18 noviembre, 2026, Por: CCMSS
México se propone reducir casi 90% la deforestación anual para 2030. Aunque el gobierno ha establecido metas y acciones para alcanzarlas, la información disponible no permite determinar con claridad si tendrán el alcance necesario. El debilitamiento presupuestario de las instituciones forestales plantea interrogantes adicionales sobre la viabilidad del compromiso.
México se comprometió ante la comunidad internacional a alcanzar la deforestación neta cero en 2030, como confirma su Séptima Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en 2024 se perdieron 108,959 hectáreas de terrenos forestales. Aunque esta cifra representa una disminución importante respecto de años anteriores, la pérdida continúa.
El Programa Nacional Forestal 2026–2030 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2025–2030 establecen para 2030 una tasa de deforestación bruta de −0.012% anual. Aplicada, de manera aproximada, a la superficie forestal de referencia utilizada por CONAFOR, equivale a unas 11,600 hectáreas anuales. Para alcanzar esa tasa, México tendría que reducir cerca del 89% de la deforestación registrada en 2024.
Conviene distinguir ambas metas: la deforestación bruta mide la superficie forestal que se pierde por su conversión a otros usos, mientras que la deforestación neta considera también las ganancias de superficie forestal.
A poco más de tres años de 2030, cabe preguntarse cómo se propone el gobierno mexicano alcanzar una reducción de semejante magnitud.
El propio gobierno reconoce que la transformación de terrenos forestales para actividades agropecuarias constituye la principal causa de deforestación en México. De acuerdo con el Programa Nacional Forestal 2026–2030, aproximadamente el 73% de la superficie deforestada se convierte en pastizales y otro 22% en terrenos agrícolas. En conjunto, estas actividades representan alrededor del 95% de la deforestación registrada en México.
Detener la pérdida de bosques y selvas requiere, por tanto, intervenir sobre los procesos de expansión ganadera y agrícola que están transformando el territorio.
El Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2025–2030 contempla medidas para promover prácticas ganaderas sustentables, desarrollar cadenas productivas libres de deforestación y fortalecer los mecanismos de monitoreo de los terrenos que reciben apoyos públicos. Entre los instrumentos previstos destaca la Plataforma Digital Sin Deforestar, diseñada para identificar posibles cambios de uso del suelo en terrenos vinculados con actividades agropecuarias. Su utilización permitiría evitar que los programas gubernamentales otorguen incentivos productivos a actividades que impliquen la conversión de terrenos forestales.
La Secretaría de Agricultura también ha informado sobre acuerdos con cadenas productivas, entre ellas las de ganado bovino, aguacate, agave y café, para avanzar hacia una producción libre de deforestación.
Estas medidas incorporan la prevención de la deforestación a la política agropecuaria. Sin embargo, la información pública examinada no permite establecer qué proporción de los productores y de las superficies con mayor riesgo está siendo atendida, cuántos apoyos se han condicionado o rechazado por incumplimiento de las disposiciones ambientales ni cuánta deforestación se ha evitado mediante estos instrumentos. Además, la expansión agropecuaria no depende exclusivamente de los subsidios públicos. Evitar que los programas gubernamentales incentiven la deforestación es necesario, pero no suficiente para detenerla.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) desarrolla acciones de inspección y vigilancia para combatir los cambios ilegales de uso del suelo forestal. Durante 2025 y 2026, la dependencia ha informado sobre operativos nacionales, clausuras de predios, aseguramientos y denuncias penales relacionados con actividades forestales ilegales.
En Michoacán, por ejemplo, PROFEPA documentó durante 2026 la transformación de superficies forestales para establecer huertos de aguacate. En Quintana Roo, informó sobre la clausura de actividades en 25 predios donde se habían desmontado ilegalmente más de 330 hectáreas de vegetación forestal.
Estas intervenciones muestran que existen mecanismos de inspección y sanción que están operando. Sin embargo, también evidencian una dificultad: en numerosos casos, las autoridades intervienen cuando el desmonte ya se produjo. La clausura de un predio puede detener actividades ilegales y dar lugar a sanciones y obligaciones de restauración, pero no significa que la superficie forestal perdida se haya recuperado.
Los resultados públicos de PROFEPA se expresan principalmente en número de inspecciones, operativos y clausuras. Estos indicadores permiten conocer la actividad institucional, pero no establecen directamente cuánta deforestación se ha evitado. Para alcanzar la meta de 2030, la capacidad de detectar y detener oportunamente los desmontes resulta tan importante como la de sancionarlos una vez consumados.
La Comisión Nacional Forestal desempeña un papel central en la estrategia gubernamental para conservar los bosques y selvas. El Programa Nacional Forestal 2026–2030 contempla fortalecer el manejo forestal comunitario, ampliar los incentivos para la conservación, mejorar el monitoreo de la deforestación y desarrollar sistemas de alerta temprana.
Entre sus principales instrumentos se encuentra el Pago por Servicios Ambientales (PSA), mediante el cual se proporcionan incentivos económicos a propietarios y poseedores de terrenos forestales para conservar sus ecosistemas. CONAFOR se propone incrementar la superficie vigente bajo PSA de aproximadamente 1.65 millones de hectáreas en 2024 a 2.13 millones en 2030, un crecimiento cercano al 30%. También pretende mejorar su focalización territorial: la proporción de superficie apoyada ubicada en zonas críticas de deforestación pasaría de 51% a 56%.
