o resultados de adaptación claramente definidos.
La concentración de cerca del 94 % de los recursos del Anexo 16 en cuatro dependencias federales y, particularmente, la asignación de los mayores montos presupuestarios a programas operados por la Secretaría de la Defensa Nacional plantea interrogantes legítimas sobre la congruencia entre el gasto etiquetado como climático y los objetivos establecidos en la NDC 3.0. Esta situación resulta aún más preocupante cuando instituciones directamente responsables de la protección ambiental, la conservación de ecosistemas, la gestión forestal, la vigilancia ambiental y el fortalecimiento de las capacidades de adaptación reciben una proporción considerablemente menor de los recursos disponibles.
Los estudios de caso analizados ilustran la existencia de tensiones significativas entre diversas decisiones de política pública y las metas climáticas asumidas por el país. La persistencia de procesos de deforestación, la expansión de infraestructura sobre territorios forestales, las limitaciones observadas en programas incluidos dentro del Anexo 16 y la continuidad de inversiones asociadas a combustibles fósiles plantean desafíos importantes para el cumplimiento de los compromisos internacionales de México. Más allá de las particularidades de cada caso, el elemento común es la dificultad para demostrar de manera objetiva y verificable que una parte importante del gasto clasificado como climático contribuya efectivamente al logro de las metas de mitigación y adaptación establecidas por el propio Estado mexicano.
La principal brecha de la política climática mexicana no parece encontrarse en la ausencia de compromisos internacionales ni en la falta de instrumentos normativos. La brecha se localiza en la congruencia entre dichos compromisos, las prioridades presupuestarias y las capacidades institucionales efectivamente para atender la crisis climática. Mientras los recursos continúen concentrándose en programas cuya contribución climática es incierta o insuficientemente demostrada, y las instituciones responsables de proteger los ecosistemas y reducir la vulnerabilidad climática operen con capacidades limitadas, difícilmente será posible avanzar hacia el cumplimiento de las metas asumidas por México.
La evidencia científica muestra que los costos de la inacción climática aumentan con el paso del tiempo. Cada año de retraso en la implementación de políticas eficaces de mitigación y adaptación incrementa las pérdidas económicas, acelera la degradación de los ecosistemas y reduce la capacidad de recuperación de los territorios. En determinados sistemas naturales, el deterioro puede alcanzar umbrales críticos a partir de los cuales algunos procesos ecológicos se vuelven imposibles de revertir. Desde esta perspectiva, asignar recursos insuficientes o destinarlos a programas cuya contribución climática no puede demostrarse implica no solo una oportunidad perdida, sino un incremento del costo que deberá asumir la sociedad en el futuro.
Esta situación plantea interrogantes fundamentales sobre la capacidad del Estado mexicano para traducir sus compromisos internacionales en acciones efectivas de mitigación y adaptación. El desafío no consiste únicamente en incrementar los recursos destinados a la acción climática, sino en fortalecer los mecanismos de seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas que permitan verificar la contribución real de los programas presupuestarios a los objetivos establecidos en la Ley General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la NDC 3.0.
¡El CCMSS considera que es inaceptable que la administración gubernamental continue considerando gasto climático un presupuesto cuya mayor parte se concentra en programas cuya contribución a la mitigación y adaptación no puede demostrarse de manera verificable! ¿Cuánto costará seguir postergando las acciones necesarias?
La creciente magnitud de los impactos climáticos exige que la política presupuestaria evolucione desde una lógica de etiquetado formal del gasto climático hacia una estrategia orientada a resultados medibles, verificables y consistentes con los compromisos internacionales asumidos por el país. Solo mediante una asignación coherente de recursos, acompañada de indicadores claros y mecanismos efectivos de evaluación y rendición de cuentas, será posible cerrar la brecha entre la política climática que México declara ante la comunidad internacional y la política climática que efectivamente implementa en el territorio.
[1] CCMSS Deforestación en Quintana Roo por obras del Tren Maya, 2025
[2] Hernández-Stefanoni, José Luis, Septiembre 2024 ¿Cuánto carbono se ha emitido con la construcción del Tren Maya? Unidad de Recursos Naturales, Centro de Investigación Científicade Yucatán, A.C.
[3] https://forbes.com.mx/ecocidio-del-tren-maya-la-obra-requirio-la-tala-de-mas-de-10-millones-de-arboles-en-el-sureste-de-mexico-dicen-activistas/
[4] El País, abril 2025; El Gobierno reconoce, cinco años después, los daños ecológicos por la construcción del Tren Maya
[5] Reportur -us diciemvbre 2025; Tren Maya circula casi vacío, ignorado por pobladores y turistas
[6] World Resources Institute; Analizan impactos forestales y potencial de mitigación de Sembrando Vida 2021
[7] Gabriela Meza Hernández ; Deforestación y debilitamiento de la organización comunitaria: consecuencias de sembrando vida. Octubre 2022