21 octubre, 2023, Por: CCMSS
Investigación producida por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; elaborada por Edward Ellis; Irving Uriel Hernández Gómez y David Chacón Castillo / Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO), Universidad Veracruzana (UV) / 2022.
La Selva Maya de la Península de Yucatán es de gran importancia biocultural para el planeta. Comprende poco más de nueve millones de hectáreas en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Alberga una gran riqueza de flora y fauna, así como comunidades de la cultura Maya que por siglos han convivido con ella. La selva es el sustento de su agricultura y les provee de múltiples productos maderables y no maderables necesarios para lograr su bienestar y desenvolver su economía local en el marco de sus tradiciones. En escalas nacional y global, la selva de la Península representa un bastión para la conservación de la biodiversidad y una efectiva ayuda en la mitigación del cambio climático por su capacidad de capturar y almacenar gases de efecto invernadero.
En los últimos años se han dado grandes transformaciones en el paisaje de la Península, pues ha sido escenario de la ampliación de la frontera agropecuaria del país, punto de atracción turística nacional e internacional y región de crecimiento económico y urbano. Los cambios en el uso del suelo y la pérdida de recursos forestales han sido acompañados de la privatización de las tierras y de desplazamientos de usos tradicionales y comunitarios de la selva. Adicionalmente, los procesos de deforestación, antagónicos con la cultura Maya y el uso sustentable de los recursos naturales, han desembocado en conflictos socioambientales.
Para comprender la dinámica de los cambios en el uso del suelo es preciso distinguir los impulsores directos o causas directas de los impulsores subyacentes o causas indirectas. Los primeros suelen ser más evidentes que los segundos, y éstos reflejan una compleja interrelación de factores ambientales, socioeconómicos, institucionales, políticos y culturales que con frecuencia son ignorados en las políticas y los programas de desarrollo en México.
El objetivo de este trabajo fue documentar, para el periodo 2000-2020, los impulsores directos de la deforestación en la Península de Yucatán e identificar y evaluar los impulsores subyacentes.
Se describen leyes y programas nacionales y estatales y su relación con el cambio en el uso del suelo. Se analizan datos geográficos y socioeconómicos y se presentan pruebas estadísticas rigurosas que comprueban el efecto de los programas de subsidios para el desarrollo rural, de la producción y los precios agropecuarios, de la expansión turística y de la urbanización en el desmonte en la Península de Yucatán. Integra información actualizada sobre la deforestación y los sectores de desarrollo económico en la región, de manera que, finalmente, ofrece elementos útiles para el diseño de estrategias y políticas públicas encaminadas a frenar la pérdida de la cobertura forestal en la Península.
Las políticas y los programas gubernamentales para el desarrollo rural aplicados desde la década de 1970 en el sureste del país promovieron intensamente el cambio en el uso del suelo. Entre mediados de las décadas de 1990 y 2000 la implementación de estrategias de conservación condujo a reducir la deforestación.
A finales de la década de 2000 se disparó en la Península de Yucatán la pérdida de cobertura forestal, alcanzando 80 mil hectáreas en 2020 (figura 1). Los focos rojos actuales de la deforestación corresponden a los municipios de Hopelchén y Candelaria, Campeche; de Bacalar, Othón P. Blanco y Benito Juárez, Quintana Roo; y de los municipios cercanos a la ciudad de Mérida, Yucatán.
Campeche experimenta la mayor pérdida de selvas por la agricultura comercial y la ganadería. En Quintana Roo la deforestación ha aumentado por las expansiones de la agroindustria, la ganadería, el turismo y la urbanización. Yucatán sufre el desmonte más antiguo, y las pérdidas recientes obedecen mayormente a la agricultura comercial, la ganadería y el sector inmobiliario (figura 2).
Los principales impulsores directos son:
· el crecimiento de la ganadería,
· el aumento de la agricultura comercial y mecanizada,
· la expansión urbana y
· el desarrollo turístico.
Los mayores impulsores subyacentes son:
· los programas gubernamentales,
· las políticas públicas y
· el mercado.
