7 agosto, 2023, Por: Gerardo Suárez
Luego de un intenso trabajo en el que el Tribunal recopiló una amplia gama de pruebas que incluyen los testimonios de la audiencia celebrada en Valladolid, Yucatán, del 9 al 12 de marzo, en la que habitantes de las comunidades de la zona denunciaron una sistemática vulneración de sus derechos por parte de las autoridades responsables de la ejecución de la obra ferroviaria, se evidenció que “el proyecto del ‘Tren Maya’ no se limita a un tren. Este megaproyecto se extiende a lo largo de toda la frontera sur del país, formando parte del Corredor Interoceánico, el cual busca interconectar el Océano Pacífico y el Atlántico en el Istmo de Tehuantepec”.
Alrededor del megaproyecto del tren se integran otros proyectos económicos como mega factorías porcinas, proyectos de energías renovables y agroindustriales y ‘polos de desarrollo”. “Estas acciones generan impactos sociales, culturales, ambientales y de género que ya se están experimentando en la Península de Yucatán, sin que se haya presentado el Plan Maestro para su discusión con las comunidades afectadas”, destaca el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza.
En el veredicto se resalta que “la violación de los Derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. Esta violación se considera un crimen de ecocidio y etnocidio, y el Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por estas violaciones”.
También se pone énfasis en la vulneración de los Derechos de la Madre Tierra, “incluyendo su derecho a la vida y a existir, el derecho a ser respetada, el derecho a la regeneración de su biocapacidad y a continuar sus ciclos y procesos vitales sin alteraciones humanas; el derecho al agua como fuente de vida, el derecho a la salud integral y el derecho a estar libre de contaminación y desechos tóxicos”, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Este veredicto ha sido firmado por una lista de jueces de Tribunales previos y jueces honorarios, como el investigador Enrique Leff; el activista ambiental nigeriano Nnimmo Bassey; el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío; el economista ecuatoriano Alberto Acosta; la abogada y profesora mexicana Ana Laura Magaloni, entre otros.
Ante la vulneración de estos derechos, el Trubunal “ordena realizar una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria, en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos del proyecto del ‘Tren Maya’ y el Plan Maestro propuesto”.
Además, exige la reparación y restauración de los ecosistemas afectados por la construcción del tren y sus instalaciones asociadas, así como la suspensión de los procesos de despojo y expropiación de tierras ejidales a las comunidades. También se enfatiza la necesidad de desmilitarizar los territorios indígenas y garantizar la seguridad de los defensores de la naturaleza.
El Tribunal “hace un llamado a las empresas e inversionistas del proyecto para que respeten los derechos colectivos de los pueblos, de acuerdo con el Acuerdo de Escazú y otras normas establecidas en el marco legal que garantiza los derechos de los pueblos”.
También se “exhorta al Gobierno Federal de México a revisar la Ley Agraria para incorporar la función socioecológica del territorio en relación con las prácticas culturales sustentables de los pueblos y comunidades indígenas; y solicita la realización de reformas constitucionales a nivel federal para reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos y a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público”.
La entrega oficial del veredicto físico y firmado sobre el caso del ‘Ten Maya’ se realizará a las autoridades del gobierno mexicano, incluyendo al presidente de la República y a diferentes instituciones relacionadas con el proyecto del tren.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza es una institución internacional creada por ciudadanos “para investigar y dar a conocer las violaciones de los derechos de la Naturaleza”. El Tribunal conforma un foro para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la Naturaleza, para protestar por la destrucción de la Tierra -destrucción fomentada por las empresas con el beneplácito de los gobiernos- y, por tanto, permite visibilizar los conflictos y sus actores y hace recomendaciones jurídicas sobre la protección y restauración de la Tierra como jurisprudencia modelo para las comunidades de base.
El Tribunal también se centra en apoyar a los pueblos indígenas para que alcen su voz y compartan los impactos que ven en sus territorios como guardianes de la Tierra.
Si bien el veredicto del Tribunal Internacional para los Derechos de la Naturaleza no es de carácter vinculatorio, sí evidencia una serie de graves afectaciones al medio ambiente y a los derechos de las personas por la imposición y desarrollo del megaproyecto ‘Tren Maya’.
El exministro, José Ramón Cossío, explicó que este Tribunal se equipara al Tribunal Russell, impulsado por el filósofo británico, Bertand Russell y el escritor, Jean Paul Sartre, que hizo una revisión de los delitos cometidos durante la Guerra de Vietnam, porque “no siendo un tribunal de Estado, fue importante para dar seguimiento a un fenómeno tan atroz como fue la Guerra de Vietnam en la década de los 60”.
El jurista explicó que este tribunal tiene un estatuto muy importante y tiene una convención que funciona desde el 2015, “lo cual deja ver que no fue creado exprofeso para criticar a este gobierno. El caso del ‘Tren Maya’ es la décima decisión que se toma con respecto a los derechos de la naturaleza”.
Explicó que el veredicto del Tribunal sobre el caso del Tren Maya “está hablando en una dimensión ética no jurídica”.
Añadió que “se creó este ‘tribunal moral’ para revisar situaciones emblemáticas y sustantivas respecto a lo que ha sucedido con los derechos de la naturaleza. Es una personificación que se ha dado en diversos casos del mundo, para dar a la naturaleza la importancia que merece y para velar por su protección”.
José Ramón Cossío también resaltó la legitimidad del Tribunal, “ya que cuenta con un tratado que lo crea y tiene reglas de procedimiento. Conforme a esos procedimientos se recibieron las pruebas, se escucharon los alegatos y se emitió una sentencia o veredicto en el que, de forma irrefutable, se determinó que se violaron derechos de la naturaleza y culturales del pueblo maya”.