Se trata de metas concretas y verificables. Sin embargo, aun si se alcanzan, la superficie vigente bajo PSA representaría alrededor del 2.2% de los terrenos forestales utilizados como referencia nacional. Esta proporción no determina por sí misma la eficacia del programa, cuya contribución depende también de que los apoyos lleguen a territorios efectivamente amenazados, pero permite dimensionar su cobertura frente a la extensión de los bosques y selvas del país. Además, apoyar una hectárea mediante PSA no equivale necesariamente a evitar la deforestación de una hectárea.
El Programa Nacional Forestal reconoce la importancia del manejo sustentable de los bosques para conservar los ecosistemas y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Entre sus metas se encuentra incrementar 30% la superficie bajo aprovechamiento forestal sustentable, hasta alcanzar aproximadamente 10.9 millones de hectáreas en 2030. Este indicador incluye distintos tipos de aprovechamiento y no corresponde exclusivamente al manejo forestal comunitario.
Para avanzar en esa dirección, CONAFOR contempla apoyos para elaborar ordenamientos territoriales comunitarios, desarrollar programas de manejo forestal, fortalecer las empresas forestales y mejorar las capacidades organizativas de ejidos y comunidades.
En 2026, el componente de Manejo Forestal Comunitario y Cadenas de Valor tiene programados 475.6 millones de pesos. De ese monto, aproximadamente 43.6 millones corresponden a cuatro modalidades relacionadas con la organización y el desarrollo comunitario, entre ellas los intercambios de experiencias, los extensionistas y las brigadas forestales comunitarias.
Estas acciones pueden contribuir a conservar los bosques al fortalecer las instituciones comunitarias, generar alternativas económicas vinculadas al aprovechamiento sustentable y mejorar la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus territorios. Sin embargo, las metas gubernamentales se concentran principalmente en superficies incorporadas al manejo, proyectos apoyados y actividades realizadas. La información examinada no permite determinar cuánto contribuirán estas intervenciones a reducir la deforestación ni si su cobertura y financiamiento resultarán suficientes para enfrentar las presiones de cambio de uso del suelo.
Fortalecer el manejo forestal comunitario puede ser una de las estrategias más importantes para detener la deforestación, pero su contribución dependerá de la continuidad de los apoyos, de su alcance territorial y de que efectivamente fortalezcan las capacidades de decisión y gestión de las comunidades.
La situación presupuestaria de CONAFOR introduce una dificultad adicional. De acuerdo con un análisis preliminar del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, elaborado a partir de los presupuestos federales, los recursos de CONAFOR habrían perdido aproximadamente 79% de su poder adquisitivo entre 2015 y el proyecto de presupuesto para 2027.
Aunque el Ejecutivo propone un incremento para 2027 respecto de 2026, la institución continuaría disponiendo de aproximadamente una quinta parte de los recursos reales que tenía doce años atrás. Esta reducción presupuestaria plantea interrogantes sobre la capacidad para ampliar los programas de conservación, respaldar el manejo forestal comunitario y fortalecer la presencia institucional en los territorios.
La cuestión no es solamente cuánto pretende crecer el PSA o la superficie bajo manejo sustentable, sino con qué recursos se financiará esa expansión y cómo se fortalecerán simultáneamente los demás instrumentos de conservación forestal.
El gobierno mexicano ha establecido una trayectoria anual de reducción de la deforestación bruta hasta 2030. También cuenta con instrumentos para promover una producción agropecuaria libre de deforestación, vigilar los cambios ilegales de uso del suelo, apoyar la conservación de los ecosistemas forestales y fortalecer el manejo forestal comunitario. Por tanto, no puede afirmarse que el compromiso de deforestación cero carezca de políticas o acciones gubernamentales.
Sin embargo, la información pública examinada deja una cuestión fundamental sin resolver: ¿cuánto contribuirá cada una de estas intervenciones a reducir la deforestación anual de las 108,959 hectáreas registradas en 2024 a aproximadamente 11,600 hectáreas en 2030?
Los programas sectoriales establecen acciones, responsables e indicadores de seguimiento. Pero estos últimos miden principalmente actividades realizadas, superficies apoyadas o instrumentos desarrollados, sin permitir determinar directamente su contribución a la reducción nacional de la deforestación.
La dificultad se vuelve mayor al considerar que la transformación de terrenos forestales responde a procesos económicos y territoriales de gran escala, particularmente a la expansión de actividades agrícolas y ganaderas vinculadas con cadenas de producción agroindustrial.
Detener esos procesos requiere políticas capaces de intervenir sobre sus causas, fortalecer la gobernanza territorial, respaldar a las comunidades que conservan y manejan sus bosques y garantizar que las actividades productivas no continúen avanzando sobre los ecosistemas forestales. Todo ello exige coordinación institucional, presencia territorial y recursos públicos suficientes.
México cuenta con una meta cuantificada y con diversos instrumentos para avanzar hacia ella. Lo que todavía no se desprende claramente de la información pública examinada es cómo esas acciones, con los recursos disponibles, permitirán alcanzar una reducción de casi 90% de la deforestación en los próximos años.
A medida que se acerca 2030, responder esa pregunta resulta indispensable para evaluar la viabilidad del compromiso nacional.
18 noviembre, 2026