Otros impulsores subyacentes, que contribuyen en diversa medida al desmonte, son la tenencia de la tierra, el sector energético, la población, la cercanía a caminos, la pobreza y el narcotráfico. También debemos tener presente que, en México y en todo el mundo, las políticas de globalización neoliberal empujan modelos agroindustriales para la producción y la exportación de alimentos.
Los programas de subsidios PROCAMPO y PROGAN, que vienen operando desde hace más de dos décadas, se cuentan entre las principales y más costosas iniciativas de desarrollo rural del gobierno y se hallan fuertemente relacionadas con la deforestación en la Península de Yucatán, a pesar de que entre sus objetivos está el de reducir el impacto ambiental de la producción agropecuaria. En gran medida se han dirigido a impulsar el modelo agroindustrial.
El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) se creó en 1994. En 2010 cambió a PROCAMPO para Vivir Mejor; en 2013, a Componente PROCAMPO Productivo; en 2014, a Componente PROAGRO productivo; y en 2019, a Producción para el Bienestar.
El Programa de Estímulos a la Producción Ganadera (PROGAN) fue creado en 2003. En 2014 se instituyó el Programa de Fomento Ganadero, del cual PROGAN pasó a ser uno de sus componentes. En 2018 se elimina PROGAN y desaparecen los apoyos para el sector pecuario. En 2021 se estableció el Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, y se retomaron los subsidios pecuarios.
Como los beneficiarios de estos programas reciben apoyos económicos por sus hectáreas en producción, es común que tiendan a desmontar más tierras para incrementar las subvenciones que obtienen.
En Campeche, en el periodo 2004-2018, un ejido subsidiado con PROCAMPO deforestó entre 79 y 587 hectáreas más que uno sin apoyo, y en la propiedad privada con ayuda el desmonte adicional por predio fue de 156 hectáreas en promedio.
En Yucatán se vio una pérdida forestal promedio adicional de 334 hectáreas por ejido por PROCAMPO y de 47 hectáreas más por PROGAN, en comparación con ejidos similares sin apoyos. En la propiedad privada la deforestación por predio con PROGAN fue de 15.5 hectáreas, contra 4.7 hectáreas en predios sin tal programa.
En Quintana Roo y de 2013 a 2017, las ayudas PROGAN se asociaron con entre 174 y 316 hectáreas adicionales deforestadas por ejido, comparados con ejidos sin subsidios de características similares.
En Campeche, los mercados de maíz, soya, palma de aceite y caña, ligados al modelo agroindustrial, así como la producción ganadera, han ampliado la pérdida de cobertura forestal en las últimas décadas. En Yucatán se observan tendencias similares a las de Campeche, pero con un mayor crecimiento del sector ganadero. En Quintana Roo, los mercados del ganado y de la caña de azúcar están ligados fuertemente a los procesos de desmonte
El valor del cultivo es la mejor variable explicativa de la deforestación causada por la producción de maíz y caña de 2003 a 2020.
El cultivo de la soya muestra una relación directa entre las áreas sembradas y el valor de la producción y la superficie desmontada. Detrás de su expansión están programas específicos del gobierno, como Agricultura por Contrato y Programa Pro-Oleaginosas. En 2003 casi no se sembraba soya en Campeche, pero en 2019 se cultivaron 55 mil hectáreas y su producción fue de 103 mil toneladas, sobre todo para fines comerciales e industriales.
En campeche, la superficie dedicada a la palma de aceite se triplicó a 13,805 hectáreas de 2012 a 2014. En ello fueron clave programas federales, como el Nacional de Palma de Aceite en 1997 y el Alianza para el Campo; más recientemente, el gobierno estatal ha promovido la palma con inversión y créditos.
Los principales factores que vinculan al ganado con la deforestación son mayores volumen y valor de producción de la carne antes de su procesamiento en canal. El cultivo comercial del maíz está fuertemente ligado con la actividad ganadera, ya que el grano se destina a la cría y engorda de animales. Grandes empresas productoras de carne incluso han puesto en marcha modelos de aparcería con agricultores locales para el cultivo y el suministro de insumos de alimento animal, lo que ha multiplicado la privatización de tierras ejidales comunales.
