Llaman OSC y Academia a blindar ANP de exploración y explotación minera y de hidrocarburos tras aval unánime en el Congreso.
La iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como el establecimiento de asentamientos humanos, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo, representa un gran avance para obtener una protección real y sustantiva de estos territorios. Sin embargo, urge que las senadoras y los senadores voten a favor de dicho proyecto en beneficio de los ecosistemas y del interés público, frente a los intereses privados de las grandes corporaciones mineras y petroleras, tanto nacionales como extranjeras.
El documento 30 años de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán analiza y ejemplifica los mecanismos que han permitido que miles de hectáreas de tierras ejidales hoy estén en manos privadas.
Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 660 parcelas, con una superficie de 192 600 hectáreas de tierra ejidal dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Aunado a ese proceso, 355 304 ha de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas: la de los terrenos baldíos y terrenos nacionales (no cuantificada, dada la falta de documentación oficial).
Pronunciamiento sobre el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Protección y Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente
La iniciativa de reformas al artículo 4º constitucional denominada Protección y Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente presenta serias deficiencias. La primera de ellas es que el desarrollo sostenible involucra diversas variables -social, económica y ambiental-, de tal forma que no se puede hablar de un desarrollo sostenible del medio ambiente. Dicha propuesta de reforma es regresiva en lo que se refiere a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, y es contraria a los compromisos del Estado mexicano en materia de progresividad, principio que se desdobla en dos obligaciones: la primera consiste en mejorar continuamente el goce de los derechos humanos y, la segunda, se refiere al deber estatal de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes, que es lo que subyace a la reforma.
Esta iniciativa comercial es impulsada por 24 cooperativas de pequeños productores y productoras rurales, la Tienda UNAM, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y Fomento Social Banamex.
Mieles diferenciadas por floración y cafés de Chiapas y Oaxaca; cacao, café y artesanías de hojas de pino y madera de bosques con manejo sustentable de Oaxaca; cosméticos de Campeche; carbón certificado del Estado de México; productos herbolarios y miel melipona de Puebla y Quintana Roo son algunos de los productos elaborados por mujeres y hombres campesinos que a partir de septiembre se comercializan en Tienda UNAM, en el marco de la iniciativa comercial Obio: productos y comunidades sustentables.
Más de 10 mil familias dedicadas a la extracción de resina en el estado de Michoacán se han quedado sin su principal fuente de ingresos a partir de la crisis económica ocasionado por la pandemia del covid-19
Debido a la parálisis económica de numerosas actividades, las 18 industrias del estado de Michoacán que procesan esta materia prima, de las cuales cuatro son empresas comunitarias, detuvieron su operación y dejaron de comprarle a los productores. La parálisis y la consiguiente ruptura de la cadena de valor asociada a la misma impacta directamente a alrededor de 50 mil personas de las regiones forestales de la entidad que han perdido su principal fuente de ingresos.
Con 63 fotografías de 23 fotógrafos y fotógrafas que dan cuenta de los impactos que deja la actividad minera en diversas regiones de nuestro país
Las imágenes que integran Así se ve la minería en México abordan cuatro grandes temas: contaminación ambiental, impactos en la salud, resistencias comunitarias y comunidades y territorios. Las miradas de los participantes dan cuenta de lo que esta actividad -considerada preferente y de utilidad pública en el marco legal- está dejando en el país.
Para expandirse, el actual modelo de desarrollo requiere, por un lado, de un acceso franco a la tierra y a los bienes naturales y, por el otro, de una oferta abundante de mano de obra.
Para expandirse, el actual modelo de desarrollo requiere, por un lado, de un acceso franco a la tierra y a los bienes naturales y, por el otro, de una oferta abundante de mano de obra. Para atender estas condiciones del capital, el proyecto Tren Maya busca que los territorios rurales que hoy están en manos de comunidades campesinas e indígenas que por siglos los han resguardado y manejado, queden sin la presencia y custodia de su población originaria, facilitando la incorporación de las tierras y bienes naturales al desarrollo de actividades extractivistas y al mercado inmobiliario, expone el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Uno de los sectores más golpeados de la actual administración, que está enfrentando un desmantelamiento de sus instituciones combinado con recortes presupuestales extremos, es el ambiental.
Si bien es cierto que en las administraciones anteriores también se daba escasa importancia a los temas ambientales y esto se había traducido en continuos recortes presupuestales y en la sustitución de cuadros técnicos por personal con afinidades e intereses políticos determinados, esta situación se ha profundizado en esta administración. Hoy las instituciones disponen de recursos mínimos -humanos y económicos- para operar y, aunque estas decisiones parten de que la anterior arquitectura no funcionaba, tampoco se ha buscado impulsar un cambio que dé mayor certeza a la gestión sostenible de los recursos naturales.
En el marco de la visita prevista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “dar banderazo” de salida a su proyecto denominado “Tren Maya”
El “Tren Maya”, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal. En el discurso, la obra servirá para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”. Sin embargo, durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho.
Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades mayas.
Debido a los daños que ocasionaría el megaproyecto “Tren Maya”, este 16 de mayo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para proteger el acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, también llamado sistema de cenotes, del cual depende el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al desarrollo de una vida digna de los pueblos mayas de la península.
A lo largo de estos años, la institucionalidad ambiental ha sufrido diversos vaivenes: recortes presupuestales, improvisación, enfoques aislados, intereses políticos
El desmantelamiento de las instituciones encargadas de la regulación y protección ambiental está agravando los procesos de degradación y destrucción de los recursos naturales en el país, entre ellos, la deforestación, los cambios de uso de suelo, la extracción ilegal de vida silvestre y la sobreexplotación de recursos como el agua, advirtió en Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
La iniciativa propuesta contiene 82 cambios que incluyen tanto modificaciones a artículos existentes como adiciones de artículos nuevos.
Para resolver las duplicidades, carencias y problemas que tiene la actual Ley General de Desarrollo Forestal Sostenible, este 5 de febrero el Consejo Nacional Forestal (Conaf), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) entregaron a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados una iniciativa de modificación preparada con la participación de diversos actores del sector forestal.