En términos de tenencia de la tierra, México tiene una característica única en el mundo: el 51% del total de su territorio es propiedad social. Mas de 31 mil ejidos y comunidades (también llamados núcleos agrarios) son los dueños legítimos de tierras y poseen los títulos de propiedad correspondientes.
El país cuenta con una superficie total de 196 millones de hectáreas, de las cuales 130 millones están cubiertos por vegetación forestal (bosques, selvas, matorrales y manglares). El 60% de estos territorios es de propiedad social lo que significativa que la mayor parte de la riqueza forestal de México está en manos de comunidades y ejidos En el norte, centro y sur del país ellos se han organizado para manejar, conservar, aprovechar y defender sus bosque frente a la fuerte tendencia de privatización y destrucción de los territorios. Las diversas formas de organización colectiva para este fin se le ha llamado “Manejo Forestal Comunitario”
De ahí que el manejo sostenible y la conservación de los ecosistemas forestales en México dependen en gran medida del trabajo que realizan los núcleos agrarios que los poseen y habitan. En los territorios forestales habitan más de 13 millones de personas; para muchas de ellas los bosques son su principal fuente de empleo, ingresos, alimentos y materiales para diversas actividades, además de que los bosques y selvas tienen un significado ritual y están estrechamente vinculados con su cultura y formas de vida.
El manejo forestal comunitario es el aprovechamiento del bosque que llevan a cabo las comunidades y ejidos organizados internamente. Más de dos mil núcleos agrarios cuenta con permisos de aprovechamiento forestal y han avanzado (de manera diferenciada) en la apropiación de sus bosques y el control de los medios de producción.
México es pionero y referente internacional en el manejo comunitario de los recursos forestales, pues tiene más de cuatro décadas de experiencia con más de 2300 emprendimientos comunitarios de manejo y aprovechamiento formal de bosques y selvas.
Existen múltiples factores que han permitido esto, entre ellos los más importantes son el proceso de lucha por la defensa y recuperación del territorio forestal que comunidades indígenas y campesinas desarrollaron en la década de los ochenta del siglo pasado y la apertura en las políticas públicas que esta movilización dio como resultado.
No obstante, el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales enfrenta grandes retos y amenazas como la gran carga burocrática para la obtención de autorizaciones de aprovechamiento; la falta de estímulos y acompañamiento técnico para el desarrollo de las iniciativas productivas forestales comunitarias; la expansión de la frontera agropecuaria; la creciente presencia de la delincuencia organizada en los territorios rurales; la instauración de megaproyectos extractivos como la minería, los hidrocarburos y las mega obras de infraestructura y los megaproyectos urbanísticos y de turismo, que propician el cambio de uso de suelo y el despojo de las comunidades de sus territorios, medios de vida y usos y costumbres.
Todas esas problemáticas orillan a las comunidades a buscar otras alternativas de subsistencia fuera de los bosques y abren la puerta para el ingreso de grupos criminales que deforestan; se deterioran los ecosistemas por la expansión de plagas e incendios por falta de mantenimiento y vigilancia. Ante este panorama en el Consejo Civil acompañamos el fortalecimiento de iniciativas forestales comunitarias de manejo y aprovechamiento sustentable; generamos información y análisis que contribuyan al mejor diseño y aplicación de políticas públicas en el sector forestal; documentamos las amenazas y los casos ejemplares de manejo forestal comunitario porque creemos que el fortalecimiento de las comunidades y de sus iniciativas productivas son la mejor forma de garantizar la conservación de los bosques y selvas en el largo plazo.
29 abril, 2024, Por: CCMSS
28 enero, 2024, Por: CCMSS
15 septiembre, 2023, Por: Salvador Anta
Demandan los 150 participantes que se apruebe a la brevedad la reforma constitucional sobre derechos indígenas y afromexicanos
La asamblea nacional de la Alianza por la libre determinación y autonomía (ALDEA) concluyó este domingo (se llevó a cabo del 7 al 9 de octubre) en San Antonino Castillo Velasco con el compromiso de fortalecer las articulaciones regionales y el trabajo de incidencia política en los ámbitos local y nacional.
Demandan al jurídico de presidencia destrabar la reforma constitucional indígena y enviarla al Congreso para su inmediata aprobación
Cerca de 150 representantes de organizaciones, comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas de 18 estados del país que participan en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía se reúnen en asamblea nacional, para analizar el contexto actual y elaborar ruta para defender los territorios, la vida y el derecho a la libre determinación y autonomía.
La desatención y ausencia de las instituciones en los territorios rurales por falta de recursos financieros y humanos genera consecuencias graves.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023, recientemente enviado por el Ejecutivo al Congreso, propone asignar al Ramo 16 de Medio Ambiente y Recursos Naturales una bolsa de 75 mil 627 millones de pesos, lo cual representa un incremento del 85% con respecto al Presupuesto aprobado en 2022; sin embargo, este incremento solo se refleja en el gasto asignado a la Comisión Nacional del Agua, que contará con 68 mil 485.4 millones de pesos; es decir que se lleva el 90.5% del total destinado al sector ambiental.
on seis los puntos clave que se deben modificar con la finalidad de detener las violaciones a derechos humanos y los privilegios de las empresas mineras.
En este Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, comunidades, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y expertas agrupadas en la coalición #CambiémoslaYa reiteramos el llamado al Estado mexicano a hacer reformas profundas a la Ley Minera, debido a que su contenido actual posibilita que las autoridades entreguen territorios comunitarios e incluso áreas protegidas que tienen gran importancia biológica a las empresas mineras.