La importancia económica del sector turístico en la región y el país, alentada por leyes, programas y créditos como los del Instituto Nacional para la Economía Social y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ha desencadenado la deforestación en la Península de Yucatán, en particular en zonas urbanas y polos turísticos costeros en Quintana Roo.
Las políticas públicas que sostienen la expansión turística han acarreado la deforestación no sólo en el ámbito estrictamente turístico, sino también en los ámbitos de infraestructura carretera, generación de energía, producción de alimentos y urbanización.
Las actividades turísticas ocupan en la Península 7,151.11 hectáreas, de las cuales se deforestaron entre 2001 y 2020 un total de 1,765.07 hectáreas, sobre todo a lo largo de la Riviera Maya en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Tulum y Cozumel.
El Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura, desarrollo económico y turismo de la presente administración, conectará con sus 525 kilómetros los principales sitios turísticos de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Debido a la premura con la que se planeó y se construye, se han presentado múltiples inconsistencias y conflictos, principalmente por los cambios en su ruta. Sin duda, causará un daño directo en la vegetación arbórea por la construcción de su infraestructura, pero sus factores acompañantes determinarán su impacto real en la pérdida de cobertura forestal. Puede desatar la ampliación de la ganadería y la agricultura comercial, la expansión de las zonas hoteleras, la construcción de nuevos centros turísticos y la extensión de la urbanización por fraccionamientos.
Los grandes desarrollos turísticos, como hoteles todo incluido, parques de diversión y campos de golf, contribuyeron a la deforestación en zonas urbanas de economía basada en el turismo. Sin embargo, la proliferación de fraccionamientos residenciales y el consecuente crecimiento poblacional ha sido responsable de una mayor superficie deforestada en las ciudades. Aquí ha tomado parte la actividad constructora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En las áreas urbanas, del 2001 al 2020, en Quintana Roo se deforestaron 8,997 hectáreas; en Yucatán, 5,775.73 hectáreas; y en Campeche 1,766.82 hectáreas. Las zonas urbanas más afectadas son Cancún, Playa del Carmen, Chetumal, Tulum, Cozumel, Puerto Morelos y Bacalar.
En el mismo periodo, Quintana Roo experimentó la mayor deforestación, 7,146 hectáreas, debido al establecimiento de fraccionamientos, sobre todo en los alrededores de Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Fue seguido por Yucatán, con 4,780 hectáreas, a causa de fraccionamientos abiertos en las zonas conurbadas de Mérida. En Campeche se registraron 348 hectáreas forestales perdidas por esta actividad.
En cuanto a la tenencia de la tierra, en la Península la propiedad privada está relacionada con una mayor deforestación. Esta tendencia se ve más pronunciada en regiones con desarrollo agroindustrial y expansión agrícola en Campeche y Yucatán.
A pesar de la mención de estrategias y metas relativas a la conservación de recursos naturales en las políticas públicas y los programas estatales y federales orientados al desarrollo económico, la pérdida de la cobertura forestal no se ha detenido.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no incluye estrategias que promuevan específicamente la conservación de las masas forestales. Contiene el Programa Sembrando Vida, pero éste no hace referencia a la diversidad y la complejidad de los bosques y las selvas, ni a la deforestación, ni al cambio en el uso del suelo, sino que se enfoca en la siembra y la producción de árboles frutales y maderables a fin de aumentar los empleos, los ingresos y la autosuficiencia alimentaria, y de reforestar un millón de hectáreas.
En los planes estatales de desarrollo de Campeche, Yucatán y Quintana Roo predomina la visión de generar y apoyar los agronegocios, de modo que la agricultura y la ganadería se orientan al mercado y su fin último es la rentabilidad económica. Para el sector agropecuario, los indicadores de dichos planes se centran en el valor de la producción, mientras que en los indicadores ambientales no existe ninguna medición del desmonte.
