13 noviembre, 2026, Por: CCMSS
Experiencias en Mesoamérica muestran que la conservación duradera de los bosques es factible cuando los Pueblos Indígenas, Pueblos Afrodescendientes y Comunidades Locales (PIPADCL) ejercen de manera efectiva sus derechos colectivos, apoyados en sistemas de gobernanza y economías territoriales. Las políticas públicas y el financiamiento contribuyen cuando reconocen y fortalecen estos procesos, en lugar de sustituirlos.
La región alberga entre el 7% y 8% de la biodiversidad mundial y funciona como puente ecológico continental. Aproximadamente el 65% de sus bosques se encuentra bajo alguna forma de propiedad o uso colectivo. Esta combinación de diversidad biocultural, derechos colectivos y experiencia organizativa y de movilización ofrece aprendizajes para otras regiones tropicales.
1. Garantizar los derechos territoriales. El reconocimiento legal es indispensable, pero por sí solo es insuficiente: los PIPADCL deben poder ejercer estos derechos mediante decisiones, reglas y prácticas efectivas de gobierno territorial. La autonomía y libre determinación son derechos en sí mismos, no instrumentos subordinados a metas ambientales.
2. Fortalecer la gobernanza y la acción colectiva. Las instituciones comunitarias, autoridades propias, vigilancia territorial y movilización social permiten defender derechos frente a presiones externas. No existe un modelo único: las formas de organización de los PIPADCL responden a historias y contextos diversos.
3. Vincular conservación con economías territoriales. El uso y manejo que los PIADCL dan a sus territorios articula gobernanza y conservación de los bosques con beneficios socioeconómicos. En múltiples casos bajo este escenario se reporta una deforestación reducida junto con beneficios económicos y organizativos.
4. Orientar políticas e inversiones a procesos existentes. Experiencias como el Plan Piloto Forestal, PROCYMAF y los incentivos forestales en Guatemala muestran que el acompañamiento técnico, la continuidad y el fortalecimiento institucional importan tanto como los montos asignados.
La expansión extractiva y agroindustrial, los megaproyectos de infraestructura y energía y las economías ilegales disputan el control territorial y debilitan las instituciones comunitarias. A ello se suman políticas gubernamentales contradictorias a la conservación de los bosques y la reducción o discontinuidad del presupuesto públicos. Adicionalmente, Mesoamérica es una de las regiones del mundo más inseguras para defender el territorio y los derechos humanos. Cerca del 27% de personas defensoras de la tierra y el ambiente asesinadas en el mundo en 2025 correspondían a México y Centroamérica.
Por otro lado, el financiamiento dirigido a la región se ha reducido en los últimos años. En 2023, el financiamiento forestal mundial fue de aproximadamente USD 84,000 millones; y sólo USD 2,900 millones correspondieron a financiamiento público internacional forestal. América Latina y el Caribe recibieron USD 753 millones (26% del total internacional); de los cuales el 69% se concentró en cinco países sudamericanos.
La prioridad de la agenda forestal hacia 2030 no es solamente financiar nuevas intervenciones: es proteger y fortalecer los sistemas de derechos territoriales y los esquemas de gobernanza que ya han hecho posible la conservación de los bosques. Para ello se necesitan Estados que garanticen derechos, políticas coherentes y financiamiento sostenido que responda a las decisiones y prioridades de los propios PIPADCL.